ENJUAGUE DE CELULARES: ECHARON AL FUNCIONARIO, SALVARON AL JEFE, GURMENDEZ AL FILO.
La denuncia presentada por el convencional colorado Esequiel Ibarra sigue tomando dimensiones institucionales gravísimas.
Luego de las declaraciones realizadas por Andrés Ojeda en Canal 10 y Radio Sarandí, donde se presentó a Ibarra prácticamente como un falso denunciante, la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Alejandro Machado, deberá investigar nuevas aristas que surgen de los elementos incorporados a la causa.
Y al parecer, las denuncias de Ibarra no eran falsas. O, al menos, eso se desprende del audio grabado y protocolizado por escribano público, donde el propio Pablo Lanz, exvicepresidente de ANTEL, afirma con total seguridad que:
“Jurídica es todo política. Con los papeles de Jurídica les da descompostura, van al baño y se limpian”.
Una frase brutal. Y especialmente grave si se recuerda el tono con el que el secretario general colorado Andrés Ojeda pedía la cabeza de Danza acusando que no se respetaban los informes jurídicos.
Porque, según surge de ese
audio, en el gobierno anterior parecía moneda corriente limpiarse la descompostura con informes jurídicos.
Pero lo más grave no termina ahí.
De la protocolización presentada ante Fiscalía surgen varias líneas de investigación. Una de ellas refiere a un presunto mecanismo de “enjuague de equipos” en Rivera. Según surge de la conversación, la empresa estatal habría detectado maniobras irregulares vinculadas a celulares o equipos, pero terminó castigando al funcionario de menor rango, mientras que el jefe habría sido protegido o, al menos, favorecido al permitírsele jubilarse.
En otras palabras: echaron al funcionario chico y salvaron al jefe.
Eso abre una pregunta inevitable:
¿Alguien comunicó esa maniobra a la Justicia?
Porque si existían elementos para considerar que había una maniobra irregular dentro de una repartición pública, los funcionarios jerárquicos no podían simplemente resolver el asunto puertas adentro, mucho menos si la salida terminaba beneficiando al funcionario de mayor jerarquía.
Los funcionarios públicos tienen obligación de denunciar los delitos de los que tomen conocimiento en razón de su cargo. Así lo establece el artículo 40 del Decreto 30/003 y también el artículo 177 del Código Penal, que prevé consecuencias para los funcionarios que omitan o retarden la denuncia de delitos cometidos en su repartición o cuyos efectos la repartición experimente particularmente.
El artículo 177 del Código Penal establece:
“La misma pena se aplicará al funcionario policial que omitiera o retardare formular la denuncia de cualquier delito de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones, y a los demás funcionarios, en las mismas circunstancias, de los delitos que se cometieren en su repartición o cuyos efectos la repartición experimentara particularmente”.
Por tanto, si en este caso se resolvió internamente favoreciendo al funcionario de mayor jerarquía, permitiéndole jubilarse, mientras se expulsaba al funcionario de menor rango, y si además no se formuló denuncia penal por parte de las autoridades correspondientes, podría existir una nueva arista para que Fiscalía investigue.
Y ahí el relato político empieza a derrumbarse.
Porque el senador Andrés Ojeda salió públicamente a instalar la idea de que Ibarra era un falso denunciante. Pero el contenido del audio protocolizado, atribuido al propio exvicepresidente de ANTEL, Pablo Lanz, parece ir exactamente en sentido contrario.
La pregunta ya no es solamente qué denunció Ibarra.
La pregunta ahora es otra:
¿Qué sabían las jerarquías de ANTEL, qué hicieron con esa información, a quién protegieron y por qué no lo llevaron a la Justicia?