Esta sanción canónica, aunque la considere nula, conlleva graves repercusiones eclesiales, institucionales y personales que me entristecen profundamente, y que resultan chirriantes si se comparan con la impunidad de la que gozan cardenales, obispos y sacerdotes notoriamente heréticos y corruptos.
Entre estos no puedo dejar de mencionar a Eleuterio Vásquez Gonzales, conocido en Chiclayo como «padre Lute», acusado de haber abusado sexualmente de algunas jóvenes víctimas. La Santa Sede ha concedido recientemente al «padre Lute» la dimisión del estado clerical sin un proceso canónico regular, dejándolo de hecho impune; mientras tanto, el abogado canonista de las víctimas, Mons. Ricardo Coronado Arrascue, fue apartado de sus funciones legales, reducido al estado laical e investigado por acusaciones difamatorias. La historia me fue documentada y detalladamente expuesta por el mismo Mons. Coronado. Este caso repite el mismo modus operandi de Bergoglio ya adoptado con McCarrick y revela una aberrante administración de la justicia por parte de la Santa Sede.
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