43.000 gracias a quienes día a día seguís lo que publicamos y ayudáis a que la verdadera memoria histórica, tantas veces silenciada, al fin se conozca. No habrá represión ni censura que logre silenciar la realidad!

Un grupo de 25 amigos celebraba la noche del sábado, día 14 de junio de 1975, una despedida en un bar de Munguia. La despedida era de un sobrino del Jefe Local del Movimiento de Plencia (Vizcaya). Después de haber cerrado, hacia las dos de la madrugada, pensaban tomar una copa en la Sala de Fiestas Zigor de Munguia. Pero esta sala se encontraba cerrada. Sin embargo, dentro de la sala se notaba que había gente. Entonces llamaron insistentemente a la puerta. Fue tal la insistencia con que llamaron, que tuvo que salir a la puerta de la Sala el dueño de la misma, Agustín Gamboa. Este les dijo que ya era tarde y que no podía dejarles entrar. Estando así, hablando con Agustín Gamboa, aparecieron dos guardias civiles de paisano que se acercaron al grupo en actitud observadora. (Hay que tener en cuenta que estos dos guardias civiles pertenecen al Servicio de Información de la Guardia Civil de Munguia y son muy conocidos por el pueblo). Entonces, Martín García, uno de los que formaban parte del grupo que celebraba la despedida, dijo a los guardias civiles: “Aquí no pasa nada”. La respuesta de la Guardia Civil fue un culatazo en la cabeza de Martín García, cayendo al suelo herido, con el cráneo abierto. Es en ese momento cuando intervino Alfredo San Sebastián, sorprendido o indignado por lo que acababan de hacer con uno de sus compañeros, diciendo a los guardias civiles: “…pero qué es lo que pasa aquí?… No hay derecho a esto”. Acto seguido uno de los guardias civiles le disparó, y cayó desplomado al suelo. (Algunos señalan que se oyeron tres disparos). La bala entró por detrás de su cuerpo, atravesándolo, rompiendo la medalla y separándola de la cadena y esa misma bala dio finalmente en un coche. Cerca de una hora permaneció moribundo en el suelo. La Guardia Civil impidió todo tipo de auxilio. El mismo dueño de la Sala de Fiestas, Agustín Gamboa, se ofreció a llevarlo al hospital […] pero la Guardia Civil respondió: “A quien se acerque lo matamos” y los jóvenes veían cómo respiraba sin que pudieran echarle una mano. En esta situación se le dejó morir […]. A las cuatro y media de la madrugada un jeep de la Guardia Civil cogió su cadáver y lo trasladó al cementerio.»

El 14 de junio de 1884 serán asesinados en Jerez de la Frontera por la “justicia española”, ejecutados mediante garrote vil, 7 jornaleros andaluces, acusados de pertenecer a la supuesta organización anarquista secreta La Mano Negra. Según las fuentes históricas, La Mano Negra se habría formado como una respuesta a las difíciles condiciones de vida de los trabajadores agrícolas en Andalucía. En ese momento, la región sufría una profunda crisis económica y social, lo que generaba un ambiente propicio para el surgimiento de movimientos radicales. La Mano Negra se habría organizado en pequeñas células clandestinas, cuyos miembros se comunicaban a través de un sistema de señales y códigos secretos. Su objetivo principal era luchar por los derechos de los trabajadores y enfrentarse a los terratenientes y las autoridades locales.

Bebés Robados en España. 60 años de impunidad y codicia. El robo de bebés comenzó en España en la Guerra Civil con los hijos de las mujeres republicanas en las cárceles franquistas y se mantuvo hasta bien entrada la democracia. Para ello se mentía a las madres y se falsificaba la documentación firmada por médicos y matronas que nunca existieron. Aunque se le atribuyó a esta trama un sesgo político lo que movió realmente el tráfico de bebés fue el dinero al amparo permanente de la iglesia católica. Los partos eran siempre con anestesia que eliminaba no solo los dolores sino la consciencia durante los alumbramientos. Se despertaban con el pecho vendado y eran aisladas en dormitorios individuales en la planta privada hasta que se recuperaban. Si la madre pedía ver al niño le decían que había muerto por asfixia, paro cardiaco, o llevado a la incubadora y que no podía ver su cuerpo, horas después desaparecía. Al padre biológico a veces le enseñaban un bebé medio congelado. No había entierros o se simulaban féretros vacíos. Tumbas vacías a las que las familias han estado décadas poniendo flores. Guerra y posguerra. 1936 – 1952. Etapa represiva. En el 36 las autoridades franquistas trataban de castigar a las republicanas encarceladas matando a sus hijos o dejándoles que murieran de hambre. Más adelante, arrebataban a los niños con 3 años de edad de sus madres biológicas y se lo entregan a familias de reconocida catolicidad. Una Ley de 1941 permitía a las familias inscribirlos como hijos naturales y eliminaban todo rastro anterior. Franquismo. 1952 – 1976. Se llevaba a cabo en maternidades, hospitales, clínicas, hospicios y orfanatos con madres desarraigadas, analfabetas, empobrecidas, solteras, viudas o con parto de mellizos. En 1968 se pagó por una niña el valor de un piso en el centro de Madrid. Era más caro un bebé robado que uno adoptado legalmente y más las niñas que los niños pues muchos de los compradores eran mayores de 50 años sin descendencia y así se aseguraban una chacha que les cuidara de mayores. Democracia. 1976 – 1996. El rapto de recién nacidos continuó en maternidades públicas y privadas. El boom de niños robados se mantuvo hasta 1983. En los ’90 todavía se daba algún caso aislado y ha afectado a personas de cualquier clase y condición. El crimen ideológico se había convertido en un negocio de 300.000 bebés robados con la Iglesia como principal inductora y con la inacción del Gobierno. Dos personas clave de la trama entre los años ’50 y ’80: La monja María Gómez Valbuena, la primera persona imputada de la trama,. En su primera comparecencia en 2013 salió sin declarar y unos días más tarde, para impedir la segunda cita, se simuló su muerte con 87 años con un certificado de defunción falsificado y un entierro realizado en secreto. Y el ginecólogo Eduardo Vela, que hizo una fortuna de 159 millones de ptas. vendiendo bebés, fue la única persona juzgada en España por la trama y murió en 2019 a los 86 años, poco antes de poder ser condenado por ello. En 2012 Ascensión López sospechaba que era una niña robada y contó a la prensa cómo la monja Dolores Baena arregló su venta, pero olvidó decir “presuntamente”, por lo que rápidamente fue denunciada por la monja y hoy está condenada por un delito de calumnia a indemnizar con 40.000 euros a la monja que la vendió. Como Ascensión no puede pagar será la primera persona encarcelada por el caso del robo de bebés en nuestro país. La víctima condenada, incomprensible. En 1987 el gobierno PSOE derogó la ley de 1941 y aprobó la ley de Adopción, secularizó los hospitales y reconoció el derecho a saber la identidad de los padres biológicos. En 1995 tipificó los delitos de fingimiento de parto y falsedad documental. A partir de los ’90 casi desapareció el tráfico de bebés. En 2011, de los 2.000 y pico casos investigados desde entonces, solo la cuarta parte han sido judicializados y a día de hoy se desconoce cuántas denuncias siguen investigándose (Santi Ochoa para Kaosenlared)

«No lo han olvidado, abuela» La emotiva nota que le escribió a la hermana de Miguel Hernández su nieta. "A Elvira Hernández Gilabert, mi abuela. Querida abuela: Hace más de 25 años que te fuiste y hoy se cumplen 80 de la última vez que viste a tu hermano Miguel con vida, pero no he olvidado las anécdotas que me contaste una y otra vez desde que era una niña hasta que la maldita enfermedad se llevó tus recuerdos; aunque, incluso cuando habías perdido la capacidad de expresarte, abrías los ojos y algo se removía dentro de ti si veías una foto de tu hermano. Cómo te reías cuando me contabas las regañinas que le echabas cada vez que «se le iba el santo al cielo» en sus excursiones a la sierra de Orihuela para leer o escribir y tenías que justificarlo con cualquier excusa, o cuando clavaste las contraventanas para que no las abriera en las horas de calor. También se reía él cuando leías sus poemas y le hacías que te explicara lo que se escondía en cada juego retórico, no descansabas hasta que lo entendías todo. Y cuando lo reprendías por sus expresiones subidas de tono. Siempre sonreías cuando hablabas de vuestra niñez y juventud, se te iluminaban los ojos reviviéndolo y dibujabas la imagen de un muchacho alegre, espontáneo, cariñoso y vital, con una enorme empatía con el sufrimiento ajeno. Fuisteis compañeros de juegos y siempre cómplices, amigos. Te hablaba de sus lecturas, de su pasión creadora –fuiste la primera lectora de muchos de sus poemas-, de su deseo vehemente de ir a Madrid, pero también de sus vivencias, de sus amigos, de las mujeres a las que amó… Con esa atención al detalle que tenías que reprimir entre risas pudorosas: «Miguel, no me cuentes esas cosas». Con esa sonrisa tuya de medio lado, me contabas que tu madre y tú ordeñabais las cabras por segunda vez para sacar unas perricas que le enviabais a Miguel para que sobreviviera en Madrid. Te casaste y te fuiste a Madrid con tu marido y tu hija (mi madre); el tío Miguel volvió a Madrid en esa misma época y, aunque vivía en una pensión, iba casi a diario a tu casa a comer y a que le lavaras la ropa. Cuando leíste la elegía que le escribió a su amigo Manolo, que había muerto ahogado, le pediste que no la publicara porque causaría más dolor y te la regaló para que hicieras con ella lo que quisieras. Tú la guardaste en tu carpeta de los tesoros, la que contenía todos los recortes de prensa en los que se hablaba de él; esa carpeta que fue creciendo durante el resto de tu vida con cada carta suya, cada foto, cada publicación, cada referencia a tu hermano por mínima que fuera. ¿Por qué tuvo que volver a Orihuela cuando acabó la guerra? ¿Por qué no escuchó a vuestro padre cuando le dijo «vete, Miguel, que ahora viene el exterminio»? Porque quería abrazar a su familia y se sabía inocente. Y lo encarcelaron en el Seminario, en esa sierra en la que le gustaba perderse para escribir, para leer, para empaparse de naturaleza. Sus cartas desde la cárcel trataban de transmitir esperanza, incluso se permitía alguna broma; os ocultó que lo habían condenado a muerte hasta que le conmutaron la pena por cadena perpetua. Esas cartas que llegaban censuradas o escondidas en el borde de las lecheras, escritas en papel higiénico. Y tú escribías o visitabas a cualquiera que pudiera interceder para su excarcelación. Ya vivías en Alicante cuando lo trasladaron al Reformatorio de Adultos, la que sería su última cárcel. Caminabas hasta allí cada vez que se permitía una «comunicación» y le llevabas los alimentos que enviaban tus padres desde Orihuela y los que podías conseguir a través del estraperlo; esas lecheras que tanto costaba llenar y que los carceleros dejaban caer. El día de las Mercedes los niños podían visitar a los presos y entraban su hijo y los tres tuyos. Mi madre, con siete años, era la mayor y le hacías memorizar los mensajes que querías transmitirle. Cuando salían, la interpelabas para que repitiera cada palabra de tu hermano. Me hablabas de aquel día que fuiste a verlo con Josefina: no tenía fuerzas para caminar y se apoyaba en dos compañeros. Cuando os vio, se irguió, hinchó el pecho y sonrió: – Miguel, qué bien te veo, ¿estás mejor? – Han venido a ofrecerme dinero y la libertad si me retracto de todo lo que he escrito y pongo mi pluma al servicio del régimen. – ¡Habrás dicho que sí! – He dicho que no. «Ese era mi hermano», concluías. Su salud empeoraba. Recorrías Alicante de punta a punta sin descanso buscando una recomendación que traspasara el bloqueo para que lo visitara un médico, hasta que lo conseguiste. Lo ayudó a respirar mejor aunque, sin los medios suficientes, no podía hacer más. Lo ideal era trasladarlo al sanatorio para tuberculosos de Porta Coeli, donde, fuera de la insalubridad de la prisión, se recuperaría. Pero mientras tu hermano no accediera a volver al seno de la iglesia, era imposible. Se te rompía el corazón cuando entrabas a visitarlo a la enfermería y lo encontrabas ahogándose entre suciedad. Lo lavabas, lo vestías con ropa limpia y le extraías el líquido de los pulmones como te había enseñado el médico. Consciente de que se acercaba el final, accedió a casarse por la iglesia, postrado en la cama, para proteger a su familia (los matrimonios civiles habían quedado invalidados). Pocos días después se aprobó el traslado a Porta Coeli, pero ya era tarde. La noche del 27 de marzo fuiste a visitarlo con Josefina, se te quebraba la voz cuando me contabas que lo aseaste y lo ayudaste a respirar por última vez. Murió esa madrugada. Y llegaron los años del silencio, del miedo a pronunciar su nombre, de la hipocresía, de los libros de Losada llegados misteriosamente desde Argentina, de las conversaciones a media voz. Te indignaba la injusticia, el odio y las mentiras, siempre las mentiras. Me hablabas del tío Miguel entre murmullos y me pedías que bajara la voz cuando te pedía detalles: «No cuentes nada», «no te signifiques». Pues ahora lo estoy contando, abuela, mi memoria es tu memoria. Ya en democracia, ibas a todos los actos y accedías a casi cualquier entrevista. Te quedabas exhausta, pero era tu «deber» homenajear y propagar el nombre y la obra de tu hermano. Esa fue la labor de toda tu vida. Te habría encantado saber que 2017 fue el «Año de Miguel Hernández», a ti que te preocupaba tanto que lo hicieran desaparecer. Que de vez en cuando doy una charla sobre ese legado de recuerdos que me regalaste. Que publiqué la elegía a Manolo, como tú querías. Que la cama de tu hermano (que te acompañó a todos los lugares donde viviste) está ahora en su cuarto, en la casa de la calle de Arriba, que ahora se llama de Miguel Hernández, y que es su casa-museo. No lo han olvidado, abuela, hasta la estación de tren lleva su nombre, y un aeropuerto, y una universidad, y colegios, y centros culturales. Descansa en paz, abuela, la poesía de tu hermano resuena en todo el mundo; su nombre está marcado a fuego; y yo seguiré compartiendo este legado que me transmitiste hasta dejarlo grabado en mi memoria. Miguel Hernández es, indiscutiblemente, un gran poeta; pero para mí siempre será el tío Miguel."

La hipocresía de la "democracia" española. En Madrid se encuentra el Arco de la Victoria, construido por el fascismo para conmemorar la entrada de las tropas fascistas a Madrid el 28 de marzo de 1939. El cambio de calles impulsado por la alcaldesa "progresista" Manuela Carmena hizo que la avenida donde se encuentra se llame Avenida de la Memoria. ¿Se imaginan un monumento fascista, en cualquier otra parte del mundo, en una calle que se llame "Avenida del Antifascismo"? Ésto ocurre en España, donde el fascismo se fue a la cama y se levantó demócrata. (Texto original de España en guerra)

No hay Memoria Histórica sin ruptura con el fascismo. Mucho se habla sobre la memoria histórica democrática, la exhumación de fosas y sobre la verdad, la justicia y la reparación que merecen las víctimas de la dictadura franquista. Incluso se legisla sobre esta materia con más ruido que nueces. Este verano se ha promulgado el Real Decreto Ley 10/2018 con el fin de exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos y convertir este espacio en un lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda. En su preámbulo esta norma alaba la ley 52/2007 promulgada en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero a la que otorga el título de ser una “muestra de la valentía y la fortaleza de nuestras instituciones democráticas para hacer frente a nuestro pasado”. Se trata de un humor muy negro hablar de la fortaleza y la valentía de unas instituciones que hasta 32 años después de la muerte del dictador no han sido capaces de iniciar un tímido camino de reivindicación de las víctimas y de reprobación de los símbolos y conmemoraciones fascistas. La llamada Ley de la Memoria Histórica, es tardía, y notablemente insuficiente. Fue una ley de mínimos incapaz de declarar nulas de pleno derecho todas las condenas de los tribunales franquistas y todas las consecuencias derivadas de estas condenas, entre otras el brutal expolio económico que sufrieron los vencidos y sus familias por la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939. Muchas fortunas actuales se asientan en el robo legal orquestado al amparo de esta ley. Si los juicios y las condenas fuesen declarados nulos, devendrían nulas todas las consecuencias derivadas de estos actos jurídicos nulos de pleno derecho (“quod nullum est producit nullum effectum”) y muchos patrimonios ilícitamente amasados deberían revertir a los herederos de sus legítimos propietarios. Todo ello por no hablar de la explotación sistemática de decenas de miles de prisioneros políticos, que de manera organizada la dictadura franquista utilizó entre 1937 hasta 1970, como fuerza laboral barata próxima a la esclavitud. Esta fuerza de trabajo generó inmensas plusvalías a empresas que hoy forman parte del cogollo de la oligarquía financiera, las empresas del IBEX 35. Sólo por citar tres ejemplos, recordar que Gas Natural- Fenosa (de la que fue consejero Felipe González y hoy rebautizada como Naturgy) nació en 2009 de la fusión de ambas empresas y que Fenosa tiene su partida de nacimiento en la fusión forzosa de la empresa del franquistaPedro Barrié de la Maza con Electra Popular Coruñesa, propiedad de la familia de José Miñones, parlamentario republicano fusilado en 1937 en A Coruña en el Campo de la Rata. Lógicamente el que luego sería ennoblecido por Franco como Conde de Fenosa, se quedó la empresa del diputado asesinado a precio de saldo. OHL, la Compañía del exministro de Hacienda y vicepresidente de asuntos económicos en el gobierno de Carlos Arias Navarro, Juan Miguel Villar Mir, surge de la fusión de Obrascón, Huarte y Laín. Una de estas empresas, Huarte, junto con Banus, una filial de Agromán y Construcciones Molán, fue la encargada de construir el Valle de los Caídos con mano de obra esclava. Una verdadera Memoria Histórica debería obligar a que la exhumaciones del enclave de Cuelgamuros fueran pagadas por esta empresa. ACS, la constructora de Florentino Pérez, también se benefició de mano de obra esclava a través de su filial, ahora integrada, Dragados y Construcciones. No son las únicas, sirvan en este artículo como ejemplo para constatar que varias empresas del IBEX 35 tienen en el origen de su capitalización el aprovechamiento de trabajo esclavo. Un origen criminal que una verdadera Memoria Histórica debería esclarecer y exigir su resarcimiento. Un informe de julio de 2014 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones involuntarias, formuló 42 recomendaciones al gobierno español en esta materia, poniendo de manifiesto la existencia de 150.000 víctimas de desapariciones forzosas aún sin aclarar, miles de robos de bebés y 2.831 fosas pendientes de ser exhumadas. El referido documento expresaba que la aclaración de estas violaciones constituye un DERECHO ABSOLUTO DE LAS VÍCTIMAS de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto quiere decir que son delitos imprescriptibles de acuerdo con el derecho internacional. Derogación de la ley de amnistía Un mínimo sentido de justicia reparadora exige también la derogación de la Ley 46/77, de 15 de octubre, inicialmente concebida como amnistía de los presos antifascistas. Pero que a última hora incluyó dos apartados decisivos en el artículo 2º de la Ley «Quedan incluídos: Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluídos en esta ley. Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Con esta adición consensuada con el PSOE y el PCE, se transformó la amnistía de los antifascistas en una ley de punto final que se alza como una barrera insalvable para la investigación de los crímenes franquistas. Esta ley ha sido utilizada permanentemente para proteger a los fascistas y torturadores a los que se les ha solicitado la extradición en el marco de la querella argentina. Repiten como un mantra al unísono Gobierno, sea del PP o del PSOE, Fiscalía y Audiencia Nacional: «La Ley de Amnistía de 1.977, fue votada con un amplío apoyo social y absoluto consenso político. En el caso de una hipotética derogación de la Ley de Amnistía, por aplicación del principio de seguridad jurídica, no podría juzgarse a personas que durante su vigencia estuvieron amparadas por esta Ley. Los crímenes y delitos que se hubiesen podido cometer están prescritos”. Ya vemos que estas excusas chocan con la la posición de la ONU e incluso con la propia tipificación del delito de lesa humanidad, definido como un “ataque permante y organizado contra un grupo de población”, el cual es imprescriptible. Necesaria una memoria de la Transición Es preciso para conocer la verdad de la sangrienta y continuada represión fascista acabar con el mito de una transición pacífica a la democracia. Fue un proceso dirigido y pilotado desde los aparatos estatatales provenientes del franquismo (no ha tenido empacho en manifestarlo así Rodolfo Martín Villa en su libro “Una vida al servicio del Estado”). En este período son numerosas las muertes, torturas y violaciones de derechos humanos producidas por las fuerzas de orden público, amparadas por el sistema judicial, ambos heredados del fascismo. Asesinatos que siguen protegidos por un velo de silencio. Un caso paradigmático es el de Manuel García Caparrós, asesinado por un disparo policial el 4 de diciembre de 1.977 en Málaga, la Mesa del Congreso impidió el año pasado que se hicieran públicos los documentos y declaraciones del expediente, amparándose en la Ley franquista de Secretos Oficiales de 1.968, aún en vigor. Se trata de una ley, redactada en el franquismo que no impone un límite temporal a la posibilidad de acceder a los documentos de aquellas materias clasificadas como reservadas por razones de riesgo de la seguridad y defensa del estado. Por ejemplo, el episodio de las bombas nucleares caídas en Palomares sigue clasificado como secreto de Estado y lo que hoy se sabe al respecto procede de fuentes norteamericanas. No es posible una equidistancia entre fascismo y antifascismo, por esa razón mientras la Memoria Democrática, no sea una Memoria Antifascista tendremos que sufrir vejaciones como la del pasado 2 de octubre en la fiesta de los ángeles custodios. El comisario de Ciudad Lineal, hijo del magistrado del TOP Mariscal de Gante, invitó en dependencias policiales al torturador Juan Antonio González Pacheco (Billy el Niño) a una “copa de vino español”. Este esbirro tiene concedidas cuatro medallas, todas pensionadas, en mérito a sus trabajos en la Brigada Social primero y posteriormente en la guerra sucia. La primera le fue otorgada en 1972 la última en 1982. Es el caso más conocido, pero ni mucho menos el único. Los tres policías que participaron en la muerte del estudiante de derecho Enrique Ruano en 1969, antes de jubilarse como comisarios, fueron condecorados 26 veces, la mayoría de las condecoraciones posteriores a 1975. Celso Galván perteneció a la escolta de la Casa Real, otro fue nombrado por el PSOE comisario en Torrejón de Ardoz y el otro ocupó cargos de libre designación en la Delegación del Gobierno en Madrid. Todos estos hechos son consecuencia de lo que fue la llamada transición, esto es, el franquismo sucediéndose a sí mismo, con la inclusión de otras fuerzas de la entonces llamada oposición democrática que a cambio de colaborar en el remozamiento de la fachada, obtuvieron unas bien retribuidas parcelas en la gestión del Estado. Con estos mimbres se construyó el mito de la pacífica y ordenada transición democrática y bajo estos presupuestos resulta imposible que la Memoria Democrática no sea lo que es: limitada y cicatera. Para construir una Memoria Antifascista es necesario algo que se hurtó hace 40 años, la ruptura democrática con el fascismo. Asistimos este mes a una versión del juego vamos a contar mentiras y se pondera hasta la saciedad la magna obra de la Constitución del 78. Nadie querrá recordar que no fue elaborada por unas Cortes constituyentes y que la convocatoria se realizó al amparo de la octava Ley Fundamental franquista. Ningún partido de los concurrentes a las elecciones de junio de 1.977 lo hizo con un proyecto de constitución. Fueron convocadas y dirigidas desde el aparato estatal dirigido por el último Secretario General del Movimiento. Se convalidó sin consulta la monarquía impuesta por el Caudillo. En junio de 1.977 había partidos que no habían sido legalizados y presos antifascistas estaban todavía en prisión. Cada día durante la elaboración de la vigente Constitución, mandos del ejército indicaban qué se podía y qué no se podía aceptar. Las bandas de ultraderecha protegidas por el Estado imponían un ambiente de terror. Nada de esto se recordará, se edulcorará la historia y se borrarán todos los hechos que no cuadren con el relato oficial. En este contexto el tratamiento legal de la Memoria Histórica, será una farsa más destinada a difuminar que el ADN de la democracia española actual nos remite en última instancia a la sublevación de 1936. (Andreu García Ribera. En El Otro País, n.º 88, Dic. 2018.)

El 13 de junio de 1953, comenzaron los acontecimientos de la masacre de Chuka, cuando una unidad militar británica fue enviada a la zona de Chuka, en Kenia, para expulsar a los presuntos rebeldes Mau Mau. Durante los 5 días siguientes, 20 civiles kenianos desarmados fueron masacrados, y algunos de ellos fueron mutilados, golpeados y torturados por medio de la amputación de sus orejas o sus manos. Las fuerzas británicas cortaron seis manos de las víctimas y las pusieron en sus bolsos antes de regresar al campamento. No se presentaron cargos contra ningún soldado británico en relación con los asesinatos. Al reprimir el levantamiento anti-colonial, los británicos mataron a decenas de miles de personas y enviaron alrededor de 1,5 millones de civiles a campos de concentración y aldeas penitenciarias supervisadas por el ejército.

El 13 de junio de 1936 August Landmesser, trabajador de los astilleros de 26 años, se negaba a hacer el saludo nazi durante una visita del führer en Hamburgo. Después de este icónico gesto desafiante al régimen, la vida de Landmesser volvió trágicamente, aunque no fue por ese gesto ni esa foto. August Landmesser, nacido en una humilde población rural de Schleswig-Holstein, emigró de muy joven a Hamburgo para buscarse la vida, y como muchos otros jóvenes de ese momento se afilió al partido nazi en 1931, antes de que Hitler subiera al poder, esperando mejorar su precaria situación. En 1933 Landmesser conoció una joven de origen judío, Irma Eckl, con quien se comprometió e intentó casar dos años después. Justamente aquel 1935 se aprobaban las Leyes de Nüremberg, que prohibían relaciones consideradas mixtas, como la suya. Lo expulsaron del partido. Fue en este clima de persecución y total desafección al régimen, en el que eran señalados en la calle y también en el trabajo, que August Landmesser sintió la necesidad de negarse a saludar a Hitler cuando visitaba los astilleros de Blohm und Voss donde trabajaba. Contrariamente a lo que pueda parecer, en ese momento el gesto valiente y rebelde pasó inadvertido y August continuó su batalla legal con el régimen para poder casarse y formar una familia. Pocos meses antes, había nacido su primera hija, Ingrid. Las leyes nazis que les impidieron casarse tampoco reconocían la descendencia y por este motivo en 1937, esperando la segunda hija, intentaron huir a Dinamarca. Fueron arrestados acusados ​​de 'deshonra a la raza'. Dijeron que ignoraban que Irma fuera judía y entonces los dejaron libres. Una vez liberados, Irma y el August siguieron con su relación de manera visible, continuando el desafío al régimen. Fue entonces, en 1938, cuando le arrestaron y condenaron a 2 años de trabajos forzados en el campo de Börgemoor, acusado de tener relaciones extramatrimoniales con una judía. La familia nunca más volvió a estar junta. Irma Eckl también fue arrestada y enviada a la cárcel de Fuhlsbüttel, donde dio a luz a la segunda hija, Irene. Posteriormente fue separada de las hijas y enviada a los campos de Oranienburg, Lichtenburg y Ravensbrück. Irma continuó escribiendo cartas al August hasta el 1942. Pese a no conocerse del cierto su destino, se supone que fue enviada al Centro de Eutanasia de Bernburg y donde fue asesinada. Nunca se ha encontrado su cuerpo. En 1949 fue declarada oficialmente muerta con fecha del 28 de abril de 1942. August salió del campo de concentración en 1941 y fue enviado forzosamente en la frente, a uno de los conocidos como batallones de castigo, donde enviaban ex reclusos a las posiciones de combate más arriesgadas, sabiendo que les esperaba la muerte segura. Se supone que murió en 1944 a Croacia. Su hija mayor, Ingrid, fue a vivir con su abuela mientras la pequeña, Irene, fue llevada a un orfanato y acabó siendo adoptada. Fue precisamente ella quien, en 1996, hizo pública la historia de la fotografía de su padre. La había descubierto por casualidad en un diario antiguo.

La Ley Fascista de Partidos. Aún estaban los campos de batalla encharcados de sangre cuando en 1939 los fascistas promulgaron la primera ley de partidos, llamada Ley de Responsabilidades Políticas. Hasta que reescriban la historia por enésima vez, lo que hasta ahora sabemos es que en 1939 no había ningún parlamento, pero es que los fascistas no necesitaban parlamentos para redactar leyes como aquella de Responsabilidades Políticas. A muchos las historias le aburren y me dicen que pierdo mi tiempo mirando siempre hacia atrás, pero el problema es que la transición no derogó la legislación fascista, así que los que nos tentamos la ropa a cada paso tenemos que tener en cuenta estas cosas. La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 sigue, pues, vigente, es decir, es de plena actualidad, es una ley “democrática”. Quienes no pierden su tiempo mirando al pasado posiblemente no sepan que nada es lo que parece: los republicanos se alzaron en armas contra los fascistas, pero fueron derrotados y luego acusados, juzgados y condenados por el crimen de “rebelión militar”, según leyes como la que acabo de mencionar, que en su artículo 2 prohibió casi todo, especialmente los partidos políticos, los sindicatos y demás organizaciones que formaron parte del Frente Popular. Desde entonces, con diversos disfraces, los mismos siguen en rebeldía militar contra los mismos, una situación que, como todas las enfermedades mal curadas, se ha hecho crónica. Pasaron 40 años, tras los cuales, por efecto del denominado síndrome de Estocolmo a la inversa, ocurrió algo extraño: los vencedores dijeron que deseaban pasarse a las filas de los vencidos. Quisieron ser demócratas, pero de una manera también extraña porque, si su deseo hubiera sido sincero, hubieran debido dar pruebas de ello, demostrarlo con hechos. Por ejemplo, podían haber legalizado a los partidos democráticos y no sólo a los suyos (que no eran democráticos). Pero no ocurrió nada de eso, sino todo lo contrario: no borraron las viejas leyes fascistas, como la de 1939, y aprobaron otras iguales que aquella (igual de fascistas). Aunque no les gusten las viejas historias, los más viejos del lugar se acordarán de la primera ley de asociaciones políticas de 1976, otra ley fascista. Dijeron que aquella ley se aprobó para legalizar a las asociaciones políticas pero, como verán, ni siquiera hablaban de partidos políticos, un mal augurio que se confirmó: la ley prohibía aquellas “asociaciones” políticas sometidas a una disciplina internacional, es decir, los que no eran auténticamente españoles, los vendidos al oro de Moscú. Cuando en 1976 la policía detenía a un comunista, el interrogatorio seguía el siguiente diálogo de besugos: -¿Tú eres comunista? El detenido tiraba de orgullo y asentía: “Sí”. Entonces el policía inevitablemente le aconsejaba: -Pues si allí se vive tan bien y te gusta tanto, ¿por qué no te largas a Moscú y nos dejas en paz a los demás? En aquellos tiempos nació la teoría del “entorno”, que les sonará: en 1976 el PCE era la marca electoral del KGB lo mismo que en 2011 Bildu es la marca electoral de ETA, el PCE(r) la de los GRAPO, etc. Desde la transición vivimos atufados por una sociedad en cuyo supermercado -sea comercial o electoral- imperan unas marcas y unas franquicias que -a pesar de sus esfuerzos publicitarios- no engañan a nadie. Hasta el más tonto sabe que la leche de la marca Clesa es la misma que la de Puleva; al fin y al cabo todo es (mala) leche. ¿Qué pasó con el PCE-KGB en 1976? ¿Fue legalizado? Que las marcas no les confundan; las cosas no son lo que parecen. El gobierno de Adolfo Suárez hizo lo mismo que luego hizo Zapatero con los partidos políticos que, como Bildu, aún pretenden recuperar su legalidad después de 70 años de permanente “rebelión militar”: no legalizó nada sino que envió los papeles a los tribunales. Las decisiones nunca han sido, pues, políticas sino técnicas, es decir, que al no existir democracia el problema se sigue planteando hoy en los mismos términos que en 1939: esos partidos políticos que pretenden ser legalizados, ¿son unos criminales o tienen algún derecho en lo que piden? ¿cuál es la diferencia entre un crimen y un derecho? ¿hay alguna diferencia? Desde 1939 todo está vuelto del revés. Si la transición hubiera sido un proceso democrático, los gobiernos hubieran debido demostrar algún interés por legalizar a aquellos partidos que durante décadas habían luchado por la democracia. Pero ocurrió lo contrario: fueron los partidos democráticos los que mostraron interés por legalizarse. En aquella época a eso se le llamó “ventanilla”: no eran los fascistas los que tenían que pasar por la ventanilla para adquirir patente democrática sino, al revés, los demócratas debieron demostrar que lo eran. No bastaban las batallas libradas durante 40 años a sangre y fuego. Algunos pasaron por la ventanilla, es decir, pasaron por el aro que los fascistas les pusieron delante: cambiaron los estatutos, cambiaron los nombres, cambiaron las banderas… hicieron todo lo que el gobierno de turno les exigió. Pero nadie exigió nada a ningún gobierno fascista, nadie exigió responsabilidades ni a la monarquía, ni a la banca, ni a la Iglesia, ni a la policía, ni a los jueces. Ésa es la esencia de la transición: no fueron los fascistas los que incorporaron a la democracia sino los demócratas los que se incorporaron al fascismo. Los fascistas siempre han creído que los problemas se solucionan a palos, convirtiendo lo político en judicial, es decir, con sumarios, detenciones, cárceles y demás. A veces así logran retardar el estallido, nunca impedirlo. Por eso se les han acumulado los asuntos sin resolver; a los viejos se le han sumado los nuevos. Ahora que los indignados hablamos de participación política, conviene recordar que entre los múltiples asuntos que tiene pendientes en este país, uno de ellos es la legalización de los partidos políticos, sin lo cual nunca podrán hablar seriamente ni de democracia ni de participación. Es tan sencillo como la prueba del algodón. Basta que aprueben una ley democrática de verdad con sólo tres artículos: el primero dirá que queda derogada la ley fascista contra los partidos políticos, el segundo los legalizará y el tercero librará de la cárcel a los que han defendido los dos artículos anteriores. (Artículo escrito por Juan Manuel Olarieta)

La Ley Fascista de Partidos. Aún estaban los campos de batalla encharcados de sangre cuando en 1939 los fascistas promulgaron la primera ley de partidos, llamada Ley de Responsabilidades Políticas. Hasta que reescriban la historia por enésima vez, lo que hasta ahora sabemos es que en 1939 no había ningún parlamento, pero es que los fascistas no necesitaban parlamentos para redactar leyes como aquella de Responsabilidades Políticas. A muchos las historias le aburren y me dicen que pierdo mi tiempo mirando siempre hacia atrás, pero el problema es que la transición no derogó la legislación fascista, así que los que nos tentamos la ropa a cada paso tenemos que tener en cuenta estas cosas. La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 sigue, pues, vigente, es decir, es de plena actualidad, es una ley “democrática”. Quienes no pierden su tiempo mirando al pasado posiblemente no sepan que nada es lo que parece: los republicanos se alzaron en armas contra los fascistas, pero fueron derrotados y luego acusados, juzgados y condenados por el crimen de “rebelión militar”, según leyes como la que acabo de mencionar, que en su artículo 2 prohibió casi todo, especialmente los partidos políticos, los sindicatos y demás organizaciones que formaron parte del Frente Popular. Desde entonces, con diversos disfraces, los mismos siguen en rebeldía militar contra los mismos, una situación que, como todas las enfermedades mal curadas, se ha hecho crónica. Pasaron 40 años, tras los cuales, por efecto del denominado síndrome de Estocolmo a la inversa, ocurrió algo extraño: los vencedores dijeron que deseaban pasarse a las filas de los vencidos. Quisieron ser demócratas, pero de una manera también extraña porque, si su deseo hubiera sido sincero, hubieran debido dar pruebas de ello, demostrarlo con hechos. Por ejemplo, podían haber legalizado a los partidos democráticos y no sólo a los suyos (que no eran democráticos). Pero no ocurrió nada de eso, sino todo lo contrario: no borraron las viejas leyes fascistas, como la de 1939, y aprobaron otras iguales que aquella (igual de fascistas). Aunque no les gusten las viejas historias, los más viejos del lugar se acordarán de la primera ley de asociaciones políticas de 1976, otra ley fascista. Dijeron que aquella ley se aprobó para legalizar a las asociaciones políticas pero, como verán, ni siquiera hablaban de partidos políticos, un mal augurio que se confirmó: la ley prohibía aquellas “asociaciones” políticas sometidas a una disciplina internacional, es decir, los que no eran auténticamente españoles, los vendidos al oro de Moscú. Cuando en 1976 la policía detenía a un comunista, el interrogatorio seguía el siguiente diálogo de besugos: -¿Tú eres comunista? El detenido tiraba de orgullo y asentía: “Sí”. Entonces el policía inevitablemente le aconsejaba: -Pues si allí se vive tan bien y te gusta tanto, ¿por qué no te largas a Moscú y nos dejas en paz a los demás? En aquellos tiempos nació la teoría del “entorno”, que les sonará: en 1976 el PCE era la marca electoral del KGB lo mismo que en 2011 Bildu es la marca electoral de ETA, el PCE(r) la de los GRAPO, etc. Desde la transición vivimos atufados por una sociedad en cuyo supermercado -sea comercial o electoral- imperan unas marcas y unas franquicias que -a pesar de sus esfuerzos publicitarios- no engañan a nadie. Hasta el más tonto sabe que la leche de la marca Clesa es la misma que la de Puleva; al fin y al cabo todo es (mala) leche. ¿Qué pasó con el PCE-KGB en 1976? ¿Fue legalizado? Que las marcas no les confundan; las cosas no son lo que parecen. El gobierno de Adolfo Suárez hizo lo mismo que luego hizo Zapatero con los partidos políticos que, como Bildu, aún pretenden recuperar su legalidad después de 70 años de permanente “rebelión militar”: no legalizó nada sino que envió los papeles a los tribunales. Las decisiones nunca han sido, pues, políticas sino técnicas, es decir, que al no existir democracia el problema se sigue planteando hoy en los mismos términos que en 1939: esos partidos políticos que pretenden ser legalizados, ¿son unos criminales o tienen algún derecho en lo que piden? ¿cuál es la diferencia entre un crimen y un derecho? ¿hay alguna diferencia? Desde 1939 todo está vuelto del revés. Si la transición hubiera sido un proceso democrático, los gobiernos hubieran debido demostrar algún interés por legalizar a aquellos partidos que durante décadas habían luchado por la democracia. Pero ocurrió lo contrario: fueron los partidos democráticos los que mostraron interés por legalizarse. En aquella época a eso se le llamó “ventanilla”: no eran los fascistas los que tenían que pasar por la ventanilla para adquirir patente democrática sino, al revés, los demócratas debieron demostrar que lo eran. No bastaban las batallas libradas durante 40 años a sangre y fuego. Algunos pasaron por la ventanilla, es decir, pasaron por el aro que los fascistas les pusieron delante: cambiaron los estatutos, cambiaron los nombres, cambiaron las banderas… hicieron todo lo que el gobierno de turno les exigió. Pero nadie exigió nada a ningún gobierno fascista, nadie exigió responsabilidades ni a la monarquía, ni a la banca, ni a la Iglesia, ni a la policía, ni a los jueces. Ésa es la esencia de la transición: no fueron los fascistas los que incorporaron a la democracia sino los demócratas los que se incorporaron al fascismo. Los fascistas siempre han creído que los problemas se solucionan a palos, convirtiendo lo político en judicial, es decir, con sumarios, detenciones, cárceles y demás. A veces así logran retardar el estallido, nunca impedirlo. Por eso se les han acumulado los asuntos sin resolver; a los viejos se le han sumado los nuevos. Ahora que los indignados hablamos de participación política, conviene recordar que entre los múltiples asuntos que tiene pendientes en este país, uno de ellos es la legalización de los partidos políticos, sin lo cual nunca podrán hablar seriamente ni de democracia ni de participación. Es tan sencillo como la prueba del algodón. Basta que aprueben una ley democrática de verdad con sólo tres artículos: el primero dirá que queda derogada la ley fascista contra los partidos políticos, el segundo los legalizará y el tercero librará de la cárcel a los que han defendido los dos artículos anteriores. (Artículo escrito por Juan Manuel Olarieta)

"En aquella época los antifascistas aún conservaban restos de cierta dignidad, al menos de puertas a fuera. Estaban a punto de bajarse los pantalones descaradamente, pero el 12 de noviembre de 1976 aún convocaron una huelga general para denunciar la farsa del referéndum. Su posición a favor del boicot también se expresó por medio de pintadas, manifestaciones y mítines fuertemente reprimidos por la policía. La consigna que difundió la Organización Revolucionaria de Trabajadores, un grupo maoísta de aquella época, fue: "Votar sí, votar no, es lo mismo. Votar en el referéndum es apoyar al fascismo". Para pedir el boicot los antifranquistas argumentaron la nula legitimidad democrática del gobierno y que el referéndum se promovía con una total ausencia de libertades políticas para expresar las distintas posiciones. Una de las consignas más repetidas por los antifascistas entonces fue la de "Un referéndum sin libertad es un referéndum sin democracia", con lo cual se admitía que no había libertad y que los presos políticos seguían encarcelados. Otras de las consignas más reproducidas fueron las siguientes: - “Primero, libertad, después, urnas” - “Un referéndum sin libertad es un referén­dum contra la democracia” - “Si ya está todo decidido, ¿para que votar?” - “Referéndum sin libertad no es democra­cia” - “Abstenerse es votar por la libertad” - “En las Cortes el pueblo estuvo ausente. En el Referéndum abstente” La propaganda franquista no pudo ser más tramposa. Los fascistas ofrecían la participación y centraron su campaña en que la democracia consistía en participar. Era la oposición la que no era democrática y la que no quería participar. En su manipulación, los franquistas no vacilaron en recurrir a la contra propaganda, un instrumento típico del fascismo en todos los países. En algunos barrios obreros el gobierno organizó el reparto de octavillas en las que se rechazaba la abstención “en nombre del socialismo democrático”. En otros aprovechó la oscuridad de la noche para alterar las pintadas anónimas en los muros de las calles. Los muros que pedían la "Abstención" cambiaron para decir que "Abstención es incultura" o "Abstención es cobardía". El referéndum de 1976 no fue, pues, una consulta democrática porque no existían las libertades propias de una democracia."

El Gobierno de Rajoy selló un acuerdo a perpetuidad con Israel para proteger el negocio de armas El CNI puso en marcha en 2014 un convenio de confidencialidad con el Ministerio de Defensa israelí que se empezó a trabajar en la etapa de Zapatero y que otorgó secretismo total a las operaciones armamentísticas entre ambos países. La reforma de la Ley de Secretos Oficiales del franquismo que promueve el Gobierno no afectará a los negocios armamentísticos con Israel. El Gobierno de Benjamín Netanyahu, responsable de innumerables crímenes contra civiles en Gaza, cuenta con un pacto de confidencialidad con España que se formalizó en 2014 y que tiene, desde entonces, garantía de perpetuidad. De acuerdo a la información recopilada por Público, el convenio entre ambos países empezó a gestarse en 2011, bajo el Gobierno de Zapatero. El 7 de febrero de ese año, pocos días antes de que el entonces presidente israelí Shimon Peres iniciara una visita oficial a España, el director del CNI, Félix Sanz Roldán, y el Director de la Autoridad de Defensa israelí, Amir Kain, sentaron las bases del acuerdo. El pacto tardó más de tres años en formalizarse y entró en vigor bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, que dio su visto bueno y garantizó absoluto secretismo para todos los negocios armamentísticos que se alcanzasen con Israel a partir del 12 de agosto de 2014. No se trataba de un acuerdo más ni de un socio cualquiera. Varias empresas armamentísticas israelíes figuran entre las contratistas del Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles; al mismo tiempo, las autoridades españolas han autorizado distintas exportaciones de armas a Israel pese a su historial de ocupación y vulneración de derechos contra civiles palestinos. El pacto con el Ministerio de Defensa israelí que se formalizó en 2014 endureció aún más los términos de un acuerdo anterior que había firmado el Gobierno de Felipe González en 1995. En aquel primer texto, se establecía que el convenio tendría "un período inicial de vigencia de cinco años" y se renovaría "tácitamente" por períodos consecutivos de dos años. Asimismo, el texto rubricado por la administración de González fijaba que "cualquiera de las partes" podría "comunicar por escrito su intención de no renovar el Acuerdo, debiendo hacerlo con un preaviso mínimo de seis meses antes del vencimiento, en el caso del período inicial de vigencia, y con un preaviso de tres meses en los demás supuestos". "Periodo indefinido" Sin embargo, el acuerdo que entró en vigor bajo el Gobierno del PP modificó esos términos y otorgó mayores garantías de secretismo. Según el texto que se formalizó en la etapa de Rajoy, el acuerdo de confidencialidad con Israel "tendrá validez por un periodo indefinido de tiempo". El texto establece además que en caso de que España o Israel desearan abandonar el acuerdo, "la denuncia tendrá lugar de mutuo acuerdo entre las Partes". En cualquier caso, "el presente Acuerdo permanecerá en vigor y será de aplicación a todas y cada una de las actividades, los contratos o el intercambio de Información Clasificada que hayan tenido lugar con anterioridad a la denuncia". Entre los puntos establecidos por ambos países como asuntos clasificados figura la "venta por una Parte a la otra de equipo y conocimientos técnicos relacionados con entidades de defensa" así como los "contratos o cualquier otra relación entre entidades gubernamentales, públicas o privadas de las Partes en asuntos militares o de defensa". "Ambas Partes tomarán las medidas oportunas para la protección de la Información Clasificada de conformidad con sus leyes, reglamentos y prácticas nacionales. Las Partes asignarán a toda la Información Clasificada mencionada el mismo grado de protección de seguridad que el que asignen a su propia Información Clasificada de clasificación equivalente", señala el acuerdo. Asimismo, se establece que "el acceso a la Información Clasificada estará limitado únicamente a aquellas personas cuyas funciones así lo exijan y que hayan sido habilitadas y autorizadas por la Parte a la que pertenezcan". El texto incluye un apartado sobre "seguridad industrial", en el que se determinan las pautas que deberán seguirse en esta materia cuando España o Israel deseen "adjudicar un contrato clasificado a un contratista de la otra Parte" o cuando se alcancen acuerdos "en el ámbito de un proyecto clasificado". Entre otros puntos, el pacto indica que deberá verificarse que "las instalaciones del contratista reúnen las condiciones adecuadas para la conservación de Información Clasificada" y se deberá examinar además el "grado adecuado de habilitación personal de seguridad a las personas que desarrollen funciones que exijan el acceso a Información Clasificada". Extravíos o revelaciones Asimismo, el acuerdo determina que "en caso de cualquier infracción de las medidas de seguridad relativas a la Información Clasificada, la Parte Receptora investigará todos los casos en los que se tenga constancia o haya motivos para sospechar que la Información Clasificada de la Parte de Origen se haya extraviado o revelado a personas no autorizadas". "La Parte Receptora deberá también informar a la Parte de Origen, de forma inmediata y completa, de los detalles de tales hechos, de los resultados definitivos de las investigaciones y de las acciones correctivas tomadas para evitar que se repitan", subraya. El acuerdo consigna además que "cada Parte permitirá a expertos en seguridad de la otra Parte visitar su territorio, cuando resulte mutuamente conveniente, para tratar con sus Autoridades de Seguridad sus procedimientos e instalaciones para protección de la Información Clasificada proporcionada por la otra Parte". Última palabra En caso de que "surja cualquier controversia" entre España e Israel, "ya sea referente a la interpretación del presente Acuerdo o a la ejecución de sus disposiciones o a cualquier asunto que se derive del mismo", los firmantes harán en primera instancia "todos los esfuerzos razonables para alcanzar un acuerdo amistoso". El acuerdo contempla lo que ocurriría si no hubiese "entendimiento". En ese caso, "las Partes convienen en someter la controversia al Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia y al Director de Seguridad del Ministerio de Defensa de Israel, quienes tendrán la última palabra y cuyas decisiones serán "definitivas" y "vinculantes". (Texto original de Danilo Albin)

El nuevo sistema SITEL de escuchas telefónicas. El artículo 18 de la Constitución dice que tenemos derecho a la intimidad. El artículo 55 añade, además, que sólo por medio de una ley orgánica se pueden limitar los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la intimidad. El artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que, previa orden judicial, se pueden intervenir las comunicaciones postales, telefónicas o de otra clase de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal. Según el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el secreto de las comunicaciones no sólo cubre la conversación, sino también la identidad de los interlocutores. Esos son los derechos, pero las realidades son las contrarias. Las conversaciones telefónicas se graban habitualmente a un número indiscriminado de personas, lo cual hay que entenderlo de manera literal: no sólo se escuchan las conversaciones sino que se graban, se registran digitalmente y luego se quedan archivadas para siempre. Además, se viola el derecho constitucional a la intimidad sin ninguna clase de orden judicial, entre otros motivos porque las grabaciones las lleva a cabo el CNI, que no desempeña funciones de policía judicial, es decir, que ni recibe órdenes de los jueces, ni les informa tampoco de las grabaciones que realiza. Hoy los pinchazos de teléfonos son mucho más fáciles de ejecutar. Basta con un simple barrido de la señal y es imposible de detectar por el interesado. También se pueden utilizar programas en las tarjetas SIM, comercializados con excusas, como el control infantil por parte de los padres. Otra forma de espionaje consiste en activar de forma remota el micrófono del móvil, que se puede detectar por el mayor consumo de batería, por su calentamiento o por las interferencias en otros aparatos, como radios o televisiones. En 2001 el gobierno de Aznar encargó a la empresa danesa ETI A/S un programa informático, llamado SITEL, de escuchas telefónicas, por el que pagó 36 millones de euros. El proyecto llevaba la firma de Rajoy, entonces ministro del Interior. SITEL es capaz de pinchar todos los teléfonos que hay en España al mismo tiempo y permite a la Policía, Guardia Civil y CNI acceder a las conversaciones en tiempo real o después de que se hayan producido.Para ello tiene tres centrales de monitorización en los centros de Policía, Guardia Civil y CNI. Esos tres centros actúan a modo de grandes ordenadores con terminales remotos, es decir, ramificaciones en cada una de las unidades de investigación que hay repartidas por toda España. En cada una de ellas hay una sala destinada a Sitel. En los ordenadores de esas salas se han instalado las aplicaciones de SITEL. De esta forma, los policías y espías se sientan ante la pantalla del ordenador y eligen escuchar las conversaciones que alguien mantiene en ese momento desde un teléfono intervenido o las que ha mantenido en el pasado. El programa Sitel les permite seleccionar el periodo de tiempo de escucha, eliminar los ruidos ajenos a la conversación que impidan escucharla con claridad, rebobinar, avanzar, utilizar filtros... El sistema también es capaz de transcribir digitalmente e imprimir las conversaciones. Además de las conversaciones SITEL también accede a los datos asociados a cada llamada telefónica, entre los que destacan la identidad, el domicilio y el DNI de los propietarios de los terminales, tanto del intervenido como de las personas con las que habla, los números de las llamadas entrantes y salientes, la fecha, la hora y la duración de las comunicaciones, la operadora que utiliza y el tipo de contrato que tiene. La terminal de un teléfono móvil es una especie de GPS que, en función del lugar en el que esté su portador, se conecta a la red a través de la torre más cercana, lo cual permite saber en cada momento en qué lugar está dicha persona y desde dónde llama. SITEL permite rastrear cada uno de los movimientos de la persona que lleva un móvil, apareciendo en la pantalla del ordenador las torres de las que ha ido dependido su conexión según se ha ido desplazando. Por lo tanto, determina la posición geográfica del interlocutor en el momento de cada una de las llamadas. A través de SITEL la policía y los espías también averiguan en compañía de quién se encuentra esa persona en cada momento, para lo cual basta comparar los teléfonos de cada uno de ellos. SITEL captura el tráfico de datos de internet al completo, incluyendo las páginas visitadas, los ficheros transferidos, así como la voz sobre IP, es decir, que puede leer los mensajes de texto o multimedia y el contenido de los correos electrónicos. Los datos de las grabaciones telefónicas y el contenido de los mensajes de texto se almacenan indefinidamente. Al juez sólo le entregan una copia en soporte DVD. El original queda a disposición de la policía para siempre. El programa de intervención telefónica accede a los mismos datos de los que disponen las operadoras de telefonía. El artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones les obliga a proporcionar a la policía y a los espías, sin necesidad de autorización previa del juez, datos privados como el DNI, el pasaporte, el tipo de contrato o la posición geográfica en la que se encuentra el portador de un terminal de telefonía móvil. El Ministerio del Interior y el CNI pueden pinchar los teléfonos sin tener que contar con las compañías telefónicas, tal y como se venía haciendo hasta ahora porque SITEL está integrado en sus propias redes. Automáticamente el sistema envía la comunicación intervenida desde el operador a un ordenador central ubicado en la Dirección General de la Policía, la Guardia Civil y el CNI que, a su vez, lo distribuyen hasta los terminales periféricos. El sistema SITEL viola todos los derechos imaginables: 1. No afecta sólo a los delincuentes sino a todas las personas 2. No se práctica sólo con autorización judicial sino por iniciativa política del CNI 3. No sólo permite escuchar las conversaciones sino acceder a todos los datos privados de las personas 4. No se regula por ley orgánica sino por medio de un reglamento del gobierno Como han reconocido hasta los fiscales, las grabaciones digitales se prestan a la manipulación. Como cualquier otro archivo informático, se manipula copia, pega, corta y altera para demostrar cualquier cosa. Un juzgado de instrucción ya está investigando actualmente un "error" que eliminó dos conversaciones trascendentales para lograr la absolución de un acusado. Lo mismo se hubiera podido hacer para condenarle. (Texto de Juan Manuel Olarieta)

Un 12 de junio como hoy, pero de 1946, Ho Chi Minh, que se convertiría en héroe nacional de Vietnam, llegó al País Vasco. Era miembro de la delegación del gobierno provisional de Vietnam y planeaba negociar la independencia con el gobierno francés. La delegación pasó unos días en Lapurdi. Además de presenciar partidos de pelota y fiestas vascas, está documentado que se hacían a la mar. Las negociaciones terminaron sin acuerdo y unos meses después estalló la guerra en Vietnam.

"Narcos y guerra sucia" Reportaje documental de ETB que aborda la cuestión de la presunta "mano negra" por parte de las fuerzas de seguridad del estado sobre la introducción de las drogas en la sociedad y la juventud vasca en la década de los 80, los motivos por los que supuestamente lo hicieron y la implicación de Enrique Rodriguez Galindo y los GAL en una trama de narcotrafico dentro de las comandancias de la Guardia Civil en Bilbao y Donostia. Enlace: youtu.be/MqhgsqIHrjE?si=jAyn…

El 11 de junio de 1980 un comando del fascista y para-policial Batallón Vasco-Español secuestraba y asesinaba brutalmente al militante de Comandos Autonomos Anticapitalistas José Miguel Etxeberria Álvarez, ‘Naparra’, de 22 años. La última vez que se le vió en vida fue en un bar de Donibane Lohitzune, en Iparralde. Nunca mas se supo de el. El BVE reivindicó el crimen y dio unas supuestas coordenadas del sitio donde le enterraron. Nunca se le ha encontrado. Hoy se cumplen 46 años del brutal asesinato de Jose Miguel. 46 años y su cadáver todavía no ha aparecido. 46 años y el crimen fascista sigue impune. 46 años de lucha de sus familiares y amigos por recuperar su cuerpo.

Mariettas de guerra sucia. En su biografía autorizada de José Antonio Sáenz de Santa María, el general que cambió de bando, Diego Carcedo menciona un muy significativo incidente relacionado con la guerra sucia. Un incidente que sucedió probablemente en 1976 y que nadie antes, durante casi 30 años, había mencionado jamás. Según Carcedo, los protagonistas fueron dos agentes destinados en una oficina secreta del Seced franquista en París: un suboficial y el entonces comandante de Estado Mayor Manuel de la Pascua Paso, que dirigió el servicio secreto en Bilbo antes de ser destinado a la embajada en París. Más tarde, desempeñó el cargo de director de seguridad del Banco de Bilbao durante largos años. En esa biografía, se dice textualmente que ambos agentes «fueron sorprendidos en un cine recuperando la metralleta Ingram que unos mercenarios habían utilizado en un atentado. La Policía francesa los detuvo y solo fueron expulsados a España después de largas negociaciones y del cierre de la oficina que mantenían de manera subrepticia». Muy significativo, tanto el incidente como que jamás se haya hablado del mismo. Sobre todo porque sí que se habló en su día, y mucho, de esas metralletas Ingram, más conocidas como Mariettas. Fue a raíz de que la Policía italiana incautara al ultra Pier Luigi Concutelli una de esas armas, que usó para matar el 10 de julio de 1976 al juez antiterrorista italiano Vittorio Occorsio. Se demostró que esa Marietta era de un lote comprado por sus colegas españoles en EEUU y otro juez italiano, Luigi Vigna, pidió explicaciones a los españoles. En vano. Pese a sus reiteradas demandas, jamás recibió respuesta alguna. Ni siquiera le dieron alguna excusa increíble como hicieron en el caso de un atentado fallido contra Antxon Etxebeste. Las dos armas usadas entonces, que los mercenarios se vieron obligados a abandonar, también resultaron ser compradas por la Policía española en EEUU, y esta pretendió que habían sido robadas de un vehículo policial. A Concutelli le ocuparon, además de la Marietta, dos agendas con nombres y números de teléfono de agentes españoles. Entre ellos, Ramón Lillo que desempeñó después importantes funciones. Tras ser jefe de seguridad de la Audiencia Nacional, fue destinado al Gabinete de Información (antiterrorista) del Ministerio del Interior. En 1985, “El País” dio a conocer, primero, los nombres que aparecían en las agendas, y un par de semanas después, un informe elaborado por la Comisaría General de Información sobre otro mercenario italiano, Giuseppe Calzona, que dijo haber tomado parte junto con Lillo en varios de los atentados cometidos en Iparralde en 1976. Según Calzona, era Lillo quien comandaba el grupo, y tras localizar a Tomás Pérez Revilla Tomasón y José Joaquín Villar Gurruchaga Fangio, «Lillo lo comunica a Madrid, recibiendo la orden de atentar contra Fangio, pero fallan. Lo mismo les ocurre posteriormente con Pérez Revilla, aunque su mujer es gravemente herida». Efectivamente, en ese atentado, en el que se sabe utilizaron un par de esas famosas Mariettas, la esposa de Tomasón recibió varios balazos, el 21 de marzo de 1976. Era Feli Ziluaga, hermana de Txomin. Dos años después fue Agurtzane Arregi la que pagó con su vida el encontrarse junto a su marido, Juanjo Etxabe, antiguo dirigente de ETA, cuando fueron ametrallados por otro comando mercenario en Hendaia. Y en 1984 los mercenarios de los GAL terminaron por lograr su objetivo de acabar con la vida de Tomasón. Ramón Lillo no dijo ni pío cuando se publicaron esas informaciones, pero siete meses después se querelló contra “El País”, pretendiendo que había atentado contra su honor porque él no conocía de nada a Concutelli. Y eso que en la agenda, junto a su apellido, aparecía su apodo artístico, Ray Nolan, y la dirección y teléfonos de una compañía cinematográfica con la que trabajaba entonces. Un mes después de presentada la querella, “El País” publicó un muy significativo artículo titulado “Ramón Lillo niega que tenga relación con el italiano que dirigió acciones anti-ETA”. Sin duda, fue el pago porque retirara la querella, ya que en ese artículo se pretendía que el Lillo mencionado en el informe de la Comisaría General de Información era Pier Luigi Concutelli y no Ramón Lillo, que nada tenía que ver con aquella historia. El protagonista del informe, Giuseppe Calzona, dio todos esos detalles en julio de 1984, cuando fue detenido por estar reclamado en Italia por asesinato. Tras proferir claras amenazas de dar detalles comprometedores para el Estado español, amenazas que también recogió el citado informe, no lo extraditaron, sino que fue liberado y nunca más se ha vuelto a saber de él. No fue el único caso similar, porque la Audiencia Nacional también denegó la extradición de otros cuantos mercenarios ultras italianos reclamados por jueces de su país, argumentando que sus delitos de asesinato eran políticos. Todos los mercenarios estaban ligados a la guerra sucia contra ETA, y así impidió que se pudieran esclarecer no pocas acciones cometidas entonces con esas famosas Mariettas. Entre ellas, la matanza de los cinco abogados laboralistas de Atocha, en la que fueron utilizadas un par de esas armas. También el Estado francés, que guardó en secreto lo sucedido con aquella Marietta en París, habrá tapado muchas otras cosas relacionadas con el terrorismo de estado. No se ha distinguido, al menos, en ayudar a que sus víctimas conozcan toda la verdad y tengan la justicia y reparación, con garantías de no repetición, que tanto se merecen. Lo que acaba de suceder con el caso de Jon Anza es otra muestra de ello. Por eso es tan importante que se cree un mecanismo independiente de averiguación de la verdad que ayude a todas esas víctimas a decir su verdad. Toda su verdad. En nuestras manos está el conseguir que se constituya cuanto antes. (Texto de Xabier Makazaga, investigador del terrorismo de estado, para Naiz en 2013)

Las cigarreras, pioneras en la lucha sindical. La situación de las mujeres de la clase trabajadora era terrible en el siglo XIX. Trabajaban a partir de los 5 años como criadas o como manufactureras, con jornadas de 12 a 14 horas, respirando un aire infecto en talleres cerrados y en medio de un ruido infernal. A estas proletarias les llamaban despectivamente “las chinches” , porque morían como ellas. El textil catalán y las tabaqueras tenían un 96% de mano de obra femenina, para abaratar costos, pues eran pagadas igual que los niños obreros y un tercio menos que a los trabajadores (exactamente igual, este dato, que en 2015). Las cigarreras, ya obreras al margen del campo, empiezan a trabajar a partir de 1812 en las fábricas de Sevilla, Madrid y Alicante. Más tarde en Cádiz... En 1850 su cifra se eleva a más de 12.000 obreras. En 1818 se empiezan a organizar, protestando de sus pésimas condiciones de trabajo y los bajos salarios. Tras grandes revueltas y huelgas, logran conseguir un pequeño salario fijo (antes trabajaban a destajo), las primeras salas de lactancia en España, guardería y escuelas dentro de las fábricas. Crearon además la organización solidaria “Hermandades de Socorro Mutuo”. Muchas de ellas, además se afiliaron a club de librepensamiento y republicanos. Hicieron famosos su plante ante los guindillas (policía), su rechazo a la iglesia y al matrimonio. (Texto extraído del libro Rebeldes periféricas del siglo XIX, de Ana Muiña.) (Cuadro de Gionzalo Bilbao. 1915. Las cigarreras.)

Obispos, arzobispos, curas, capellanes y su Cruzada de muerte. La muy santa, muy católica, muy apostólica y españolísima iglesia. El cura de Navarra Antonio Oña, armado con pistola y uniforme de campaña, decía a una madre que intercedía por la vida de su hijo condenado a muerte: «Mira hija, si lo matan ahora irá al cielo. Si no lo matan, volverá a la andadas y se condenará. ¿Qué mejor momento para morir que ahora que está confesado?». Fue nombrado canónigo de Pamplona y en 1956 ascendió a Obispo de Mondoñedo. El cura de Zafra (Badajoz), Juan Galán Bermejo, capellán de la 11ª bandera del 2º Regimiento, estaba entre los asaltantes a la catedral. Descubrió a un miliciano escondido en un confesionario y lo mató con su pistola. Galán se jactaba, mostrando su pistola, de que llevaba «quitados de en medio más de cien marxistas». Fue mucho peor, se le atribuyen 750 asesinatos. El sacerdote de Calahorra (Logroño) Francisco Lajusticia vestía el uniforme de Falange con pistola al cinto. El cura de Badajoz, Isidro Lombas (o Lomba) Méndez participó en la represión, pues elaboraba las listas de quienes aún vivían y había que detener para llevarlos a la Plaza de Toros. El coadjutor de la parroquia de Murchante (Navarra) Luis Fernández Magaña, administrador del Conde de Rodezno era requeté y daba los tiros de gracia a los fusilados que habían sido sacados de la cárcel de Tafalla por un grupo de requetés el 21 de octubre de 1936, antes de arrastrarlos a la fosa común. Hermenegildo de Fustiñana, capuchino y capellán carlista, el 6 de agosto de 1936, junto a otros carlistas, sacó de la cárcel de Jaca a Desideria Giménez de 16 años, y a Pilar Vizcarra, embarazada, que una semana antes había visto como era asesinado su esposo. Las mataron vilmente en campo abierto. El médico de Sábada (Zaragoza) pidió que se demorara la ejecución de la joven de 19 años Basilia Casaus, embarazada de gemelos, se esperaba que diera a luz en apenas 2 semanas. Guardia civil y falangistas estuvieron de acuerdo en el aplazamiento, pero el cura del pueblo, primo de la víctima, se negó en rotundo diciendo: “Hay que fusilarla, muerto el animal, muerta la rabia”. Los deseos de este psicópata fueron atendidos y fue fusilada frente al castillo de Sádaba. Por la sastrería eclesiástica de Benito Santesteban en Navarra, pasó a comienzos del verano de 1936, días antes del «glorioso movimiento nacional», el obispo de Zamora Manuel Arce Ochotorena, quien al despedirse de Santesteban le dijo: «Bueno, si en lugar de sotanas me envías fusiles ¡mejor que mejor! Ya me entiendes.» El sacerdote Alejandro Martíne, le contó a Ronald Fraser para su historia oral de la guerra civil que «fue a partir de aquel día [14 de abril de 1931] cuando comprendí que nada se conseguiría por medios legales, que para salvarnos tendríamos que sublevarnos antes o después.» Ramón Palacios García, párroco de la localidad burgalesa de Hormaza, quien se había «ofrecido» desde el mismo día de la sublevación a Falange Española «y en su doble calidad de soldado y ministro del Señor, acudió después allí donde el deber le llamaba», al frente de guerra. Cayó herido «alabando a Dios y vitoreando a España por brindarle aquella ocasión de derramar la sangre por su Patria». Según la crónica del Diario de Burgos del 18 de agosto, ese belicoso sacerdote se había incorporado a la «innumerable falange de mártires de la cruzada». En Alsasua, según el testimonio del entonces párroco Marino Ayerra, los capuchinos «estaban como fuera de sí, poseídos de la exaltación de la hora mesiánica». «Hemos hablado con los requetés», declaraba el padre jesuíta Huidobro, capellán de la Legión, «que lo llenan todo de religioso idealismo, patria y hasta elegancia (…) ¡Cómo hablan de la muerte!… Este espectáculo de un pueblo que sólo sabe rezar y luchar es algo tan grande…». Y fray Justo Pérez de Urbel escribía: «¡Qué estallido de entusiasmo! ¡Qué desprecio a la muerte!”» En Badajoz, un cura le dijo a Mario Neves (periodista portugués revelador de la matanza de la plaza de toros) que los muertos eran tantos que no era posible darles sepultura inmediata y que sólo la incineración masiva conseguiría evitar que los cadáveres se pudrieran. El 17 de agosto el cura acompañó a Neves al cementerio. Habían derramado gasolina y centenares de cuerpos ardían. El sacerdote, consciente de que el espectáculo desagradaba a Neves, se lo explicó con toda claridad: «Merecían esto. Además, es una medida de higiene indispensable.» El arzobispo de Santiago Tomás Muniz, en una circular del 11 de noviembre de 1936 ordenaba a los párrocos que se abstuviesen «de dar certificados de buena conducta religiosa a los afiliados a sociedades marxistas». Lo que tenían que hacer los curas era «…certificar en conciencia, sin miramiento alguno, sin tender a consideraciones humanas de ninguna clase». El párroco de Calamocha (Teruel), informó sobre un maestro de Badalona como «fusilable». El cura de Nierva (Segovia) escribió sobre el maestro Mariano Domínguez, asesinado en agosto de 1936: “Nunca cumplió con sus deberes cristianos, poseía ideas avanzadas en la escuela antirreligiosa y antipatriótica en grado supremo”. Antonio Añoveros, después obispo de Bilbao, estuvo presente en la matanza de las Bardenas, y un cura castrense, lejos de paralizar la matanza, bendijo la barbarie de Valdediós. El cura de Obanos, Santos Beguiristáin, participó activamente contra los vecinos Republicanos de los cuales elaboraba listas: Los fusilados eran “muertos por el peso de la justicia”. Tras la entrada en el pueblo de los franquistas, el cura de Rociana, Huelva, Eduardo Martínez clamaba desde el balcón del ayuntamiento: ¡Guerra contra ellos hasta que no quede ni la última raíz!, porque los 200 que ya habían asesinado le parecían pocos. Tras sus informes, 2 meses después se detuvo, juzgó y fusiló a otros 15 vecinos. Un capellán castrense entró en los barrios obreros sevillanos de La Macarena con la columna de legionarios y falangistas “a sangre y fuego”. El cura de Pamplona Fermín Izurdiaga, fundador de “Arriba España” y de “Jerarquía, revista negra de la Falange” animaba así: “Tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, sus propagandas. ¡Por Dios y por la Patria!”. El sádico jesuita Vendrell, párroco de la cárcel de Alicante, que llevaba un crucifijo del nueve largo bajo la sotana, les decía a los que iban a ser fusilados “No tened miedo porque los moritos tienen buena puntería”. El coadjutor de la parroquia de La Concepción (Huelva), Luis Calderón Tejero realizó un fichero de “rojos” que, después de la guerra, se convirtió en «información cualificada» del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo”. El predicador de la iglesia de la Merced de Burgos pedía un castigo implacable: «Que su semilla sea borrada, la semilla del mal, la semilla del diablo, los hijos de Belcebú son los enemigos de Dios». Rodríguez se llamaba el cura verdugo del penal de Ocaña, encargado de dar los tiros de gracia con su pistola star a los fusilados, otras veces los golpeaba con un martillo en la cabeza. Enrique Pla y Deniel, obispo de Salamanca: La guerra es “necesaria” y “una gran escuela forjadora de hombres”. En 1939, exterminada la II República Gomá recibió de Franco, en la iglesia madrileña de Santa Bárbara, el espadón de caudillo victorioso y paseó al dictador bajo palio con varios obispos saludando brazo en alto, al modo fascista. (Recopilatorio realizado por Tulio Riomesta para Tercerainformación)

Enclaves de represión ‘olvidados’ de nuestra historia. Centenares de lugares relacionados con la memoria histórica antifascista en España permanecen en el olvido, por la ocultación o blanqueamiento institucional. En el caso de un gran número de ellos, la gravedad es doble, no solo por su estado de abandono, sino también por su emplazamiento, en lugares de máxima visibilidad que se han resignificado sin tener en cuenta su pasado. Son concurridas playas, céntricas calles, centros académicos o incluso campos de fútbol… Un fenómeno “inédito” en Europa, advierten quienes lo han investigado. De los más de 300 centros identificados, el periodista Carlos Hernández señala que alrededor del 90% de ellos no cuenta con ningún tipo de señalización. “Hay multitud de sitios por los que pasamos que no tenemos ni idea de que fueron lugares horrorosos”. Los vecinos de la localidad castellonense de Moncófar recorren a diario la playa situada en el centro del pueblo. Pocos saben que allí mismo, donde en verano se extienden toallas y hamacas, hace más de 80 años miles de presos republicanos fueron recluidos en un campo de concentración. En la actualidad, ninguna placa o inscripción recuerda lo sucedido. Tan solo los trabajos de un equipo de arqueólogos en una fosa cercana han logrado desenterrar los vestigios de lo que en su día fue una temible prisión política. Allí fueron encontrados seis cuerpos que corresponderían a personas detenidas en este campo, en su mayoría miembros del Ejército y de la Administración republicana. Santander, donde las tropas italianas habilitaron tres campos distintos: más de 20.000 prisioneros republicanos fueron hacinados entre las instalaciones del hipódromo, los Campos de Sport de El Sardinero (el actual estadio del Racing de Santander) y la plaza de toros. En la misma ciudad, las caballerizas del Palacio de la Magdalena, residencia veraniega de la Casa Real a principios de siglo XX, también fueron destinadas para este uso por las tropas de Franco. Albergaron a más de 1.600 cautivos hasta noviembre 1939, cuando la capacidad máxima del lugar no excede las 600 personas. En la actualidad, el edificio se utiliza como residencia de estudiantes de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Madrid, donde hoy se levanta un imponente Santiago Bernabéu en 1946 se encontraba el mucho más modesto Estadio de Chamartín, que albergaba los partidos del Real Madrid. En abril de 1939, este espacio fue un campo de concentración donde llegaron a hacinarse entre 15.000 y 20.000 prisioneros. Tampoco se salva el campo del Atlético de Madrid, entonces Atlético de Aviación, emplazado a finales de los años 30 en el barrio madrileño de Ciudad Universitaria y que sirvió del mismo modo. Bilbao, en la Universidad de Deusto. Más de 4.000 presos fueron allí concentrados en 1938, un número que doblaba su capacidad máxima. Fue uno de los campos más duros del franquismo. Ninguna inscripción en la actualidad reconoce o hace mención a estos hechos…