Que claridad la explicación de Sergio ante la irresponsable y carente de cualquier sustento argumentación de Ariel buscando ganar puntos en la politiquería.
Sus afirmaciones carecen de fundamento técnico y regulatorio.
La estructura tarifaria de la energía eléctrica en Colombia está definida por el Costo Unitario de Prestación del Servicio (CU), regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG):
Generación (G): ~30%
Transmisión (T): ~7%
Distribución (D): ~40%
Comercialización (C): ~13%
Pérdidas (PR): ~7%
Restricciones (R): ~3%
La CREG establece resoluciones específicas —como las Resoluciones CREG 119 de 2007, 015 de 2018 y 180, entre otras— que definen los costos reconocidos por componente, incluidos los asociados a la distribución (D) y a la comercialización (C).
Las empresas no fijan las tarifas de manera arbitraria, ya sean privadas o públicas. La CREG aprueba las fórmulas tarifarias, con una vigencia típica de cinco años, reconoce costos eficientes y establece criterios de remuneración regulada.
Melo y Espinosa (2005) encontraron diferencias significativas en la eficiencia técnica entre las empresas distribuidoras de energía en Colombia durante el período 1999-2003, con un potencial de mejora que evidencia la importancia de una gestión eficiente en contextos regulados.
Asimismo, Andrés et al., del Banco Mundial, analizaron 116 empresas distribuidoras privatizadas en diez países de América Latina y concluyeron que la privatización generó mejoras significativas en la productividad laboral, la eficiencia operativa y la calidad del servicio.
En la misma línea, estudios de ESMAP/Banco Mundial han documentado que la participación privada en la distribución eléctrica en América Latina y el Caribe ha contribuido a mejoras sustanciales en la productividad laboral, la reducción de las pérdidas y la modernización de las redes, en comparación con los modelos públicos tradicionales.
Un ejemplo claro es Codensa (actualmente Enel Colombia), que tras su privatización/capitalización en 1997 redujo significativamente sus pérdidas de energía, pasando de niveles cercanos al 24% a menos del 10% en los primeros años y alcanzando valores inferiores al 8% posteriormente, junto con una notable expansión del número de clientes y de la cobertura del servicio.
Por tanto, afirmar que la privatización de las empresas de distribución y comercialización de energía genera aumentos tarifarios drásticos ignora el mecanismo regulatorio vigente y los resultados de la literatura académica. Al contrario, las privatizaciones tienden a aumentar la eficiencia operativa, lo que puede traducirse en una reducción de las tarifas a mediano plazo.
Referencias:
Melo Becerra, L. A., & Espinosa, N. (2005). Ineficiencia en la distribución de energía eléctrica: Una aplicación de las funciones de distancia estocástica (Borradores de Economía No. 321). Banco de la República.
Andrés, L., Guasch, J. L., & Straub, S. (s.f.). The impact of privatization on the performance of the infrastructure sector: The case of electricity distribution in Latin American countries. The World Bank.
Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). (2005). Study on investment and private sector participation in power distribution in Latin America and the Caribbean region. The World Bank.