La crisis climática, la contaminación y la degradación progresiva de los ecosistemas no son problemas aislados. Son consecuencia de las profundas desigualdades que afectan el acceso al agua, a un ambiente sano y a un futuro digno.
Por eso, este Gobierno actualizó la Política Nacional de Educación Ambiental después de más de dos décadas, incluyendo temas como la justicia ambiental, la acción climática y los derechos de la naturaleza.
Frente a quienes insisten en ampliar las fronteras extractivas y profundizar las deudas ecológicas y sociales en los territorios, esta política fortalece las herramientas para que las nuevas generaciones, las comunidades y las instituciones educativas defiendan la vida, el agua y el patrimonio ambiental de Colombia.