Hay algo profundamente inquietante en imaginar que un expediente judicial federal pueda terminar consultándose por WhatsApp. Detrás de cada número de expediente hay personas reales: una madre peleando la custodia de sus hijos, alguien acusado penalmente, una víctima esperando justicia, una empresa enfrentando un litigio, una familia defendiendo su patrimonio. Por eso el SISE nunca fue pensado como una mercancía. Fue creado para resguardar y administrar la vida jurídica de miles de personas.
Si alguien dentro del Poder Judicial está usando credenciales institucionales para vender consultas, el problema no es tecnológico: es moral, institucional y constitucional. Porque en ese momento el expediente deja de estar protegido por la ley y empieza a depender del dinero, de los contactos o de quién puede pagar información privilegiada. Y entonces se rompe todo: la igualdad entre las partes, la confianza en los tribunales y la idea misma de justicia.
La justicia puede sobrevivir a errores. Lo que no puede sobrevivir es a la sospecha de que sus expedientes circulan en un mercado negro digital. Un Poder Judicial no se destruye solamente cuando presionan a sus jueces; también se destruye cuando alguien convierte una clave institucional en negocio privado. Y si eso está pasando, el país entero debería estar alarmado.
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