🧑🏫 Estimamos el coste de la nueva ley de ratios escolares 👇
En España, el número máximo de alumnos por aula es de 25 en Primaria y 30 en la ESO. Una nueva reforma en marcha contempla reducir la ratio máxima a 22 en Primaria y 25 en ESO e introducir un doble cómputo del alumnado con necesidades educativas especiales en aulas ordinarias.
Los centros con ratios por encima de los nuevos umbrales tendrán que abrir aulas y, con ello, contratar docentes y construir espacios. Todo ello implicará:
→ un “coste real”: a gastar de más como consecuencia de la reforma.
→ un “dividendo demográfico” - el ahorro que se produce al liberar parte de la plantilla por la caída del número de alumnos: España pierde población infantil y las proyecciones esperan que ese descenso se acelere, lo que permitirá acomodar las nuevas ratios a un sistema menos poblado de forma total o parcial.
→ un “coste presupuestario neto”, lo que la administración tendrá que añadir a sus gastos fiscales, es la diferencia entre el coste real y el dividendo demográfico.
@Lucas_Gortazar y
@jmontalbancas cuantifican los tres de manera rigurosa, y encuentran que:
→ En la próxima década 2027-2036 el coste presupuestario neto medio será de al menos 2.818 millones al año, con un acumulado de 28.184 millones.
→ En el año pico de la reforma (2031), cuando esté implementada en su totalidad en Primaria y ESO el coste real será de 6.549 millones de euros. El dividendo demográfico, de 1.380 millones. Por tanto, el coste presupuestario neto será de al menos 5.169 millones.
→ Andalucía, Cataluña y Madrid concentran el 63% del coste nacional.
→ La reforma destinará más recursos a centros con alumnado de mayor nivel socioeconómico: estos concentrarán el 31% del gasto de la administración, frente al 22% de los de menor nivel socioeconómico. Esto se debe a que las aulas que rebasan el nuevo tope están más concentradas en zonas urbanas con mayor demanda.
La evidencia académica más completa y reciente indica que reducir la ratio no tiene efectos significativos agregados sobre el aprendizaje, la tasa de repetición o el bienestar con la escuela y los compañeros. Sí muestra efectos medibles pero heterogéneos sobre el bienestar de familias y profesorado: reducir la ratio mejora la satisfacción del profesorado, pero el efecto es modesto. Expresada como subida salarial equivalente, esa ganancia de bienestar quedaría por debajo del incremento retributivo que el mismo presupuesto financiaría si se destinara directamente a los salarios (6% vs 21%).
En línea con estos resultados, el Policy Brief sugiere tres recomendaciones:
→ Acotar el despliegue universal de la medida únicamente a los centros de alta complejidad y riesgo educativo, donde la evidencia sugiere efectos algo mayores y las inversiones educativas tienen mayor impacto, con pilotaje y evaluación constante de sus efectos.
→ Redirigir parte del esfuerzo presupuestario hacia políticas con evidencia más robusta de impacto, como tutorías intensivas tipo PROA , complementos salariales a docentes por destino en centros de alta complejidad, y un MIR educativo.
→ Aprovechar la ventana demográfica de los próximos diez años no como margen presupuestario dedicado únicamente a la reducción universal de ratios, sino como palanca para invertir donde la evidencia indica que el retorno educativo es mayor, especialmente en alumnado de menor nivel socioeconómico.