comparto mi ultimo articulo en Semanario VOCES sobre la comioneta del presidente Orsi y sus implicancias institucionales
Una mala decisión y una actitud reprochable
La polémica desatada por la adquisición de una camioneta Hyundai Santa Fe por parte del presidente Yamandú Orsi antes de asumir el cargo ha dejado al descubierto dos problemas graves: una decisión institucional y simbólicamente equivocada, y una gestión comunicacional deficiente por parte del propio mandatario y su equipo más cercano.
Lejos de tratarse de un asunto menor, este episodio revela fallas importantes en los primeros pasos del nuevo gobierno.
En primer lugar, y esto es el error de origen, un presidente no debe comprarse su propio vehículo oficial. La compra de un vehículo con recursos personales por parte de quien estaba a punto de convertirse en presidente fue, simple y llanamente, una mala decisión (y ello más allá de si venía con un sustancial descuento o qué cosas se entregaron como parte del pago).
La Presidencia de la República dispone de un presupuesto específico y un parque automotor destinado precisamente a garantizar el traslado seguro, digno y adecuado del jefe de Estado. No se trata de un lujo opcional, sino de una responsabilidad institucional básica.
Ningún presidente debería movilizarse como jefe de Estado en un automóvil particular. Imagínese la situación jurídica si ocurre un accidente fatal si el auto está en funciones oficiales. ¿Y si el accidente ocurre cuando el presidente lo utiliza en una situación privada? A todas luces, en una democracia republicana seria, el vehículo oficial debería ser el vehículo oficial.
Y no es cierto que no se incurra en más gastos. El problema del gasto del Estado no está en que el presidente tenga a disposición un coche oficial. Al revés, es una garantía institucional y la más transparente, especialmente si ocurren hechos desgraciados como un accidente de tránsito.
Que el presidente electo decidiera invertir dinero propio en una camioneta de lujo como vegiculo presidencial (y aunque no fuera de lujo sería lo mismo) genera varios problemas simultáneos. En primer lugar, rompe con la tradición de austeridad que históricamente caracterizó a los últimos gobiernos, especialmente a los del Frente Amplio. Figuras como Tabaré Vázquez y José Mujica establecieron un estándar de sobriedad que funcionaba como puente de legitimidad y cercanía con la ciudadanía.
En segundo lugar, genera confusión innecesaria sobre los roles institucionales. ¿El presidente viaja en un vehículo particular o en uno oficial? ¿Quién cubre los costos de mantenimiento, combustible, seguros y eventuales actualizaciones de seguridad? La lógica republicana es clara: la Presidencia debe proveer el vehículo en el que se desplaza el presidente. De esa forma se garantiza la transparencia, se evitan opacidades y se preserva el principio de que el Estado equipa al gobernante para el ejercicio de su función, y no al revés.
Esta decisión de comprar “su auto oficial” expone al mandatario a críticas legítimas sobre privilegios y abre flancos innecesarios en un país donde la sensibilidad social ante estos temas es alta. Un presidente no debería tener que usar “su propio auto oficial”. Esa práctica, además de superflua, contradice el espíritu institucional y genera un mal precedente.
La segunda implicancia de este caso es que si la decisión de compra en sí ya era cuestionable, la forma en que se comunicó resultó aún peor. El propio Orsi y su entorno presidencial fallaron estrepitosamente en la gestión del mensaje. Primero se intentó justificar la compra como un ahorro para el erario público, luego se reconoció el error, más tarde aparecieron versiones cruzadas y, finalmente, el tema se convirtió en un enredo de descuentos y formas de pago que solo alimentó desconfianza y polarización. Y en el que la palabra presidencial se vio devaluada en la forma (“cuando veo un descuento me tiro de cabeza”) y en el fondo. En efecto, ¿de dónde salió el dinero de la compra? ¿De la rifa de una auto donado a la campaña presidencial? ¿De un tercero?. Sigue sin estar claro.
La comunicación presidencial debe ser seria, coherente y segura. Lamentablemente, en este caso predominó la improvisación. Las declaraciones espontáneas del presidente, sin un filtro estratégico ni un equipo que ordenara el relato, terminaron complicando la situación en lugar de resolverla. Pero hay un elemento adicional: ninguna buena comunicación puede sustituir el relato de verdad. Cuando uno va con la verdad no se equivoca y no necesita demasiada estrategia comunicacional. La verdad es simple. Dibujarla es armar un relato que no se sabe cómo termina.
Tampoco la resuelve la donación de la cuestionada camioneta a la ANEP. No es el destino de una camioneta de alta gama. Con su venta se podrían comprar varios vehículos más apropiados.
La naturalidad y transparencia personal del mandatario, cualidades valiosas en otros contextos, se transformaron en un riesgo cuando se trata de la comunicación de la máxima investidura del país.
Eso nos lleva a otro tema, que el presidente no valora demasiado: la buena comunicación pública. La comunicación presidencial no puede ser reactiva ni dejarse al azar. Requiere visión estratégica, profesionalismo y un equipo sólido que respalde y fortalezca al presidente. Cuando falta esa estructura, las buenas intenciones terminan “enredando” el mensaje y erosionando la credibilidad.
En lugar de cerrar rápidamente el tema con una explicación clara y contundente —“fue una decisión personal equivocada, el vehículo ya está a disposición de la Presidencia”—, se entraron en idas y vueltas que transformaron un error puntual en un símbolo de desprolijidad. Con el añadido de que el presidente faltó a la verdad, ya sea por no contarla toda dr entrada (una verdad a medias es una mentira) o por dibujarla.
Este episodio deja enseñanzas claras que el gobierno no puede ignorar. Primero, es necesario reforzar la lógica institucional: el presidente no debe comprarse su propio vehículo oficial. Segundo, la comunicación presidencial debe profesionalizarse urgentemente, pasando de la espontaneidad sin filtro a una estrategia coherente y ordenada.
Esto sí es “cuidar la institucionalidad” que tanto reclaman algunos dirigentes del FA a la oposición. No se cuida la institucionalidad olvidando el asunto o barriéndolo bajo la alfombra. Se cuida la institucionalidad haciendo las cosas bien, con transparencia. Por suerte, hubo un esfuerzo periodístico muy valioso -el del programa “Así nos va” de radio Carve-, que sacó a luz este evento y no lo dejó morir y al que luego otros medios supieron complementar con información valiosa
El presidente Orsi tiene todavía capital político y moral para recuperar el rumbo y la confianza ciudadana. Eso implica reconocer su error inicial, explicar claramente todos y cada uno de los elementos de la compra y valorar la importancia de la comunicación presidencial.
De lo contrario, un traspié que pudo ser menor terminará marcando negativamente a toda esta administración. Aún faltan 44 meses de gobierno. Se ven extremadamente largos.