Rodrigo Paz condenaba intento de Arce de controlar redes sociales y ahora busca hacerlo gastándose
$us. 100.000
En abril de 2024, el entonces senador de Comunidad Ciudadana,
@Rodrigo_PazP, denunciaba públicamente un supuesto intento del gobierno de
@LuchoXBolivia de controlar el
#internet en
#Bolivia mediante un decreto que —según afirmó— pondría el Punto de Intercambio de Tráfico (PIT) bajo tuición del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Obras Públicas.
En conferencia de prensa, Paz alertó que la medida obligaría a los proveedores de internet con conexión internacional a interconectarse a un PIT administrado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (
#Agetic), instancia dependiente del Ejecutivo. A su juicio, la norma abriría la puerta al control de redes sociales, medios de comunicación, universidades, instituciones públicas y privadas, e incluso a la comunicación de las familias bolivianas.
El ahora mandatario fue enfático en ese momento: aseguró que medidas similares solo habían sido aplicadas en países como
#Venezuela y
#Nicaragua, y pidió explicaciones urgentes al gobierno de Arce.
De la denuncia al monitoreo estatal
Sin embargo, dos años después, ya como presidente, Rodrigo Paz enfrenta cuestionamientos por una decisión que resulta contradictoria.
El Ministerio de la Presidencia lanzó una
#licitación pública para contratar un servicio integral de monitoreo de redes sociales y plataformas digitales, con un presupuesto referencial de Bs 696.000, equivalente a aproximadamente
$us 100.000.
De acuerdo con el Documento Base de Contratación (DBC), el servicio contempla:
Monitoreo en tiempo real de Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube y TikTok.
Seguimiento de medios digitales y tradicionales, blogs, foros y portales informativos.
Análisis de sentimiento, identificación de narrativas y actores digitales influyentes.
Implementación de un sistema de alerta de crisis ante picos de menciones negativas.
Uso de Inteligencia Artificial y Big Data adaptadas al contexto político-social boliviano.
El contrato tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 e incluye reuniones semanales con la Unidad de Comunicación Social e Información Gubernamental. Además, establece que toda la información recopilada será estrictamente confidencial.