JORGE SALINAS SERÁ NUEVO JUGADOR DEL BARCELONA 🚨 El joven jugador cántabro ya habría elegido destino y marchará a la ciudad condal 🔥 Se desconocen las cifras del traspaso, pero se baraja la posibilidad de una cesión de Salinas en el Racing o incluso de Jofre Torrents 👀

Pagándole 40 kilos de prima un sueldo de 18. Se te ha olvidado mencionar ese pequeño detalle. 🤣

- Konaté rechazo otras ofertas para fichar por el REAL MADRID. - Dumfries rechazo al Liverpool para fichar por el Real Madrid. - Bernardo Silva y Marc Cucurella rechazaron al Atlético y Barcelona para fichar por el Real Madrid. Todos quieren JUGAR en el mejor club del mundo 🤍

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Hay 8,4 millones en facturas una a una no hace falta mentir demasiado

14 de junio de 2026. Todavía no ha habido ninguna sanción deportiva ni extradeportiva al FC Barcelona por pagar durante 20 años al vpte del CTA. Que no se olvide.

🔴 OPINIÓN SPORT 😮 Deco es el director deportivo de Florentino Pérez 🔎 "Todos los jugadores que gustan al brasileño para el Barça acaban gustando también al Real Madrid" ✍️ @ferrancorreas sport.es/es/noticias/opinion…

《■Aguirre desactivó la pieza clave: el juez descartó la corrupción deportiva en el caso Negreira en su propio auto■》 El juez Aguirre descartó expresamente la existencia de delito de corrupción deportiva, motivándolo de forma detallada en un auto en el que razona la reconducción de los hechos al cohecho funcionarial. El Auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona (DP 348/2023), bajo la instrucción del magistrado Aguirre, adolece de una contradicción estructural que compromete su coherencia interna y su racionalidad subsuntiva. Toda la fundamentación jurídica de la resolución se construye sobre una única premisa: que los directivos federativos y, en particular, el Vicepresidente del CTA, ostentan, a efectos penales, la condición de funcionario público, en tanto la RFEF actuaría como entidad jurídico-pública en el ejercicio de funciones delegadas. De esa premisa el instructor extrae, de forma expresa y excluyente, la consecuencia típica de que «NO estamos ante un delito de corrupción deportiva entre particulares del artículo 286 bis 4 sino ante un delito de cohecho de los artículos 419 al 427 del C.P.». Así, el propio Auto recoge literalmente lo siguiente: «■Por tanto, la propia Directiva Europea nos pone en el camino que este Magistrado estima correcto para la tipificación penal de los hechos: NO estamos ante un delito de corrupción deportiva entre particulares del artículo 286bis 4 sino ante un delito de cohecho de los artículos 419 al 427 del C.P.■». A partir de esta afirmación inequívoca, el órgano instructor se sitúa procesalmente en una encrucijada de coherencia interna: si, en una resolución firme dentro de la misma pieza, se ha descartado expresamente la existencia de delito de corrupción deportiva , por inidoneidad típica del art. 286 bis 4 CP respecto de directivos federativos considerados funcionarios, una eventual posterior “vuelta” a la calificación de corrupción deportiva, una vez descartado el cohecho, entraña un serio problema de congruencia y de seguridad jurídica. Ahora bien, el tipo de cohecho funcionarial (arts. 419 a 427 CP) y el de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo (art. 286 bis 4 CP) son recíprocamente excluyentes precisamente sobre el dato de la condición del sujeto: el primero presupone funcionario público; el segundo, su ausencia, al exigir que la relación se entable entre particulares. Son, por definición, alternativas incompatibles, no acumulables sobre un mismo factum y un mismo sujeto. La incoherencia es, pues, palmaria: el instructor afirma de modo categórico que la conducta NO es corrupción deportiva y, sin embargo, mantiene esa misma calificación en la parte dispositiva como imputación alternativa. Se produce así una antinomia entre fundamentación y fallo, una motivación orientada en exclusiva a sostener el cohecho que convive con un dispositivo que conserva el tipo lógicamente negado. Esta contradicción, lejos de ser inocua, evidencia un defecto de subsunción que la propia Audiencia Provincial de Barcelona apreció al revocar la resolución, erosionando la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y el derecho de defensa de los investigados. En resumen, resulta incoherente mantener la imputación por corrupción deportiva cuando el propio juez Aguirre la descarta y no consta un solo partido amañado ni un solo árbitro que haya percibido pago ilícito. Imagen obtenida de: negreiragate.com/documentos

🚨🚨 عـــــــــــاجل 🚨🚨 اليوفا ترد على تقرير ريال مدريد بشأن نيغريرا LaVanguardia : رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الشكوى التي تقدم بها فلورنتينو بيريز ضد برشلونة بخصوص قضية نيغريرا قائلًا : "لن نتدخل في قضية نيغريرا ما لم يصدر حكم نهائي من المحاكم الإسبانية. يعني اليوفا قالت للمومياء بيريز تعرف وين تحط الـ 500 ورقة بالكامل

Siento decepcionarte pero para la UEFA y la FIFA el solo pago del Barcelona a Negreira equivale a Corrupción / Cohecho, le dije a Miguel EnGañan que apostara y me dijo que apostó pero no me contesto con sus kilómetros Twits x.com/i/status/2065484713700…

《■Aguirre desactivó la pieza clave: el juez descartó la corrupción deportiva en el caso Negreira en su propio auto■》 El juez Aguirre descartó expresamente la existencia de delito de corrupción deportiva, motivándolo de forma detallada en un auto en el que razona la reconducción de los hechos al cohecho funcionarial. El Auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona (DP 348/2023), bajo la instrucción del magistrado Aguirre, adolece de una contradicción estructural que compromete su coherencia interna y su racionalidad subsuntiva. Toda la fundamentación jurídica de la resolución se construye sobre una única premisa: que los directivos federativos y, en particular, el Vicepresidente del CTA, ostentan, a efectos penales, la condición de funcionario público, en tanto la RFEF actuaría como entidad jurídico-pública en el ejercicio de funciones delegadas. De esa premisa el instructor extrae, de forma expresa y excluyente, la consecuencia típica de que «NO estamos ante un delito de corrupción deportiva entre particulares del artículo 286 bis 4 sino ante un delito de cohecho de los artículos 419 al 427 del C.P.». Así, el propio Auto recoge literalmente lo siguiente: «■Por tanto, la propia Directiva Europea nos pone en el camino que este Magistrado estima correcto para la tipificación penal de los hechos: NO estamos ante un delito de corrupción deportiva entre particulares del artículo 286bis 4 sino ante un delito de cohecho de los artículos 419 al 427 del C.P.■». A partir de esta afirmación inequívoca, el órgano instructor se sitúa procesalmente en una encrucijada de coherencia interna: si, en una resolución firme dentro de la misma pieza, se ha descartado expresamente la existencia de delito de corrupción deportiva , por inidoneidad típica del art. 286 bis 4 CP respecto de directivos federativos considerados funcionarios, una eventual posterior “vuelta” a la calificación de corrupción deportiva, una vez descartado el cohecho, entraña un serio problema de congruencia y de seguridad jurídica. Ahora bien, el tipo de cohecho funcionarial (arts. 419 a 427 CP) y el de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo (art. 286 bis 4 CP) son recíprocamente excluyentes precisamente sobre el dato de la condición del sujeto: el primero presupone funcionario público; el segundo, su ausencia, al exigir que la relación se entable entre particulares. Son, por definición, alternativas incompatibles, no acumulables sobre un mismo factum y un mismo sujeto. La incoherencia es, pues, palmaria: el instructor afirma de modo categórico que la conducta NO es corrupción deportiva y, sin embargo, mantiene esa misma calificación en la parte dispositiva como imputación alternativa. Se produce así una antinomia entre fundamentación y fallo, una motivación orientada en exclusiva a sostener el cohecho que convive con un dispositivo que conserva el tipo lógicamente negado. Esta contradicción, lejos de ser inocua, evidencia un defecto de subsunción que la propia Audiencia Provincial de Barcelona apreció al revocar la resolución, erosionando la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y el derecho de defensa de los investigados. En resumen, resulta incoherente mantener la imputación por corrupción deportiva cuando el propio juez Aguirre la descarta y no consta un solo partido amañado ni un solo árbitro que haya percibido pago ilícito. Imagen obtenida de: negreiragate.com/documentos