¿Y lo que estamos aprendiendo de política? El máster que nadie nos pidió
Entre tantos informes policiales, imputaciones, filtraciones y ruedas de prensa hay algo que no se está reconociendo lo suficiente, y no es otra cosa que la política española se está convirtiendo en toda una academia gratuita.
Y es que el gran mérito de la política española de estos años no ha sido regenerar el país, abaratar la vida, mejorar los servicios públicos o devolver a los ciudadanos la confianza en sus dirigentes.
Su gran mérito ha sido otro, porque nos ha obligado a aprender.
Hace apenas una década, un ciudadano podía vivir tranquilamente sin aprender qué era el lawfare, una acusación popular, un aforamiento o una revelación de secretos.
Eran palabras de juristas, periodistas de tribunales, opositores y funcionarios. Vocabulario de juzgado, de pasillo judicial y de esos titulares densos que uno leía por encima antes de pasar a los deportes.
Hoy, en cambio, media España sabe que no es lo mismo estar investigado que estar condenado. Sabe que un auto no es una sentencia. Sabe que una filtración puede ser noticia, maniobra política o delito. Sabe que la UCO no es una marca de electrodomésticos.
Sabe incluso que el fiscal general del Estado no brota de un manantial de pureza institucional, sino que lo nombra el Gobierno de turno.
Y también sabe que, cuando una trama beneficia de forma directa al poder, la defensa no siempre busca resultar creíble ante el ciudadano. A veces solo busca ser jurídicamente respirable. No se trata de convencer a la gente, sino de no regalarle al juez la pistola humeante.
España no está viviendo solo una crisis política. Está haciendo una carrera universitaria involuntaria.
El Estado no era una entelequia
Durante años se habló del Estado como si fuera una atmósfera benéfica formada por palabras hermosas. Democracia, progreso, convivencia, regeneración, derechos, transparencia, pluralismo, igualdad... Todo muy bonito.
Pero el Estado no funciona con discursos. Funciona con competencias, jerarquías, firmas, presupuestos, fiscales, jueces, policías, interventores, boletines oficiales y personas concretas colocadas en sitios concretos.
Ahí empieza la verdadera educación política. El ciudadano que antes escuchaba algo sobre la Fiscalía General del Estado como quien oye llover, ahora sabe que Álvaro García Ortiz no era un comentarista jurídico más, sino el fiscal general del Estado.
Y también sabe que acabó condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, con pena de multa e inhabilitación para ejercer ese cargo durante dos años.
Es difícil imaginar una clase más clara sobre la diferencia entre independencia formal, dependencia jerárquica y responsabilidad institucional.
Lo mismo ha ocurrido con el CGPJ. Durante más de cinco años, desde 2018 hasta 2024, España tuvo bloqueado el órgano de gobierno de los jueces, mientras los partidos proclamaban su amor por la independencia judicial con la misma pasión con la que calculaban el reparto de vocales.
La independencia judicial, al parecer, es sagrada. Pero conviene contar bien los santos antes de sacar la procesión.
Derecho Procesal para adultos
Uno de los grandes avances culturales de esta época es que ya no hablamos de justicia como quien habla del tiempo. Hemos empezado a distinguir palabras.
Investigado no significa condenado. Imputado no significa culpable. Un auto no es una sentencia. Una diligencia no es una prueba definitiva. Una causa abierta no equivale a una condena penal. Un archivo no siempre es una absolución moral. Una absolución penal no siempre borra la responsabilidad política.
Esto ya lo sabían los juristas, claro. Ahora lo sabe media España. Y lo ha aprendido de la forma más española posible, viendo cómo los partidos cambian de doctrina según el nombre escrito en la portada del sumario.
Cuando se habla de Begoña Gómez, David Sánchez, José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, Alberto González Amador, Mónica Oltra, José Antonio Griñán o Francisco Camps, la teoría jurídica se vuelve milagrosamente flexible.
Los mismos que ayer exigían dimisiones preventivas hoy piden esperar al último recurso. Los mismos que ayer invocaban la presunción de inocencia hoy dictan condena moral con un pantallazo.
La presunción de inocencia es un principio admirable, sobre todo cuando nos conviene.
La edad de oro de las siglas
También hemos aprendido siglas. Muchas siglas. UCO, UDEF, SEPI, CNMC, CGPJ, TC, TS...
Hace unos años buena parte de esas instituciones sonaban a muebles administrativos del Estado. Estaban ahí, ocupaban titulares de vez en cuando, emitían informes, resoluciones o sentencias, pero no formaban parte de la conversación cotidiana. Ahora han entrado en el salón de casa.
La UCO, creada en 1987 como unidad central de Policía Judicial de la Guardia Civil, ha pasado de ser una estructura casi invisible para la mayoría de la población a convertirse en uno de los personajes principales de la vida pública española.
Sus informes se leen como antes se leían las novelas por entregas, con subrayados, nombres propios, reuniones, mensajes, agendas, sociedades, contratos, familiares, asesores y silencios muy elocuentes.
Koldo García, antiguo asesor de Ábalos, convirtió a media España en especialista improvisada en mascarillas, mordidas, ministerios, adjudicaciones y teléfonos intervenidos.
Santos Cerdán llevó a muchos ciudadanos a mirar Ferraz no como sede sentimental de un partido, sino como posible nudo material de relaciones, favores, mensajes y contactos.
Leire Díez nos ha regalado otra asignatura inesperada sobre fontanería política, conversaciones grabadas, fiscales, guardias civiles y esa curiosa vocación de algunos por limpiar el Estado ensuciándolo todo.
Ahí se aprende más política real que en cien discursos de campaña.
Lawfare, la palabra mágica
Quizá ningún término represente mejor estos años que lawfare.
Durante siglos tuvimos palabras más precisas. Prevaricación. Abuso de poder. Persecución política. Instrumentalización de la justicia. Guerra sucia. Denuncia falsa.
El problema de esas palabras es que obligan a concretar. Hay que señalar un acto, una norma, un juez, una resolución, una conducta verificable, una prueba, un artículo vulnerado.
Lawfare, en cambio, tiene la ventaja de la niebla. Sirve para insinuar sin demostrar, denunciar sin precisar y envolver cualquier procedimiento incómodo en un perfume internacional de conspiración democrática.
Si un juez investiga al adversario, hay justicia. Si investiga a los nuestros, puede haber lawfare. Si una instancia confirma lo que conviene, el sistema funciona. Si lo desmiente, la conspiración es más profunda de lo que parecía.
El término no es inútil. Puede describir abusos reales. El problema empieza cuando deja de ser una categoría de análisis y se convierte en un salvoconducto ideológico. Entonces ya no aclara la realidad. La sustituye.
Cloacas para todos
También hemos aprendido que las cloacas no son una anomalía pintoresca del pasado, sino una posibilidad permanente del poder.
Durante años se habló de cloacas para referirse a comisarios creativos, policías patrióticos, informes reservados, periodistas alimentados por filtraciones, operaciones de intoxicación y guerras sucias diseñadas para destruir adversarios.
El error fue creer que esas cloacas pertenecían a una sigla concreta, a una época concreta o a una familia ideológica concreta. Como si el aparato del Estado solo pudiera pudrirse en manos del enemigo.
La realidad es menos cómoda.
La tentación de usar información sensible, condicionar testimonios, buscar fiscales amigos, presionar investigaciones, mover contactos, fabricar relatos o convertir funcionarios en fontaneros no pertenece a una ideología. Pertenece al poder cuando deja de reconocer límites.
Por eso el caso Kitchen, el caso Villarejo, el caso Koldo, las conversaciones atribuidas a Leire Díez o las distintas guerras alrededor de fiscales, jueces y policías no deberían leerse solo como batallas partidistas. Son recordatorios de una verdad más desagradable.
El Estado no se corrompe porque lo toque una ideología impura. Se corrompe cuando alguien cree que el partido y el Estado son la misma cosa.
Corrupción propia y corrupción ajena
La corrupción también nos está educando. Antes parecía una materia sencilla. Desviar dinero público estaba mal. Favorecer a familiares estaba mal. Manipular contratos estaba mal. Colocar amigos estaba mal. Usar instituciones para proteger al partido estaba mal.
Ahora somos mucho más sofisticados.
Existe la corrupción ajena, que es estructural, insoportable y demuestra la podredumbre moral de toda una organización.
Y existe la corrupción propia, que exige contexto, prudencia, garantías, perspectiva histórica, análisis sociológico y una paciencia casi monástica.
España ha conseguido convertir la corrupción en una disciplina de doble itinerario. Fatal para el adversario, relativa para los nuestros.
Ahí están los ERE de Andalucía, con cientos de millones bajo sospecha durante años. Ahí están Gürtel, Púnica, Kitchen, los cursos de formación, las mascarillas, las subvenciones, los contratos públicos, los asesores, los hermanos, las esposas, los novios, los intermediarios...
Cada caso cambia de significado según el color del intérprete. Si afecta al rival, revela un sistema. Si afecta al propio, es una anécdota pendiente de contexto.
La amnistía y el milagro semántico
También hemos aprendido que las palabras políticas no significan siempre lo mismo.
Durante años se dijo que la amnistía era imposible, inconstitucional o indeseable. Después pasó a ser una medida de convivencia, reconciliación y normalización democrática.
La Constitución no cambió. Cambió la aritmética parlamentaria. Y con ella cambió el diccionario.
Algo parecido ocurrió con los indultos del procés, con la sedición, con la malversación, con la reforma del Código Penal o con la idea misma de “desjudicializar” la política.
Millones de ciudadanos han descubierto que, en España, algunas categorías jurídicas no se transforman por una revolución doctrinal, sino por una necesidad de investidura.
Es una enseñanza dura, pero muy útil. La teoría suele llegar después de los votos.
El relato contra la realidad
El gran conflicto de nuestro tiempo no es simplemente entre izquierda y derecha. Es entre relato y realidad.
El relato dice democracia. La realidad pregunta quién nombra.
El relato dice regeneración. La realidad pregunta quién contrata.
El relato dice lawfare. La realidad pregunta qué auto, qué juez, qué indicio, qué recurso y qué artículo vulnerado.
El relato dice fango. La realidad pregunta quién llamó, quién cobró, quién firmó, quién filtró, quién se reunió y quién dio la orden.
Por eso el relato necesita tanto ruido. Necesita convertir cada hecho en emoción y cada expediente en una epopeya emocional. Necesita que la gente no lea, sino que reaccione.
Que no compare fechas, sino que escoja bando. Que no distinga entre responsabilidad penal y política, sino que abrace una consigna como quien se agarra a una bandera en mitad del temporal.
Pero un ciudadano que lee fechas, cargos, competencias y documentos empieza a ser peligroso. Ya no pregunta si algo suena bien. Pregunta si encaja.
La pedagogía involuntaria del poder
La paradoja es magnífica. Quienes más han querido envolver la política en sentimentalismo, propaganda y épica democrática han terminado obligando a millones de ciudadanos a estudiar el armazón real del Estado.
Ahora la gente sabe que el fiscal general lo propone el Gobierno. Sabe que el CGPJ no es un adorno. Sabe que la UCO existe. Sabe que la acusación popular puede empujar causas que el poder preferiría enterrar. Sabe que un aforado no es un ciudadano cualquiera ante el juez. Sabe que una filtración puede ser periodismo o delito según quién filtre, qué filtre y con qué finalidad.
También sabe que el Tribunal Constitucional no es una abstracción celestial, sino un órgano formado por magistrados elegidos mediante procedimientos políticos.
Que el Tribunal Supremo no es una tertulia. Que la Audiencia Nacional no es una palabra decorativa. Que el Tribunal de Cuentas puede ser decisivo cuando el dinero público deja rastro. Que la SEPI, la CNMC o las empresas públicas no son siglas aburridas, sino lugares donde el poder económico y el poder político se rozan de forma muy concreta.
Y sabe, sobre todo, que la separación de poderes no consiste en recitarla en una rueda de prensa. Consiste en impedir que el Ejecutivo convierta las instituciones en una prolongación administrativa del partido.
Eso no se aprende en los lemas. Se aprende viendo funcionar la maquinaria.
La lección final
Quizá esta sea la enseñanza más incómoda de todas, que el ciudadano español está aprendiendo política de verdad.
No la política de los carteles, los hashtags, los discursos lacrimógenos y las apelaciones abstractas a la democracia.
La política real. La que se mide en boletines oficiales, nombramientos, sumarios, interventores, fiscales, jueces, policías judiciales, empresas públicas, contratos, subvenciones, informes y silencios.
Y eso puede convertirse en un problema serio para quienes viven de administrar la ignorancia.
Porque un ciudadano que no entiende el Estado solo puede elegir entre relatos. Pero un ciudadano que empieza a entender sus mecanismos puede hacer algo mucho más corrosivo.
Puede preguntar. Y cuando una sociedad empieza a preguntar quién nombra, quién firma, quién cobra, quién tapa, quién filtra, quién archiva, quién indulta, quién obedece y quién se beneficia, el poder deja de parecer sagrado. Empieza a parecer lo que es.
Una maquinaria humana, demasiado humana, que solo merece obediencia mientras acepta ser vigilada.