El modus operandi de quienes saquean los recursos públicos suele ser el mismo: fragmentar las actuaciones del Estado, crear empresas de distinta naturaleza jurídica y construir entramados societarios para ocultar el verdadero destino del dinero.
El caso Coosalud es un macrocaso que nace de la denuncia del presidente
@petrogustavo y que, posteriormente, profundizamos desde la Supersolidaria con la intervención de la Cooperativa. Además, denunciamos ante la Fiscalía General de la Nación donde develamos cómo, presuntamente, se habría utilizado la cooperativa y otras empresas para ocultar pasivos de la EPS y desviar recursos públicos de la salud.
Como lo he dicho, esto no es un hecho aislado: es un entramado que habría construido una arquitectura empresarial para dar apariencia de legalidad a movimientos financieros que terminaron en manos privadas. Por eso he denunciado al señor Jaime González como presunto autor de esta operación.
Todo lo que hasta ahora se ha logrado desenredar es apenas la punta del iceberg. Lo mencionado por el director de la UIAF sobre esta red y el presunto desvío de recursos hacia el exterior complementa una verdad que Colombia debe conocer: cómo unos pocos se habrían robado la salud de millones de colombianos.
Este Gobierno ha articulado, como nunca antes, a las instituciones para desenmarañar el desfalco de la salud, seguir la ruta del dinero y enfrentar las estructuras que se enriquecieron mientras el pueblo sufría las consecuencias de un sistema capturado por intereses privados.
El director de la UIAF, Wilmar Mejía, anunció que instaurará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra 168 actores que han generado una estructura para desfalcar los recursos de la salud.
El director explicó que pudieron ser desviados mediante triangulación financiera hacia fiducias de inversión.