Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad. La conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común. Se alteraron las reglas desde el primer día: se incorporó a un juez que venía de otro tribunal, se trajo a un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó la posibilidad de apelar. Tampoco hubo imparcialidad: los jueces de la Corte debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada. Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes. youtube.com/watch?v=yHNrqVrC…