🚨 DENUNCIAN PRESUNTA EXTORSIÓN JUDICIAL CONTRA ADULTO MAYOR EN ACARIGUA
Acarigua, estado Portuguesa. — Un caso de presunta corrupción y abuso de poder dentro del sistema de justicia venezolano ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y ciudadanos, luego de que se hicieran públicas denuncias sobre la supuesta extorsión sufrida por un adulto mayor en la ciudad de Acarigua.
De acuerdo con las denuncias difundidas por medios de comunicación y personas vinculadas al caso, Carmelo Romano, de 71 años de edad y diagnosticado con una enfermedad terminal, habría sido víctima de una presunta trama de extorsión en la que se le exigieron importantes sumas de dinero durante un proceso judicial. Los denunciantes sostienen además que el ciudadano habría sido objeto de amenazas para evitar que hiciera pública su situación.
El caso ha despertado especial sensibilidad debido a la condición de salud y edad de la presunta víctima. Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos han advertido en numerosas oportunidades sobre la necesidad de garantizar protección especial a las personas mayores, especialmente cuando enfrentan procesos judiciales o situaciones de vulnerabilidad.
Las acusaciones apuntan a presuntas irregularidades dentro de instancias del sistema de justicia, lo que ha reavivado el debate sobre la independencia judicial, la transparencia institucional y el acceso a una tutela judicial efectiva en Venezuela. Diversos sectores consideran que casos como este reflejan problemas estructurales que afectan la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Expertos en derechos humanos recuerdan que los adultos mayores gozan de protección especial bajo normas nacionales e internacionales, las cuales establecen que deben recibir un trato digno, protección frente a abusos y garantías para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Cualquier actuación que implique intimidación, extorsión o aprovechamiento de su condición de vulnerabilidad constituiría una grave violación de esos principios.
Hasta el momento, las autoridades competentes no han ofrecido una respuesta pública detallada sobre las denuncias difundidas. Familiares, ciudadanos y organizaciones civiles han solicitado que los hechos sean investigados de manera independiente, transparente y conforme a la ley, con el fin de determinar responsabilidades y garantizar justicia para la presunta víctima.
El caso continúa generando atención dentro y fuera de Venezuela, en medio de cuestionamientos sobre la situación de los derechos humanos y la protección de las personas de la tercera edad en el país.
Noticia en desarrollo.
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