El tema es: cuatro niños fueron desaparecidos después de que un grupo de militares, presumiblemente de la FAE, los detuviera en Guayaquil el 8 de diciembre.
Esos son los hechos.
Si hay, incluso, otros actores criminales involucrados —algo que la investigación de la Fiscalía deberá determinar, es inconcebible e indolente que cuatro niños desaparezcan tras un operativo militar y el ministro de Defensa, que representa al gobierno, decida que exigir respuestas es «hacerle juego al crimen organizado»?
Quien más ha movido y generado incidencia social en torno a la desaparición de Ismael, Josué, Saúl y Steven han sido sus familias, las organizaciones que las acompañan y la sociedad civil. Ellas son quienes merecen respuesta; no ayuda. Investigar es su trabajo.
Además, el gobierno insiste en polarizar aún más al país. Cuestionar y hacer visibles estas historias —que no son las únicas— no es irse en contra de las personas dentro de las filas militares, ni de quienes intentan hacer un trabajo honesto. Es visibilizar el costo humano de la militarización en el país, del abuso y el silencio sistémico: presuntas desapariciones forzadas, 15 denuncias abiertas por presuntas ejecuciones extrajudiciales y, al menos, 145 investigaciones por presuntas extralimitaciones.
Dijeron al país que Carlos Javier Vega Ipanaqué era "terrorista" y mintieron. Investigué el caso durante meses, tomando en cuenta todas las versiones, y no hay excusa: le mintieron al país y forzaron a su valiente familia a tener que explicar una y otra vez por qué su hijo, emprendedor y trabajador, no «merecía morir». Nadie merece.
¿Cómo estamos pensando la justicia en este país dolido?
Esta es la respuesta sistemática del Estado ecuatoriano. Y la respuesta colectiva es una lucha por la dignidad humana.
¿Cuánto costará entender esta herida?