La deuda social se intensificó en Venezuela durante 2025: Salario mínimo en menos de 0,45 dólares, período más largo sin aumento en casi 30 años. 62% de la población con graves restricciones de agua. 88% de hospitales sin medicinas, abandono estructural. #InformeProvea2025 ⬇️ provea.org/informe2025

🇻🇪 Organizaciones civiles llamamos a que el proceso de renovación parcial del Tribunal Supremo de Justicia en #Venezuela se desarrolle con reglas claras, información pública suficiente, criterios objetivos y participación ciudadana efectiva. 📄: dplf.org/organizaciones-exig…

El sistema educativo venezolano le está fallando a sus estudiantes. En una escala de 0 a 20, los estudiantes reprobaron en 2025 con 07,5 en matemáticas y 07,8 en comprensión lectora. En Venezuela, el presupuesto del sistema educativo está por debajo del mínimo recomendado por la UNESCO, 63% de estudiantes sin alimentación escolar y 37 universitarios detenidos u hostigados por razones políticas. En nuestro #InformeProvea2025 documentamos esto y más ➡️ provea.org/informe2025

Tras 6 años de trabajo comprometido con la defensa de los derechos humanos y las víctimas en Venezuela, Lissette González concluye su etapa en PROVEA para dedicarse a la escritura y nuevos proyectos personales. González estuvo al frente del Informe Anual de PROVEA en los últimos 4 años, además de diversas investigaciones en la organización. Le agradecemos su aporte y le deseamos el mayor éxito en su nuevo camino. @LissetteCGA ✍️

COMUNICADO | 📄 En la Sentencia del caso Rojas Riera y otra Vs. Venezuela, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a la República Bolivariana de Venezuela, por restringir la participación del señor Jorge Rojas Riera en una protesta pacífica, así como su libertad de pensamiento y expresión y su participación política, mediante la detención ilegal efectuada durante un operativo policial realizado por agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) el 19 de septiembre de 2003 en la Plaza Francia de Altamira de la ciudad de Caracas. La Corte, además, declaró que los agentes estatales perpetraron actos de tortura contra el señor Jorge Rojas Riera cuando se encontraba bajo la custodia del Estado, durante su detención y privación de libertad en el centro de detención “El Helicoide”, los cuales no fueron investigados. Por último, la Corte determinó la responsabilidad estatal por los sufrimientos padecidos por la madre de la víctima, Jackeline Riera Pietri, así como por las afectaciones al proyecto de vida sufridas por la víctima y su madre. Conoce los detalles en el comunicado oficial publicado en: bit.ly/4vdvDbC #CorteIDH

En 2025, la minería ilegal avanzó sobre parques nacionales, ríos y comunidades de Venezuela. Al menos 242 balsas mineras y 183 emplazamientos ilegales fueron denunciados en Bolívar y Amazonas, mientras el Parque Yacambú perdió 30% de su cobertura boscosa. En #InformeProvea2025 documentamos cómo la crisis ambiental en Venezuela no es un efecto secundario, sino el resultado de decisiones políticas que priorizan el extractivismo sobre los derechos de las comunidades. La crisis ambiental no está llegando, ya comenzó. Info ➡️ provea.org/informe2025

Provea exigió una resolución definitiva que restablezca plenamente los derechos de María Lourdes Afiuni y exhortó a que ningún juez sea perseguido por aplicar la ley bitlysdowssl-aws.com/2026/06…

🚨 Monitoreo @SOSOrinoco | Ante la ola de rumores sobre el sur de Bolívar, contrastamos la información verificada por nuestra red de aliados en el terreno frente a la desinformación que circula en redes. ¿Qué es lo CIERTO y qué es FALSO hoy? 👇 📌 LO CIERTO (I): Hay movimientos importantes de la FANB y Grupos Armados Organizados (GAO), pero las dinámicas son distintas según la zona: 🔹 El Callao: Se reportan inspecciones a plantas de procesamiento de la @CVMineria bajo estrictas medidas de seguridad para los funcionarios. El interés parece centrado en la infraestructura del oro. 📌 LO CIERTO (II): 🔹 Km 88 (Las Claritas): Fuerte actividad militar y enfrentamientos. Los reportes indican que busca desalojarse a las estructuras de los GAO que controlaban el estratégico complejo Las Brisas-Las Cristinas. 🔹 El Dorado: Estructuras carcelarias (pranes) iniciaron movimientos de "resguardo" previendo posibles acciones en su contra. ❌ LO FALSO / NO CONFIRMADO (I): 1️⃣ Presencia de tropas extranjeras: Circulan rumores irresponsables sobre la supuesta presencia de tropas estadounidenses en la región de Bolívar. No existe confirmación alguna de este hecho. Pedimos cautela con estas matrices. ❌ LO FALSO / NO CONFIRMADO (II): 2️⃣ Un operativo generalizado: No existe un despliegue masivo que abarque todas las áreas mineras del municipio Sifontes. Las acciones están focalizadas en puntos económicos y mineros específicos. ❌ LO FALSO / NO CONFIRMADO (III): 3️⃣ Gran despliegue de tropas terrestres: Al menos en el operativo del Km 88, los reportes no confirman la incursión de grandes contingentes por tierra; las acciones reportadas han estado vinculadas principalmente a apoyo aéreo y helicópteros. ⚠️ La falta de transparencia oficial genera un vacío informativo que fomenta el pánico y las Fake News. Desde SOSOrinoco insistimos en que el fondo del problema sigue siendo el mismo: un modelo de gobernanza criminal (Arco Minero) cuyo control territorial hoy se está reconfigurando por la fuerza. Alertamos sobre el impacto que estos enfrentamientos y reacomodos de poder tienen sobre las comunidades locales e indígenas de Bolívar. Exigimos el respeto a los DDHH y el cese de un modelo extractivista que destruye vidas y ecosistemas. #SOSOrinoco #ArcoMinero

El Ejército venezolano despliega un mega-operativo en Las Cristinas y el km 88 del Edo. Bolívar. Alertamos sobre el riesgo de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias contra la población civil en la zona. Fuentes confirmaron a PROVEA que la operación está siendo conducida por efectivos del Ejército venezolano en el km 88, territorio controlado por grupos armados ilegales que operan en el marco del Arco Minero del Orinoco. Operativos similares en zonas mineras y populares de Venezuela, como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) con participación de la FANB, incluidos los Operativos Trueno, dejaron cientos de abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y atropellos contra población civil ajena al conflicto. Exigimos a @Defensoria_Vzla su intervención para supervisar el operativo y garantizar el respeto a los estándares de derechos humanos de la población presente en la zona. Solicitamos a la administración de @delcyrodriguezv que informe con transparencia sobre el alcance de la operación, el número de personas detenidas, su situación legal y la condición de los civiles en el área. Recordamos que el Estado venezolano abandonó sus obligaciones de proveer seguridad y calidad de vida a los pobladores de esta región del país, ahora, ese abandono no puede ser sustituido mediante la actuación pendular basada en el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza pública. El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar los derechos de todas las personas que viven en las zonas afectadas por el Arco Minero del Orinoco, como su seguridad, vida, integridad y debido proceso. Foto: @Fritz_A_Sanchez

Señor Jorge Arreaza @jaarreaza La jueza María Lourdes Afiuni no liberó arbitrariamente a nadie. Aplicó la ley vigente y cumplió una decisión que correspondía adoptar ante una detención preventiva que se había prolongado por casi tres años sin juicio ni condena, en abierta violación del debido proceso y del derecho constitucional a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Si el ciudadano Eligio Cedeño era tan culpable como usted afirma, la pregunta no es por qué se le otorgó una medida cautelar, sino por qué el Estado venezolano fue incapaz de juzgarlo y condenarlo dentro de los lapsos legales. La responsabilidad de esa situación recae sobre quienes permitieron el retardo procesal, no sobre la jueza que aplicó la ley. Tampoco existe una sola prueba de que la jueza Afiuni recibiera dinero o beneficio alguno a cambio de su decisión. Incluso el propio Ministerio Público reconoció durante el proceso la inexistencia de tales elementos. Sin embargo, fue encarcelada, sometida a años de persecución y convertida en un escarmiento para todo el Poder Judicial. Dieciséis años después, una mujer condenada a cinco años sigue padeciendo las consecuencias de un proceso que se transformó en una vendetta política, pretendiendo que pague una pena no de 5 años sino de más de 15 años y quien sabe cuánto tiempo más. El caso Afiuni ya no es únicamente el caso de una jueza; es el símbolo más evidente de lo que ocurre cuando el poder político pretende sustituir a la ley. Si realmente hablan de reconciliación, justicia y renovación institucional, comiencen por reparar una de las mayores injusticias cometidas contra la independencia judicial en Venezuela: el caso de María Lourdes Afiuni Mora Le dejo lectura interesante para el conocimiento de los hechos reales, no de hechos manipulados políticamente, afirmación de la Fiscal del Ministerio Público en la audiencia preliminar de caso Afiuni:

Provea exigió restitución de derechos para María Lourdes Afiuni tras más de 16 años de “limbo jurídico” buff.ly/j3q7PFU

Un minuto de silencio por Nelson Freitez. Durante la presentación del #InformeProvea2025 en Barquisimeto, la Vicaría de DDHH rindió homenaje a quien fue miembro de la Asamblea de PROVEA, profesor de la UCLA y destacado defensor de derechos en Lara y Venezuela. Paz a sus restos.

Desde Barquisimeto, estado Lara, presentamos el #InformeProvea2025. Con las palabras del Padre Raúl Herrera, sj y @oscarfmurillo, Coordinador General de Provea. Un análisis de lo que pasó en 2025 y los retos del 2026 en derechos humanos en Venezuela.

Hoy martes #9Jun desde las 8:30 AM presentaremos el #InformeProvea2025 en Barquisimeto, estado Lara. Con las palabras del Padre Raúl Herrera, sj y @oscarfmurillo, Coordinador General de Provea. Les esperamos en la Vicaría de Derechos Humanos, Plaza Lara.

La Federación Venezolana de Maestros, el Observatorio de Libertad Sindical y PROVEA capacitamos a educadores delegados del Sinvema Sucre en herramientas laborales para la defensa de sus derechos.