Pretender echarle la culpa a la Corte Constitucional de lo que pueda pasar con la energía en el Ecuador no solo es de perdedores, es de osados.
No olvidemos los hechos:
Los contratos de Progen y Austral Technical Management suman USD 238 millones.
De ese monto, se pagaron cerca de USD 140 millones, sin garantías, a dedo y hasta hoy sin un solo preso.
Entonces, según el Estado, la culpa de lo que pueda pasar es de la Corte Constitucional.
Pero cuando entregaron USD 140 millones del dinero de los ecuatorianos, nadie asumió responsabilidades.
La verdad es que en este país todo está al revés.
Ahora resulta que el problema es la Corte Constitucional, mientras se lincha mediáticamente a los jueces para tapar errores propios.
¿Cuándo se van a hacer cargo de sus decisiones?
Así no se gobierna.