EL INFIERNO QUE ENTRÓ POR LA PUERTA DE EMBARQUE
Ing. Jorge Sepúlveda Haugen
Hay imágenes que un país debería ser incapaz de producir. Esta es una: aviones charter aterrizando de madrugada en Santiago, cargados de niños haitianos, entregados a adultos que nadie verificó, bajo una figura legal pensada para unir familias y convertida en su exacto opuesto.
Hoy más de doscientos de esos menores no tienen paradero conocido. El Estado de Chile los dejó entrar y después los perdió. Esa frase, por sí sola, debería bastar para que alguien responda. Pero en Chile las frases que deberían bastar casi nunca bastan.
Conviene decirlo con madurez y sin coartadas: este infierno no nació de un solo gobierno, nació de una manera de gobernar. Tuvo un origen, una contención y una reapertura, y cada etapa tiene dueño.
El origen fue ideológico. Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el ingreso de haitianos pasó de menos de mil personas al año a más de 110.000 en 2017, bajo un relato que celebraba la migración como un signo de desarrollo y trataba cualquier control como una mezquindad. Se abrió la puerta por convicción, sin preguntarse quién pagaría la cuenta ni con qué capacidad. La palabra que define ese período no es maldad: es soberbia. La soberbia de creer que un país de ingreso medio podía comportarse como un Estado de bienestar ilimitado, invitando al mundo con el bolsillo de su propia gente.
La contención llegó con Sebastián Piñera. En 2018, la exigencia de visa consular hizo caer el ingreso de 113.548 a 35.773 en un solo año. La reunificación familiar nació entonces como un instrumento acotado, con candados: residencia definitiva, pasaporte, verificación en origen. Fue diseñada para ordenar, no para abrir.
Y la reapertura, la que nos trajo hasta aquí, ocurrió bajo Gabriel Boric. En su último año de gestión volvieron a despegar los charters nocturnos desde Haití, las residencias a haitianos llegaron a su máximo histórico en 2024, y los candados de la reunificación familiar simplemente se soltaron. Aquí está lo que ningún relato de campaña puede tapar: el sistema fue advertido.
La Defensoría de la Niñez ofició desde enero de 2023. El propio director de Migraciones del gobierno pidió por escrito a la Aeronáutica Civil que no autorizara esos vuelos, y no le hicieron caso. La policía reconoció que no tenía protocolos para controlar lo que pasaba frente a sus narices. La alarma sonó durante dos años, y la máquina siguió andando.
Ese es el corazón del asunto, y vale detenerse en él: cuando un sistema es advertido una y otra vez y elige no actuar, la inacción deja de llamarse descuido. No frenar lo que se sabe peligroso es, en algún punto, decidir no frenarlo. El lenguaje de los responsables lo delata. Todos «oficiaron». Todos «derivaron». Todos «pusieron en conocimiento». Nadie ejecutó. El verbo que reemplazó al deber de actuar fue el verbo de cubrirse: oficiar para tener las manos limpias mientras el daño se consumaba con la documentación perfectamente en regla.
Una burocracia que convierte el aviso en coartada no es inocente: es cómplice por diseño.
Detrás de cada patrón hay una pregunta sin responder, y todas apuntan al mismo lugar. ¿Quién pagó los charters? ¿Quiénes eran esos adultos que aparecían, vuelo tras vuelo, a cargo de decenas de niños sin vínculo con ellos? ¿Por qué la Aeronáutica no frenó cuando se le pidió frenar?
La Fiscalía ya investiga cohecho, soborno, falsificación y trata de personas. No son palabras lanzadas al aire: son las únicas que explican cómo un país con todos los controles formales dejó pasar lo que pasó. Donde hay opacidad financiada, hay dinero. Y donde hay dinero moviendo voluntades públicas, hay corrupción.
Por eso la consecuencia es ineludible: la Fiscalía tendrá que crecer. No por revancha, sino por aritmética. La herencia de causas —convenios, fundaciones, redes migratorias y estos niños— supera lo que la dotación actual puede