Cada día aparecen más datos relacionados a las irregularidades cometidas en la Corte Suprema de Justicia en los últimos años. Los nuevos hallazgos de la comisión de investigación se resumen en 5 puntos concretos.
El primero es el caso de María ISABEL MANGUE ASANGONO, con nombramiento como Presidenta de la Audiencia Provincial de Litoral. María Isabel pidió una excedencia voluntaria el día 10 de febrero de este año para trabajar en la petrolera
#TridentEnergy (Bata); se la conceden y se acuerda designar como sustituto a Miguel Ángel OWONO NSI, con su salario de magistrado en la audiencia provincial. Pero la situación es que, en todo el tiempo que María Isabel Mangue ha estado trabajando en el sector privado, seguía cobrando su salario íntegro como Presidenta.
El segundo es casi igual al primero. Pero con un matiz diferenciador. El Director de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia, Pablo Obama MITOGO AKELE, lleva 11 meses trabajando igualmente en Trident Energy tras la solicitud de una excedencia voluntaria; entonces se acuerda sustituirle con Baltazar NZO como interino. Pero, como Baltazar no es funcionario ni forma parte del Poder Judicial ni del Consejo Superior, no tenía salario. Lo que hacía Pablo Obama es, cada vez que cobraba su asignación salarial de 1.088.000 FCFA, sacaba 400 mil para Baltazar NZO y se quedaba el resto.
En la misma situación está Juan Bautista Ebale EDU ADA, Magistrado Presidente de la Audiencia Provincial de Wele Nzas; quien huye del país tras un desvío importante de dinero con el que tenía que liquidar a los ex empleados de
#SOFMAL.
Antes de ostentar su actual responsabilidad, Juan Bautista era el abogado defensor de dicha empresa maderera, cuando los responsables huyen del país, se le delega vender los activos y pagar liquidaciones. Pero lo que hizo, es subastar todo y largarse del país con el dinero.
También se investiga a la pareja Juana Estrella ONDO NGAM AYINGONO e Hilario Alfonso ELA ASUMU; Secretaria del Juzgado de Vigilancia Penitenciaría de Malabo y Director General de Gabinete del Presidente de la Corte Suprema de Justicia respectivamente. Ambos viven en España desde hace alrededor de un año, pero con salarios en la Administración de justicia de Guinea Ecuatorial.
Igualmente, la comisión de investigación ha descubierto que personas fallecidas siguen apareciendo en la nómina de la Corte Suprema de Justicia cobrando como funcionarios vivos que ejercen en la administración de nuestro país.