No hay ninguna excusa, ninguna premisa moral aceptable, que ponga por delante los intereses económicos a la vida de una persona que se ha pasado la vida trabajando y que no tiene dónde caerse muerta
No importa si existe un problema de vivienda ni cuál sea su causa. Como sociedad, y da igual la ideología, no se puede permitir que se desahucie a una persona mayor para que otro gane dinero aprovechando la crisis
Si no podemos ni siquiera consensuar que hay escenarios en los que es injustificable poner los intereses económicos por encima de la vida de las personas, es imposible que tengamos una sociedad funcional
Lo que relata Suja debería ser imposible y, sin embargo, cada año se ejecutan 27.000 desahucios, dejando a miles de personas en la calle. Casi 2,5 millones de personas desahuciadas desde 2008. Insisto, da igual lo que se piense sobre si hay que regular más o menos; no puede haber víctimas colaterales por gente que quiere ganar más dinero aunque eso implique acabar con décadas de vida de una persona y su familia
Hoy han desahuciado a mi madre.
Hoy he visto cómo la comisión judicial entraba en la casa donde crecí.
La casa a la que mi madre se mudó cuando se casó.
La casa donde aprendí a caminar.
Donde celebramos cumpleaños.
Donde discutimos y nos reconciliamos.
La casa donde mi padre pasó sus últimos días de vida.
Hoy un cerrajero ha cambiado la cerradura de esa puerta.
La misma que abrí miles de veces sin imaginar que algún día ya no sería nuestra.
Hay algo profundamente frío en cómo el sistema convierte una vida entera en un trámite.
Siempre hablamos de los desahucios como cifras.
Miles al año. Decenas cada día.
Pero cuando te toca, deja de ser estadística.
Tiene recuerdos en los cajones.
Tiene marcas en la pared donde medías tu altura.
Mi madre es viuda. Jubilada.
No tiene un certificado oficial de “exclusión social”.
No aparece en ningún titular.
No cumple quizá todos los requisitos burocráticos para que el sistema la considere vulnerable.
Y, sin embargo, lo es.
Está en ese limbo donde no eres lo suficientemente pobre para que te protejan,
pero sí lo suficientemente frágil como para quedarte sin nada.
Si a mí no me hubiera ido bien, hoy estaría sin un techo.
Con la pensión embargada.
Con todo embargado.
Después de una vida entera trabajando.
¿Cómo puede ser que en un país que presume de bienestar la vivienda no sea protegida como un derecho fundamental real y efectivo?
No hablo de regalar casas.
Hablo de impedir que una persona mayor, viuda y jubilada pueda quedarse literalmente en la calle.
Hablo de entender que el hogar no es un activo financiero más.
Es el lugar donde una vida ocurre.
Yo he podido comprarle otro piso.
He podido amortiguar el golpe.
Pero eso no convierte el sistema en justo.
Solo convierte mi historia en una excepción afortunada.
Porque la diferencia entre estar protegido y estar en la calle no debería depender de si tu hijo ha tenido éxito.
Debería depender de si somos una sociedad que entiende que hay mínimos que no se negocian.
Hoy no solo han cambiado una cerradura.
Han confirmado que el derecho a la vivienda sigue siendo papel mojado cuando deja de cuadrar en una hoja de cálculo.
Y mientras eso siga siendo así, seguiremos llamando “normal” a algo que, si lo miramos de frente, es profundamente inhumano.