Sobre el tema de los desaparecidos en México hay una pregunta que casi no se hace:
¿Le han preguntado con la misma fuerza a los gobernadores y gobernadoras de los estados donde ocurren esas desapariciones?
¿Le han exigido respuestas a las fiscalías estatales?
¿Se les ha pedido rendición de cuentas a las autoridades locales que tienen la primera responsabilidad de investigar, buscar y proteger?
Claro que el gobierno federal tiene responsabilidad. Nadie puede negar eso. La seguridad del pueblo también le compete al Estado mexicano en su conjunto. Pero en primera instancia, muchos de estos casos ocurren en territorios gobernados por autoridades estatales, con fiscalías estatales, policías estatales y estructuras locales que también tienen obligaciones directas.
Lo que no me parece justo ni honesto es convertir una tragedia humana en herramienta política, señalando únicamente al gobierno federal mientras se guarda silencio frente a gobernadores, fiscalías y autoridades locales.
Si de verdad se quiere justicia para las familias, entonces el reclamo debe ser completo: al gobierno federal, sí; pero también a los estados, a sus fiscalías, a sus policías y a todos los niveles de autoridad que han fallado.
Porque politizar el dolor de las familias no ayuda a encontrar a nadie. Exigir responsabilidad a todos, sí.