El apresamiento de un motoconchista en la zona fronteriza de Pedernales, en las inmediaciones del paso hacia Anse-à-Pitre, Haití, volvió a exponer el desorden con que opera parte del transporte informal en la República Dominicana. Según la denuncia difundida en redes, el hombre fue detenido porque supuestamente no estaba regularizado para conchar en esa parada, un punto donde ya se han registrado tensiones entre motoristas dominicanos y haitianos por el control de pasajeros. El caso genera molestia porque presenta a un trabajador humilde tratado como delincuente, mientras el verdadero problema parece estar en la falta de fiscalización constante, reglas claras y organización institucional.
La ley que habría violado no sería necesariamente una norma penal, sino la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que exige autorización para operar transporte público de pasajeros. En el caso de los motoconchos, la regulación corresponde al INTRANT junto a los ayuntamientos, incluyendo licencias de operación, permisos de parada y documentación del conductor y del motor. La crítica de fondo es que el Estado suele llegar tarde y con fuerza contra el eslabón más débil, pero permite durante años que las paradas funcionen sin control, que extranjeros y dominicanos trabajen en condiciones informales y que luego el desorden se resuelva con operativos aparatosos en vez de prevención, registro y orientación.
Video: Ysidro Lorenzo