Señoras y Señores, este es un primer escrito sobre el proyecto de constituyente propuesto por el “ comité de firmas”.
A esto es a lo que el Pobrecismo y su heredero Iván Cepeda, quieren llevar al país.
Esto no es una constituyente. Es una sustitución del orden constitucional.
Por Carolina Restrepo Cañavera
El proyecto que pretende convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia no es una reforma ni un ejercicio de actualización democrática. Es una estrategia estructurada para sustituir el orden constitucional vigente con pretextos técnicos, lenguaje académico instrumentalizado y una narrativa participativa que encubre una intención clara de concentración de poder.
La exposición de motivos parte de una premisa falsa: que el Congreso está en “bloqueo institucional” y que, por tanto, debe activarse el poder constituyente primario de forma directa. Esa tesis desconoce la arquitectura de la Constitución de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reiterado que ninguna reforma puede sustituir elementos esenciales de la Carta, y mucho menos puede hacerse por fuera del procedimiento legal. La Constitución no permite activaciones espontáneas. Toda Asamblea requiere ley, límites temáticos y control previo de constitucionalidad. Sin eso, lo que se abre no es participación, sino abuso.
El texto va más allá de cualquier corrección del modelo vigente. Propone su reemplazo. Sostiene que el problema no es la ineficiencia del gobierno, sino las reglas mismas del sistema: la democracia representativa, la separación de poderes, el Congreso, la Corte Constitucional, la autonomía del Banco de la República. Lo que plantea es desmantelar la institucionalidad, bajo la fachada de una participación sin controles.
Se habla de paz, de inclusión, de justicia social y ecológica. Pero lo que verdaderamente propone es instaurar un modelo de poder concentrado, validado plebiscitariamente, sin contrapesos. No solo redibuja la Constitución: redibuja la noción misma de república. Incluso se plantea dar voz y beneficios jurídicos a grupos armados y estructuras criminales como actores del proceso constituyente. No es ingenuidad. Es ruptura.
El alcance de los cambios es total: se reestructura el sistema judicial, se crean nuevos órganos constitucionales, se modifican funciones del Banco de la República, se interviene el sistema financiero, se otorga poder político al llamado “constituyente permanente”, y se redefine el modelo territorial. Nada queda por fuera. El texto no busca hacer cumplir la Constitución. Busca reemplazarla.
Y lo hace invocando el lenguaje técnico para disimular el verdadero propósito: suplantar las reglas del juego con una legitimidad fabricada desde la movilización y la narrativa. Presenta la deliberación como estorbo, la representación como traición, los contrapesos como bloqueo. Es exactamente el libreto que tantas veces ha precedido al desmonte institucional en América Latina.
Cuando un gobierno dice que la Constitución es el problema, hay que mirar con lupa lo que quiere poner en su lugar. Porque no es solo el Congreso el que se debilita. Es todo el sistema de límites al poder. Y sin límites, no hay república que aguante.
Este proyecto no es accidental. Está escrito con conocimiento del terreno constitucional. Y por eso es más peligroso. Porque no grita. Avanza. Porque no propone. Sustituye. Porque no reforma. Borra.
Colombia no necesita una nueva Constitución. Necesita que no la desintegren. Que no la usen como papel reciclable para imponer lo que no han podido lograr con argumentos ni con votos. Porque si permitimos que se derribe la Constitución con aplausos, mañana no quedará Congreso, ni Corte, ni justicia, ni país.
Y cuando queramos reaccionar, ya será tarde.
Esto no es una mejora.
Es un reemplazo.
Disfrazado de democracia.
Pero es un reemplazo.