El Gobierno modificó las reglas para la designación de jueces, fiscales y defensores con el objetivo de acelerar la cobertura de vacantes en la Justicia.
La reforma elimina algunas etapas administrativas previas a la nominación presidencial, acorta los plazos del proceso y dispone que la información sobre los postulantes se publique principalmente en el Boletín Oficial y en sitios web oficiales.
Se mantienen las declaraciones juradas patrimoniales y los controles fiscales de ARCA. Además, la participación ciudadana y el análisis político de los candidatos quedan concentrados en el Senado, que debe prestar acuerdo para las designaciones.
Según el Ejecutivo, los cambios buscan agilizar un sistema que considera excesivamente burocrático.
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