La derogación del decreto 222/2003, en los términos planteados, atenta regresivamente contra el derecho a la no discriminación en razón del género (art. 75.23 de la Constitución e IIDH que tienen jerarquía constitucional), restringe la participación de la sociedad y vulnera la garantía del federalismo como elemento central del Estado constitucional y convencional de derecho argentino. Es una muestra más del desprecio hacia la República, el sistema democrático y el orden constitucional que exuda este gobierno en cada uno de sus actos.
Como la CSJN con su posición anacrónica sobre la legitimación procesal y el caso blindó las prácticas autócratas del gobierno, será muy difícil controvertirlo judicialmente.
Esto no debe importar, la lucha contra la autocracia continúa, ya vendrán tiempos constitucionales y republicanos mejores.
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