🔴 Daniela estudió, se tituló de fonoaudióloga, trabaja en dos empleos y además sostiene a su madre y a su hermano menor. Sin embargo, el Estado le responde con una notificación de embargo por una deuda del CAE.
Aquí aparece una pregunta incómoda: ¿qué sentido tiene perseguir judicialmente a profesionales que trabajan y aportan al país, mientras grandes fortunas eluden impuestos o trasladan su dinero a paraísos fiscales?
El CAE terminó transformando el derecho a estudiar en una deuda de largo plazo, con intereses y mecanismos de cobro que muchas familias perciben como abusivos. No se castiga el fracaso académico, sino que incluso el esfuerzo, el trabajo y la movilidad social pueden terminar acompañados por años de endeudamiento.
Una sociedad que embarga a una trabajadora para cobrar una deuda educativa, mientras tolera privilegios para quienes tienen más recursos, no está premiando el mérito: está castigando la necesidad de estudiar para salir adelante.