La Asamblea Nacional francesa acaba de votar a favor de la nacionalización de ArcelorMittal. No es aún ley. Pero el mensaje político es enorme.
Hablamos de uno de los mayores grupos siderúrgicos del mundo, que ha recibido apoyo público millonario —850 millones para la descarbonización— mientras anunciaba que iba a eliminar 636 empleos en Francia y dejaba en el aire el futuro de miles de trabajadores.
El acero no es una mercancía cualquiera. Es empleo, transición ecológica, capacidad industrial y soberanía.
Si el dinero público sostiene sectores estratégicos, la democracia también debe poder decidir sobre ellos. Tomemos ejemplo.