El debate argentino sobre la apertura económica suele mirar el proceso al revés. Cuando una economía cerrada se abre, cambia el vector de precios relativos. Los recursos empiezan a moverse hacia los sectores donde el país tiene ventajas comparativas, sean energía, agro, minería, servicios basados en conocimiento o cualquier otro. Eso no es una falla del proceso: es el proceso.
La transición, por supuesto, tiene costos visibles, mientras que no todos los beneficios son inmediatos. La firma protegida que se achica o cierra aparece en la tapa del diario. El empleo que se crea después, muchas veces en servicios, logística, construcción, comercio, tecnología o actividades complementarias, aparece más disperso, con demora y sin épica. Entonces se concluye, equivocadamente, que “este modelo no genera empleo”.
Pero la apertura no promete que todos los empleos viejos sobrevivan. Promete que la economía use mejor sus recursos. El problema argentino es que, ante cada reasignación dolorosa, aparece la tentación de abortar el proceso antes de que los nuevos sectores terminen de absorber trabajo, inversión y talento.
Así nunca se llega al nuevo equilibrio. Nos quedamos siempre a mitad de camino: con los costos de la transición y sin los beneficios de haberla completado.