OTRA VEZ LA JUSTICIA HACIENDO DE LAS SUYAS Tras 15 meses de investigación, la Policía Nacional logró desarticular una estructura criminal vinculada al grupo delincuencial organizado Los Lobos y capturó a 11 de sus integrantes por el presunto delito de delincuencia organizada. Sin embargo, durante la audiencia de formulación de cargos, el juez Vicente Fernando Hidalgo Maldonado, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, en Quito, resolvió otorgar medidas cautelares a cuatro de los once procesados, pese a los elementos presentados por la Fiscalía y la Policía sobre su presunta participación dentro de la estructura. Entre los beneficiados consta Juan Carlos Mancilla Montes, alias “Guareña”, señalado como uno de los principales integrantes de la organización. Su defensa presentó certificados médicos por supuestas enfermedades de tuberculosis y VIH, documentos cuya validez habría sido cuestionada, mientras que un certificado emitido por un médico del Centro de Salud de Chimbacalle señala que se encuentra en buen estado de salud. También recibió medidas cautelares Marcia Nelly Pomatoca Cuenca, identificada en la investigación como presunta testaferra de la organización y quien, según los informes investigativos, habría manejado alrededor de dos millones de dólares en depósitos y transferencias bancarias. Asimismo, se benefició a María Valeria Torres Ávila, señalada como coordinadora de actividades dentro de la estructura junto a otro procesado que sí recibió prisión preventiva. Finalmente, Neydily Julitza Briones Rivas obtuvo medidas cautelares por su estado de gestación. Mientras tanto, los otros siete procesados recibieron prisión preventiva. La pregunta que surge es inevitable: ¿hasta cuándo el Ecuador seguirá viendo cómo complejas investigaciones contra el crimen organizado terminan debilitadas por decisiones judiciales que generan indignación y desconfianza ciudadana? La lucha contra las mafias exige el compromiso de todas las instituciones del Estado. No puede haber una Policía que arriesga su vida para capturar delincuentes y una justicia que, una vez más, envía señales equivocadas al país.

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