La Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía se ha convertido en el principal mecanismo de financiación de la inmigración masiva y descontrolada en nuestra comunidad.
A través de subvenciones millonarias a ONGs y ayuntamientos, actúa como un paraguas que gestiona las consecuencias de la llegada ilegal en lugar de combatir sus causas. Su filosofía, alineada con el Pacto de Marrakech, prioriza la acogida sobre el control.
Es urgente reconvertir la Dirección General de Políticas Migratorias en un órgano orientado a combatir la inmigración ilegal. Dotándolo de funciones claras de análisis y diagnóstico, coordinación interautonómica, acción exterior articulada con la estrategia autonómica y control riguroso de las subvenciones públicas. El objetivo es pasar de gestionar las consecuencias a contribuir activamente a su disuasión y reducción.
VOX tiene ahora la oportunidad de liderar ese cambio si entra en el próximo Gobierno andaluz. No se trata de gestionar mejor el problema. Se trata de combatirlo frontalmente y reducirlo.