La terrible agresión sufrida por una señora de 80 años en el metro de Madrid a manos de un magrebí reincidente con problemas de salud mental es un clavo más en la tapa del ataúd de la convivencia. La cantidad de morralla humana enviada por el sátrapa Mohamed VI, con el beneplácito y la rendida sumisión de nuestro sátrapa de La Moncloa y su séquito de votantes apesebrados, ha desbordado todos los límites. La tensión social es máxima y el Estado español, infectado y podrido de socialismo, todavía trata de cubrir sus vergüenzas con discursos buenistas que no resisten el más leve roce con la realidad. Y menos aún los robos, agresiones, violaciones y asesinatos que se han convertido en el pan nuestro de cada día, sin que las autoridades, más ocupadas en tapar sus propias delincuencias, parezcan darse por aludidas.
Al contrario. Se diría que, más que ausencia de respuesta por parte del gobierno, lo que hay es complicidad y un cálculo electoral que, como en el episodio de la Dana de Valencia, está dispuesto al sacrificio humano para derivarlo en beneficio propio. El Estado español ha renunciado a ejercer un control eficaz sobre los flujos migratorios, a garantizar la seguridad en el espacio público y a dotar de recursos adecuados a las comunidades. Al final, los que pagan las consecuencias siempre son los mismos: los ciudadanos de a pie como esta pobre señora, empujada con ferocidad contra el tren y golpeada en el suelo por ese malnacido que no merece otra cosa que lo mismo que ha procurado.
Y lo peor es que este caso es el síntoma de un deterioro profundo de nuestra sociedad, de un país que normaliza la inseguridad, que relativiza las agresiones y que convierte en tabú cualquier análisis honesto de sus causas. La agresión a esta mujer simboliza la quiebra del sistema. O recuperamos la capacidad del Estado para proteger a los suyos, para aplicar la ley de forma rigurosa y afrontar de frente los problemas, o nos veremos condenados a una espiral creciente de tensión y fractura social. No podemos seguir ni un segundo más con un gobierno cuya garantía de continuidad se basa en cebar a nuestros enemigos con los despojos de nuestro derecho a vivir en paz.