El "litigante" perpetuo
O de cómo el imperio de las leyes se pone al servicio de la guerra de los hombres.
La democracia es, en su núcleo, un ejercicio de persuasión entre iguales. En las semanas previas a una segunda vuelta presidencial, el país tiene derecho a asistir al momento culminante de la deliberación pública: el contraste de visiones de Estado, el examen de los programas de gobierno, el debate abierto donde la palabra es la única herramienta legítima para ganar el favor ciudadano. La salud de una república se mide por la disposición de sus líderes a someterse a ese escrutinio, que es exigente precisamente porque no admite atajos.
Sin embargo, a diez días de que los colombianos acudan a las urnas, el país asistió a una puesta en escena de otra naturaleza. Iván Cepeda convocó una rueda de prensa para anunciar, en sus palabras, que «en este momento precisamente estamos presentando denuncia penal contra el abogado De la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional», por tres delitos que su comunicado asocia con crímenes de lesa humanidad: concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito. No es un acto de justicia. Es un acto de campaña que toma prestada la liturgia de la justicia, y la diferencia entre ambas cosas merece ser examinada con la precisión que el propio anuncio elude.
Comencemos por la mitad internacional del gesto, que es la más reveladora. Ante la Corte Penal Internacional no se radican denuncias. El Estatuto de Roma permite a cualquier persona enviar comunicaciones a la Fiscalía del tribunal bajo el artículo 15, escritos que no abren proceso alguno ni obligan a nada, y que se cuentan por miles cada año. Más decisivo aún es el principio de complementariedad, piedra angular de ese tribunal: la Corte solo interviene cuando la justicia nacional no quiere o no puede actuar. Y ocurre que el fiscal de la CPI, Karim Khan, cerró el examen preliminar sobre Colombia el 28 de octubre de 2021, tras dos décadas de observación, y selló la decisión con un acuerdo de cooperación con el Estado colombiano: la conclusión expresa, reiterada en el informe final de su despacho en 2023, fue que la justicia nacional investiga y juzga. Invocar ese tribunal a diez días de una elección no es litigar: es escenografía con membrete internacional, diseñada para el titular de prensa y no para el estrado.
La mitad doméstica exige todavía más rigor. Cepeda sostiene que su denuncia «incluye elementos nuevos, que han ido apareciendo en el tiempo». El expediente dice otra cosa. El 9 de junio de 2009, la Fiscalía 10 Especializada precluyó la investigación contra De la Espriella por concierto para delinquir agravado y lavado de activos, el núcleo del relato sobre la fundación FIPAZ. El 2 de abril de 2012, la Fiscalía Sexta Especializada se abstuvo de iniciar instrucción tras la compulsa derivada de la condena del exrepresentante Sánchez Morales. En 2014, la Corte Suprema volvió a compulsar copias por el testimonio de alias el Tuso Sierra, el hombre de los cuatro mil millones que hoy reaparece como quinto hecho relevante, y la investigación resultante fue precluida a finales de ese mismo año. El 12 de noviembre de 2021, la Fiscalía 13 Especializada archivó el proceso al no hallar evidencia alguna de lavado ni de enriquecimiento ilícito, después de que el propio Tuso reconociera en video que los pagos que denunciaba eran honorarios profesionales. Y en febrero de este año, bajo la actual administración de la Fiscalía, la Fiscalía 22 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá archivó el proceso derivado del caso DMG, el más antiguo de los que seguían abiertos contra el candidato. Cuatro despachos distintos, cuatro fiscales generales de orientaciones diversas, diecisiete años, una misma conclusión.
Se dirá, porque ya se insinúa, que la preclusión de 2009 ocurrió bajo un fiscal cuestionado. El argumento se desarma solo: para sostener la tesis de la captura habría que suponer que también conspiraron a favor del denunciado los fiscales que vinieron después, incluida la fiscal general elegida de terna del presidente que hoy respalda la candidatura de Cepeda. Cuando una hipótesis exige que diecisiete años de institucionalidad judicial, atravesando gobiernos opuestos, hayan funcionado como una sola maquinaria al servicio de un particular, esa hipótesis ha dejado de ser jurídica y se ha vuelto teológica.
Hay, conviene decirlo con honestidad, un residuo real en el anuncio: la compulsa de copias que la Corte Suprema ordenó en 2013 a propósito de alias Juancho Dique y que, según el propio Cepeda, no aparece en la Fiscalía. Si ello es cierto, constituye un reproche grave contra la Fiscalía como institución y merece respuesta. Pero la negligencia de un archivo no es prueba contra un ciudadano, y transponer la una en la otra es una operación que un senador con dos décadas de experiencia legislativa sabe distinguir perfectamente. Que elija no distinguirla es, justamente, lo que delata la naturaleza del acto.
Porque el comunicado contiene su propia confesión. Admite que estos hechos «han sido objeto de compulsas de copias, pero no han sido investigados ni han arrojado resultados», y le pide a la fiscal general que explique por qué. Es decir: el denunciante reconoce que entrega material que el aparato judicial ya conoció, y que lo nuevo no son las pruebas sino la fecha. Y remata con un llamado a que las organizaciones de víctimas «activen todos sus mecanismos» para que su contendor comparezca ante la justicia. Ese desplazamiento es el más grave de todos. La justicia transicional fue diseñada como un lenguaje para cerrar el conflicto; convocar sus categorías y sus dolientes como fuerza de presión sobre un proceso electoral es invertir su sentido, convertir la memoria de las víctimas en munición de corto alcance. Quien dice confiar en los jueces no necesita movilizar la plaza contra el acusado.
El episodio no llega solo. Días antes, mientras las reglas de los debates presidenciales seguían sin construirse, el candidato despachaba el asunto asegurando que «al señor de la Espriella se le agotaron las artimañas y los artilugios». La secuencia es elocuente: primero se esquiva la mesa donde se discute, después se acude al mostrador donde se denuncia. Cuando la deliberación intimida, el rito procesal se convierte en trinchera.
Tocqueville observó que no había casi cuestión política en los Estados Unidos que no terminara convertida, tarde o temprano, en cuestión judicial, y lo anotó como un elogio: las pasiones políticas se traducían allí al lenguaje sereno del derecho. Lo que Colombia presenció esta semana es el fenómeno inverso, el derecho traducido al lenguaje de las pasiones políticas; no la política que se judicializa para resolverse, sino el proceso que se politiza para no deliberar. Esa inversión es el refugio de quienes renuncian a la persuasión, la justicia usada como paño de los propios desencantos, y una república se degrada cuando sus aspirantes a conducirla tratan al adversario no como un interlocutor a derrotar con argumentos sino como un expediente a engrosar. La paradoja final es insalvable: el candidato que promete encarnar el futuro demuestra que su imaginación sigue anclada en el bucle del conflicto, confundiendo la contienda por la presidencia con una eterna audiencia preparatoria. Colombia merece ser ganada con votos y con razones. Lo demás es utilería: libretos repetidos que descansan, desde hace diecisiete años, en los anaqueles de la Fiscalía.