España ha cruzado un umbral del que casi nadie habla. La presión fiscal sobre el trabajo y la empresa ya es de las más altas de la OCDE, mientras la productividad por hora trabajada lleva veinte años estancada. La cuenta no cuadra y el Estado lo sabe.
Un autónomo en Madrid que factura 60.000 euros al año entrega entre cotizaciones, IRPF e IVA cerca del 45 por ciento de lo que produce. Una sociedad pequeña paga impuesto de sociedades, después dividendos en IRPF, y si el dueño quiere vivir de su empresa, la renta efectiva supera con holgura el 50 por ciento. En paralelo el gasto público ronda el 47 por ciento del PIB y la deuda pública supera el 100 por ciento. España no es un país pobre. Es un país que se ha vuelto caro para producir y barato para depender.
La consecuencia es predecible. Los jóvenes con formación se van a Lisboa, Dublín, Miami, Dubái. Las empresas que pueden domicilian estructura fuera. Las que no pueden, no escalan. Y el Estado responde subiendo más impuestos al que se queda, porque el contribuyente cautivo es el único que no se mueve.
Lo que llaman justicia fiscal es en realidad selección adversa. Los que crean valor se marchan, los que cobran del presupuesto se quedan, y la base productiva se estrecha cada año. Ningún país sobrevive a esa pendiente sin reformarse. Italia lleva dos décadas en ella. España va detrás.
Bajar impuestos al trabajo, simplificar el régimen de autónomos y dejar de tratar al empresario como sospechoso no es ideología. Es supervivencia demográfica y fiscal. El resto es contabilidad creativa antes de la siguiente crisis.