Por la salud de la democracia española, y porque el periodismo no es una profesión colegiada, debe conocerse públicamente quiénes son esos "61 periodistas habituales" de Leire Díez. Conviene saber dónde trabajan, si han sido colocados en medios públicos, cuánto han percibido de tertulias, asesorías o contratos públicos, qué papel desempeñaron y si participaron, consciente o inconscientemente, en campañas dirigidas a desacreditar a jueces, guardias civiles, fiscales o periodistas. La transparencia debe exigirse a quienes convirtieron el periodismo en una cloaca.