Rechacemos el anti liberalismo:
En Costa Rica, los costos del antiliberalismo son visibles y medibles.
Cuando el Estado promulga leyes que no protegen derechos sino que los violan —cuando legisla para favorecer a grupos de interés, para perpetuar monopolios burocráticos o para castigar la iniciativa productiva— la desobediencia civil no es un acto de rebeldía irreflexiva sino una consecuencia lógica del propio contrato liberal. Locke lo formuló con claridad: la autoridad política es legítima solo en tanto proteja la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Cuando traiciona ese mandato, el ciudadano no tiene obligación moral de acatarla. Thoreau lo vivió. Gandhi lo demostró. Y los costarricenses lo hemos visto en cada generación que se ha negado a doblegarse ante un decreto arbitrario. La legalidad, para el liberal, es un medio, no un fin.
Tenemos un sistema eléctrico estatal que prohíbe la competencia mientras las tarifas suben año tras año. Tenemos universidades públicas financiadas por impuestos obligatorios que forman profesionales para un mercado laboral que no existe. Tenemos una Caja que monopoliza la salud y acumula listas de espera que se miden en años, no en semanas. Tenemos un sistema educativo que condena a los jóvenes a la mediocridad institucionalizada. Tenemos cientos de instituciones burocráticas que viven para sí mismas y le hacen la vida imposible a los empresarios y ciudadanos.
Cada uno de estos ejemplos no es un accidente administrativo: es el resultado previsible de sustituir la libertad de elección por la obligatoriedad burocrática. El liberal costarricense no propone destruir instituciones; propone abrirlas a la competencia, devolverle al ciudadano la capacidad de elegir y, con ella, la responsabilidad de las consecuencias.
El hombre puede muy poco por sí solo. Únicamente cooperando, al lado de otros, es y puede mucho. Por ello, son necesarias las reglas de convivencia, asentadas en el principio de que la libertad de un ser humano termina donde comienza la libertad de los demás. Pero, por ningún motivo, esta necesidad de auto organización debe nublar el hecho de que la individualidad —en todo hombre— es mucho más importante que la nacionalidad o una ilusoria sociedad y, esto, ha de ser tomado en cuenta a la hora de promulgar leyes, reglamentos y ordenanzas públicas.
El liberal no opera desde la utopía sino desde el método. Ludwig von Mises llamó praxeología a la ciencia de la acción humana: el estudio riguroso de cómo los individuos toman decisiones, asignan recursos escasos y generan orden espontáneo sin necesidad de un planificador central. Comprender este mecanismo no es un ejercicio académico; es la vacuna contra el voluntarismo político que promete prosperidad por decreto. Cuando un gobierno fija precios, monopoliza servicios o redistribuye riqueza por mandato, no desafía las leyes de la economía: simplemente las ignora, y las consecuencias las paga siempre el ciudadano común. El liberal sabe esto no por dogma, sino por análisis.