Avraham Adler

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VenezuelaLate2025

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@VLate2025

𝐄𝐥 𝐩𝐚í𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐚𝐜𝐢ó 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨 Óscar Murillo en Venezuela Late: una nación no se reconstruye solo con petróleo, contratos y orden. Se reconstruye devolviéndole al ciudadano la Constitución, la justicia y la palabra. Por Elizabeth Sánchez Vegas | Venezuela Late Hay frases que cierran una entrevista y otras que abren un país. Venezuela Late empezó la noche como empiezan las cosas importantes: leyendo en voz alta su biografía. Cuando terminó la lectura, Óscar Murillo confesó estar conmovido. Dijo que ese recorrido resumía bien lo que le ha tocado hacer “a partir de unas convicciones” sembradas en un hogar donde todavía orienta a la familia su abuela, Antonia Hernández, “mamita” de 103 años. Basta con eso para entender al hombre que habló durante casi dos horas. El upatense que no se presenta sin su tierra a cuestas. El periodista, el profesor y el defensor, las tres voces hablando a la vez. La conversación avanzó así: de la Constitución al oro, de la geopolítica al pupitre, del petróleo al niño que cruza un río para poder estudiar. * * * La advertencia más inquietante de la noche fue la posibilidad de que Venezuela desemboque en lo que Murillo llamó una tecnocracia autoritaria. El concepto merece atención. Un país puede aumentar su producción petrolera, atraer inversiones, ordenar algunas cuentas y exhibir cifras menos catastróficas sin haber recuperado el Estado de derecho. Puede conseguir que el petróleo vuelva a fluir mientras la República sigue conectada a un respirador. “El 3 de enero se abre una situación de facto”, resumió. Y la pregunta que todos cargan ya no es solo qué cambió, sino cuánto puede prolongarse lo indeterminado. ¿Cuándo termina lo fáctico? Por eso insistió en volver a la Constitución. No como quien desempolva una reliquia jurídica, sino como quien recupera el último idioma común que aún podemos hablar. En una sociedad fragmentada por años de miedo, propaganda, pobreza y destierro, la Constitución es algo más profundo que un conjunto de artículos: es el pacto que vuelve a convertirnos en ciudadanos y no en súbditos. El informe número 37 de Provea, recordó, llega tras casi cuatro décadas de documentación ininterrumpida. Su recorrido deja una secuencia estremecedora: una década oscura para los derechos humanos, el balance de los diez años de Maduro, el apagón democrático de 2024 y, después, el eclipse constitucional. No es una metáfora editorial. Es el registro progresivo de la desaparición de la República. Y, sin embargo, en medio de ese apagón, en 2024 la gente votó. Para Murillo, ese fue el hecho mayor del año, por encima del cierre represivo: más de 2.000 detenidos, desapariciones forzadas, tratos crueles, y aun así una sociedad que se expresó. Allí, dice, empieza una ruptura definitiva con un modelo negador de los derechos humanos. * * * Carlota llevó la conversación hasta la Corte Penal Internacional y Murillo fue severo. No desde el desprecio a la justicia internacional, sino desde la frustración de quien ha visto a miles de víctimas entregar testimonios, documentos y años de dolor sin que esa valentía se traduzca en consecuencias. Su señalamiento fue demoledor: la Corte le falló a Venezuela. La investigación ha recibido cerca de ocho mil testimonios. Miles de personas vencieron el miedo y confiaron su dolor a una institución internacional. Y en medio de la represión de 2024 y 2025, la Fiscalía no promovió ni un solo caso. La “complementariedad positiva” del entonces fiscal fue, dijo, una pérdida de tiempo: una oficina en Caracas que nunca se desarrolló. Faltó timing, apuntó en términos beisbolísticos. Faltó audacia. No afirmó que un solo expediente habría desmantelado el aparato represivo. Dijo algo más preciso: tal vez habría introducido una consecuencia donde solo había impunidad. La justicia que llega tarde no deja de ser justicia, pero a veces deja de proteger. Y detrás de cada expediente que duerme hay una familia que no duerme. Una persona apresada por una fotografía en el teléfono, por haber cuidado una mesa electoral o por atreverse a escribir una opinión. Murillo recordó que, tras el 28 de julio, fueron detenidas más de dos mil personas. Entre ellas, jóvenes de sectores populares de Petare: nietos e hijos de quienes alguna vez llevaron al chavismo al poder. El modelo dejó de perder solamente votos. Perdió herederos. Y esa ruptura, observó, comenzó entre las mujeres, las madres, las jefas de hogar. Allí encontró María Corina Machado uno de los motores humanos más poderosos de la movilización de 2024. * * * Cuando le preguntaron por qué no liberaban plenamente a Perkins Rocha, no se refugió en tecnicismos. Su respuesta fue sencilla porque la arbitrariedad también lo es: es un castigo político. La instrumentalización de los tribunales convierte al adversario en enemigo, la opinión en amenaza y la disidencia en delito. No se persigue a una sola persona: se envía una advertencia a todos los que comparten su causa. La persecución empezó en el entorno más cercano a Machado y a Edmundo González, pero se expandió hasta lo inverosímil: economistas detenidos por interpretar los números de la hiperinflación, un abogado de Provea preso nueve meses, periodistas encarcelados. Es el “enemigo interno” hecho política de Estado. Murillo dijo que el país necesita a Perkins de vuelta en las aulas, en los foros jurídicos, en la discusión pública. Durante años, Venezuela no solo encarceló cuerpos: intentó encarcelar conocimientos y voces necesarias para reconstruirse. Mientras alguien siga sometido por sus ideas, la transición tendrá una deuda moral que ninguna cifra petrolera podrá saldar. * * * Y entonces habló Bolívar. Aquí se juntaron el periodista que recorrió el territorio, el hijo de Upata que conoce sus pueblos y el defensor que aprendió a mirar desde las víctimas. Su explicación fue mucho más grave que la historia de unas bandas que ocuparon espacios vacíos. Lo del sur no fue solo ausencia del Estado: hubo permisividad, complicidad, corrupción y una destrucción deliberada de las instituciones que alguna vez organizaron la vida productiva. Sobre las ruinas de la CVG y de Minerven, empresa que el pueblo del Callao y de Tumeremo sentía suya, llegaron los grupos armados. Los antiguos sindicatos urbanos migraron hacia un negocio mucho más rentable: el oro. El Arco Minero del Orinoco, creado en 2016, nunca llegó a ser el gran proyecto formal que se anunció; funcionó como una fachada propagandística detrás de la cual se expandieron la extracción opaca, el control armado, la depredación ambiental, el desplazamiento indígena y formas contemporáneas de esclavitud. El oro no financió solo fortunas y redes de corrupción. También sirvió como instrumento de lavado para el narcotráfico y el contrabando. En esos territorios confluyeron sindicatos criminales, cuerpos estatales, disidencias de las FARC y, especialmente, el ELN. Y, como siempre, la población quedó en medio. Murillo llegó a una formulación que duele: allí se causó un “daño antropológico”. No se saqueó solo el subsuelo; se agredió una cultura, una relación con la tierra, una forma de vida. Lo nombró con una expresión reveladora: gobernanza híbrida. Territorios donde es imposible saber quién manda. Hay uniformes, alcabalas y oficinas oficiales, pero el combustible viaja a las minas controladas por grupos armados mientras la población hace colas de horas y días frente a una estación de servicio. La legalidad, dijo desde su experiencia, apenas llega hasta Upata. De allí hacia El Callao, Tumeremo, Las Claritas, la Gran Sabana y la frontera con Brasil, el Estado se retiró hasta volverse una presencia ambigua: visible para cobrar, reprimir o permitir negocios; ausente para proteger. Por eso, sostuvo, la soberanía no empezó a perderse cuando apareció un actor extranjero. Ya se había perdido cuando el Estado dejó de defender a sus habitantes y permitió que las armas, el oro y el miedo reemplazaran a la ley. La operación reciente contra el líder señalado del Tren de Aragua, abatido en su propia tierra, se inscribe en ese cuadro. Bolívar no es una periferia de la tragedia venezolana. Es su radiografía. * * * Devorah introdujo un razonamiento del profesor Antonio De La Cruz:la soberanía ya no se entendería solo como la capacidad de impedir la entrada de actores extranjeros, sino como la capacidad real del Estado de controlar su territorio e impedir que el crimen organizado lo sustituya. Murillo reconoció que ese planteamiento tiene fundamento. También sostuvo que, jurídicamente, lo del 3 de enero fue una transgresión del derecho internacional. Pero añadió la mitad incómoda: durante años, la diplomacia y la arquitectura internacional de derechos humanos fueron incapaces de detener el deterioro venezolano. No se puede mirar una mitad y ocultar la otra. Por eso pidió un análisis interdisciplinario. Ni los derechos humanos, ni el periodismo, ni el derecho, ni la economía, ni la geopolítica alcanzan por sí solos a explicar el conjunto. Y Corina Yoris llevó la reflexión más lejos al recordar que no deben confundirse la soberanía nacional y la soberanía popular. ¿De qué sirve invocar la soberanía territorial si se desconoce la del ciudadano? La soberanía popular pudo abrir un camino distinto el 28 de julio: de haberse respetado, dijo Murillo, Venezuela habría podido iniciar una transición pacífica y construir un Estado capaz de recuperar su propio territorio. Quizá no se habría llegado al 3 de enero. La soberanía no consiste solo en defender fronteras. También significa respetar a la gente que vive dentro de ellas. Desde su propia restricción, Perkins Rocha envió una de las preguntas más profundas de la noche: si lo ocurrido no debía examinarse también desde la responsabilidad de proteger, el principio según el cual la soberanía está atada al deber de un Estado de cuidar a su población y no puede usarse como escudo cuando ese mismo Estado la abandona. Murillo coincidió en incorporar esa dimensión, pero advirtió que el propósito final no puede ser reemplazar indefinidamente un tutelaje por otro. La intervención tuvo una ironía dolorosa: un hombre sometido a restricciones políticas preguntaba por la obligación del Estado de proteger. Era la teoría jurídica pronunciada desde la experiencia de la indefensión. * * * La geopolítica entró con fuerza. Murillo contó que en una jornada de planificación de Provea, en febrero de 2025, presentó a sus compañeros un análisis de la industria petrolera. Algunos se preguntaron qué tenía que ver con una organización de derechos humanos. Tenía que ver con todo. Al petróleo liviano, el de extracción sencilla, podrían quedarle unos veinte años de relevancia. Después, el mundo tendrá que mirar hacia las reservas más complejas, y allí aparece Venezuela: petróleo, gas y minerales estratégicos. Las potencias no planifican para la próxima elección, sino para horizontes de cuarenta o cincuenta años, y un país con esas reservas no es prescindible para nadie que aspire a conservar poder global. “Nadie puede prescindir de Venezuela en este momento”, afirmó. Allí entra la decisión de Estados Unidos. El profesor Koji preguntó justamente por esa reafirmación del poder estadounidense en América Latina, migración, narcotráfico, energía, rutas comerciales, contención de China, Rusia e Irán y por si asistimos a una actualización de la Doctrina Monroe. Murillo reconoció que Estados Unidos está reduciendo la distancia que dejó crecer durante años, y que muchas de estas decisiones no terminarán con un solo gobierno en Washington: son parte de un reajuste global. Pero comprender los intereses ajenos no obliga a subordinarles los propios. La solución no puede reducirse a acuerdos petroleros entre la Casa Blanca y un gobierno provisional. Esos acuerdos pueden ser importantes, pero son insuficientes para atender la crisis estructural de derechos humanos y la ausencia de legitimidad. No es la primera vez, evocó a Rómulo Betancourt, a Rómulo Gallegos, al ensayo democrático de 1958, que Venezuela teje alianzas de envergadura sin renunciar a su vocación cívica. La soberanía verdadera, dijo, se recuperará cuando un gobierno legítimo pueda relacionarse con las potencias desde la autoridad que le da su pueblo, no desde la fragilidad de quien depende de la tolerancia extranjera. Y lanzó una frase que vale como diagnóstico regional: Colombia no alcanzará su paz si Venezuela no pone orden en su frontera y si el ejército sigue cobijando al ELN. Para explicar la diferencia entre una política de Estado y la apetencia de quien gobierna, recurrió a una imagen de Guayana. Venezuela construyó durante décadas un extraordinario sistema hidroeléctrico en el bajo Caroní: Guri, Macagua, Caruachi no fueron ocurrencias, sino una visión que atravesó gobiernos. Ese hilo se rompió con Tocoma, una obra que debió funcionar hace más de una década y en la que se perdieron más de 400 millones de dólares sin que nadie responda. No es solo corrupción: es la interrupción de una visión nacional, que llega a los hogares en forma de apagones, turbinas deterioradas y poblaciones viviendo al límite. Un país no se destruye de una sola vez. Se destruye cada vez que una obra pública se vuelve negocio privado y nadie responde por el dinero perdido. * * * Carlota introdujo otro dato estremecedor: casi nueve de cada diez venezolanos dicen que no se puede confiar en el prójimo. Tras tantos años de represión, vigilancia y empobrecimiento, la cifra no sorprende, pero debe alarmarnos. El autoritarismo no se conforma con controlar instituciones: busca entrar en el espacio más íntimo de una sociedad, la confianza. Convierte al vecino en sospechoso y la conversación espontánea en un riesgo. Murillo reconoció esas heridas, pero se negó a aceptar que hayan destruido nuestra capacidad de encontrarnos. Su optimismo no se apoyó en una frase bonita, sino en lo que los venezolanos han hecho durante años: resolver sin Estado, cuidar sin instituciones, construir redes de solidaridad para sobrevivir. El 28 de julio fue, en su lectura, una extraordinaria expresión de confianza ciudadana: personas que no se conocían protegieron votos y cumplieron funciones que no necesitaban meses de reuniones para ser comprendidas. La desconfianza está registrada en los estudios. La solidaridad está registrada en los hechos. Ambas son verdaderas. Y debajo de las cicatrices permanece una reserva cívica que el autoritarismo no consiguió extinguir. * * * Corina Yoris llevó la conversación desde la soberanía hasta una preocupación más silenciosa: muchos jóvenes ya no leen, y esa carencia se refleja no solo en los exámenes, sino en la incapacidad de comprender un mensaje breve en redes. No lo dijo desde el desprecio, sino desde la tristeza. Porque detrás del joven que no comprende lo que lee no hay necesariamente desinterés: puede haber hambre, escuelas cerradas, maestros ausentes, años enteros de escolaridad simulada. Murillo respondió con cifras del informe de Provea que convierten la preocupación en alarma. El rendimiento estudiantil se ubicó en 7,5 en matemáticas y 7,8 en comprensión lectora. Y en al menos cinco estados del país, el ausentismo escolar rozó el 70 por ciento durante 2025: en la práctica, muchos niños apenas lograron asistir dos días por semana. Dos días para aprender a leer, razonar, preguntar, descubrir y convivir. Entre los grandes conceptos, Constitución, soberanía, geopolítica, justicia, apareció entonces la imagen que resume todo el desastre. Murillo habló de unas 400 familias de Puerto Ayacucho que deben llevar a sus hijos en lancha hasta Colombia para que reciban clases cinco días a la semana. Cada mañana, esos niños cruzan una frontera para encontrar lo que su propio país no consigue ofrecerles: continuidad, maestros, una jornada escolar. Un país no se arruina solo cuando pierde reservas o industrias. También se arruina cuando un niño debe cruzar un río para encontrar un salón de clases. Cuando un joven abandona la universidad, la de Oriente, la del Zulia, las facultades de los Andes, los centros de los Llanos, entre deterioro y control político, porque su familia necesita que salga a buscar cualquier ingreso. Ese muchacho entra a un mercado informal sin protección, y el país pierde al profesional, al investigador, al maestro que habría podido ser. Allí se entiende por qué los derechos políticos y los sociales no pueden separarse. Cuando se impide el cambio democrático, también se condena al deterioro la escuela, el hospital, el salario, el ambiente. La represión no termina en una celda: se extiende hasta el pupitre vacío. * * * Hacia el final, dos miembros de la comunidad vinculados a Bolívar preguntaron si Provea conocía denuncias recientes de secuestros del ELN en territorio venezolano. Murillo respondió con la cautela que exige una organización de derechos humanos: no tenían confirmación de esos casos concretos. Pero recordó que la presencia del ELN no es nueva ni circunstancial. Durante años se consolidaron vínculos con altos mandos políticos y militares y estructuras territoriales en Apure, Táchira, Amazonas y otras zonas fronterizas. La pregunta que queda abierta después del 3 de enero es qué ocurrirá con aquellos pactos que le permitieron actuar “como Pedro por su casa”. Murillo mencionó informaciones de repliegues hacia Colombia y Brasil; la nueva situación habría enviado un mensaje directo a esos grupos. Provea, aseguró, está dispuesta a recibir las denuncias y examinarlas. Ese pequeño momento también definió el sentido de la conversación: había personas escuchando desde los territorios, buscando un lugar seguro donde depositar lo que saben. * * * Venezuela no debe aspirar a ser únicamente una mina mejor administrada o un pozo más eficiente. Debe volver a ser una República. Una República en la que Perkins regrese a las aulas. En la que las víctimas encuentren tribunales y no verdugos con toga. En la que ningún niño deba cruzar un río para estudiar y asistir cinco días a la escuela, deje de ser una extravagancia. En la que el oro del sur financie desarrollo y no ejércitos criminales. En la que el ciudadano deje de agradecer derechos que siempre le pertenecieron. Al final, Óscar Murillo regresó al punto de partida: este pueblo tiene un destino. No somos una nación forajida. Nacimos en 1811 con una Constitución y un libro debajo del brazo, fuimos pioneros del constitucionalismo en América del Sur y faro de democracia para el mundo. Tal vez sea eso lo que el autoritarismo nunca consiguió destruir del todo: la memoria de que alguna vez fuimos ciudadanos y la certeza de que podemos volver a serlo. El pueblo venezolano, dijo, está resuelto a vivir en dignidad y en democracia. No en una o en la otra. En las dos. @VLate2025 @oscarfmurillo @_Provea @elhabito @devorahsasha @LeCoffeeCat

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After rabbis’ threat, IDF says men and women won’t serve in same tanks