Macarena Peña es profesional de la salud, firmó el CAE a los 17 años porque no tenía otra forma de costear su carrera, y lleva al menos tres años renovando convenios anuales con la Tesorería General de la República para mantener su deuda al día.
En los períodos más difíciles, cuando estuvo cesante, el cobro mínimo era de $7.000 al mes y ella misma lo subió voluntariamente a $50.000. Cuando consiguió contrato fijo, subió su cuota a $250.000 mensuales, monto que pagó hasta mayo de este año.
En junio tenía que renovar su convenio, y ahí apareció el problema: para retomarlo le exigieron un pie inmediato de $1.500.000, equivalente a su sueldo completo, sin ninguna facilidad de pago. Mientras juntaba ese dinero, el día 3 de junio le llegó una demanda de embargo, siendo tratada exactamente igual que quienes llevan años sin pagar un peso.
Tuvo que recurrir a su tarjeta de crédito para cubrir el pie en cuotas, sumando ese costo a su cuota mensual de $230.000. Lo más duro, dice, es que pidió entre $13 y $14 millones, y su deuda llegó a casi $26 millones pagando $110.000 al mes, porque los intereses la hacían crecer igual.