Reponer la justicia militar
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Reponer la justicia policial y militar en casos sobre derechos humanos es una maniobra que se mueve en tres escenarios.
En lo inmediato, ofrece una garantía institucional de inmunidad para las fuerzas del orden que funcionará si la tensión que estamos respirando deviene en una nueva ola de protestas.
Además, binariza. Es sencillo anticipar quiénes estaremos en contra de la medida y quiénes la respaldarán. En esa dimensión, la maniobra confirma lazos de alianza ideológica en respaldo al nuevo gobierno y refuerza polarizaciones ya establecidas.
Pero, en tercer lugar, nos jala hacia atrás. En lugar de comenzar el ciclo lanzando verdaderas plataformas de negociación, el fujimorismo —porque aquí es visible la mano de Fernando Rospigliosi— nos reinstala en el mundo del desmontaje institucional en el que hemos vivido todos estos años.
Si las señales no cambian, quedará claro que el fujimorismo está atascado en sus propias limitaciones de perspectiva. Está atascado en la demolición de instituciones. No entiende que existe una ruta alternativa que nos permitiría superar la etapa del desmontaje y comenzar a construir un país con lo que, en términos institucionales, nos han dejado, aunque sea casi nada.