Comparto esta entrevista en
@SinEmbargoMX , con
@alvaro_delgado, del pasado 1o de mayo porque ayuda a ordenar una pregunta que Jalisco no puede seguir postergando:
¿Puede iniciar un nuevo proceso electoral con una autoridad electoral local cuya confianza pública está seriamente dañada?
El
@iepcjalisco Jalisco carga con antecedentes graves: un PREP fallido e intermitente en 2024; paquetes electorales trasladados en condiciones inadmisibles; señalamientos sobre ruptura de cadena de custodia; inconsistencias estadísticas entre elecciones federales y locales que no han sido explicadas con suficiencia; órganos distritales y municipales cuestionados y en los que se designó a funcionarios y familiares de funcionarios del partido en el poder; y una conducción institucional que dejó demasiadas dudas.
Pero el problema no está solo en lo que ocurrió en 2024.
Hoy, varias consejerías del IEPC Jalisco enfrentan un procedimiento de remoción que se sustancia ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. La resolución final deberá ser votada por el Consejo General del INE.
Hace unos meses, ese procedimiento ya había avanzado por hechos de enorme gravedad: presuntas violaciones al Servicio Profesional Electoral, violencia política en razón de género y acoso laboral. La Sala Superior ordenó reponer el procedimiento. Es decir: no desapareció el problema, no se borraron los hechos, no se restauró la confianza. El asunto sigue vivo y se está resolviendo ahora mismo.
A ello se suma un episodio que merece especial atención: el uso de denuncias por violencia política en razón de género contra personas críticas del proceso electoral.
La VPG es una figura jurídica indispensable para proteger a las mujeres en la vida pública. Precisamente por eso no puede ser utilizada como mecanismo de presión, castigo o silenciamiento frente a la crítica pública.
En Jalisco, varias personas que cuestionamos el desempeño del IEPC fuimos denunciadas por VPG. La Sala Superior nos exoneró. Pero el proceso ya había producido desgaste, costos, presión personal y un mensaje político preocupante para cualquiera que quisiera cuestionar al árbitro electoral.
Cuando una autoridad electoral responde a la crítica pública con denuncias que no prosperan, el problema deja de ser solo jurídico. Se vuelve democrático.
Porque una autoridad que usa el derecho para inhibir la crítica deja de comportarse como árbitro y empieza a comportarse como parte.
No se trata únicamente del PREP.
No se trata únicamente de la cadena de custodia.
No se trata únicamente de paquetes, cómputos o inconsistencias estadísticas.
Se trata de un patrón institucional: fallas graves hacia afuera, opacidad hacia adentro y uso faccioso de herramientas legales contra quienes incomodan.
También deben transparentarse hechos internos que extrañamente no han salido a la luz: denuncias laborales, acusaciones de acoso, tratos diferenciados y episodios relacionados con el uso de vehículos institucionales fuera de horario laboral que con la mezcla de alcohol por parte de altos funcionarios electorales que han terminado en "accidentes" bien documentados en la redes sociales. Si existen señalamientos sobre directivos del IEPC involucrados en accidentes en vehículos oficiales bajo circunstancias irregulares, la ciudadanía tiene derecho a saber si hubo investigación, procedimiento interno y responsabilidades (adelanto: no lo hubo). Cualquier ciudadano común habría tenido que responder ante la autoridad. ¿Por qué en el IEPC no?
Una autoridad electoral no puede exigir legalidad a partidos y ciudadanos mientras hacia adentro administra silencio, protección y discrecionalidad.
El problema ya no es solamente el IEPC Jalisco.
El problema también es el INE.
Si el INE designa consejerías locales, también debe asumir responsabilidad sobre su desempeño. No puede nombrar árbitros electorales, ignorar sus fallas, dejar que se deteriore la confianza pública y aparecer después de la crisis a decir que tomará nota.
Ir a una elección con consejerías en estas condiciones implica riesgos enormes:
Que cada decisión sea vista bajo sospecha.
Que cada error parezca intencional.
Que cada omisión se judicialice.
Que los partidos tengan que vigilar lo que la autoridad debería garantizar.
Que la ciudadanía llegue a la elección sin confianza en el árbitro.
Y que el resultado, cualquiera que sea, nazca contaminado por la duda.
La certeza electoral no se construye el día de la jornada. Se construye antes: con autoridades imparciales, procedimientos limpios, respeto al Servicio Profesional Electoral, cadena de custodia confiable, PREP funcional, rendición de cuentas y consecuencias para quienes fallan.
Jalisco no necesita otra elección administrada bajo sospecha.
Necesita un árbitro confiable antes de que empiece el proceso.
El Consejo General del INE tiene que mirar a Jalisco de frente.
No después.
Ahora.
Estamos a 6 meses del inicio del proceso electoral.
👇 Entrevista completa en
@SinEmbargoTV con
@alvaro_delgado del pasado 1o de mayo.
youtube.com/watch?v=r4NTcwLL…