Rodrigo Chaves plantea referendo sobre plan para eliminar controles en contratación pública
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, propuso llevar a referendo un proyecto de ley que eliminaría controles sobre la contratación pública, en específico los que ejerce la Contraloría General de la República (CGR).
El expediente 24.364, presentado este miércoles a la Asamblea Legislativa, impediría a la Contraloría revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de que estos sean ejecutados; solo se le permitiría actuar en forma posterior.
Además, se le retiraría a la CGR la potestad de suspender la ejecución de actos y contratos del Estado cuando detecta irregularidades o ilegalidades en las contrataciones. La propuesta de Chaves es que los procesos solo puedan suspenderse mediante orden judicial.
Además, el proyecto establecería que la CGR “no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión”.
Agrega que tampoco podrá sustituir las competencias de la administración “en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutiva, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa”.
En el artículo 11 de la misma ley de la Contraloría, donde se describe el objetivo del control y la fiscalización sobre la Hacienda Pública, el proyecto invertiría el orden en que se expresan los fines primordiales del ordenamiento legal.
Hoy, el artículo establece, en primer lugar, el fin de garantizar la legalidad en el manejo de los fondos públicos y, segundo, la eficiencia de los controles internos. Con la propuesta, se priorizaría la eficiencia de los controles internos y, luego, la legalidad en el manejo de los fondos públicos.
El proyecto cambiaría los artículos 4, 11, 12, 17, 22 y 38 de la ley 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
El texto, además, agregaría una reforma al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública. Esa es la misma reforma que el gobierno presentó para poder contratar al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sin concurso público, el desarrollo de Ciudad Gobierno. Según la CGR, este texto abriría la puerta para las contrataciones a dedo, en contraposición a los controles legales y el principio de concurso público fijado en la Constitución Política.
Además, el proyecto habilitaría a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) para que pueda incluir bienes inmuebles propiedad del Estado o bajo su administración en alianzas con otras entidades públicas o privadas, para desarrollar obras.
Chaves solicitó a los diputados, este miércoles, apoyar el referendo.
La legislación establece que los legisladores pueden convocar a referendo con dos terceras partes de los votos (38), o bien, con mayoría absoluta (29 votos) más el apoyo del Poder Ejecutivo.
La otra vía es la iniciativa ciudadana, con el 5% de firmas de los habitantes registrados en el padrón electoral. El presidente dijo que, en forma paralela, se impulsará esta recolección de firmas para lo cual se pedirá autorización al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
En la exposición de motivos de la iniciativa, se reconoce que uno de los principales objetivos del proyecto es la construcción de Ciudad Gobierno.