La minería responsable no empieza en la mina
La paralización del proyecto Romero abrió un debate que como país llevamos décadas postergando: ¿puede la minería contribuir al desarrollo de República Dominicana sin destruir su patrimonio natural? La pregunta parece difícil. La evidencia internacional sugiere que, bajo ciertas condiciones institucionales, la respuesta puede ser menos ambigua de lo que parece.
El debate público dominicano sobre Romero se ha polarizado entre dos posiciones igualmente incompletas: la que ve en cualquier proyecto minero una sentencia de destrucción ambiental, y la que ve en cualquier regulación un obstáculo al progreso. Ambas posturas ignoran la experiencia de países que ya han transitado este camino.
En el gráfico se presenta una comparación de 60 países con actividad minera relevante ( 1% del PIB), donde vemos un patrón claro: el impacto ambiental de la minería no está determinado únicamente por la existencia de minas, sino por la calidad de las instituciones que las regulan.
Usando indicadores de calidad regulatoria del Banco Mundial (Worldwide Governance Indicators, 2022) y de desempeño ambiental de Yale (Environmental Performance Index, 2024), se generan cuatro cuadrantes que agrupan esos países. Para el desempeño ambiental se utiliza como referencia un EPI igual o superior a 50, equivalente al percentil 75 global. Para la calidad regulatoria se utiliza el promedio global del WGI, donde cero representa exactamente la media mundial.
En la zona superior derecha, la de alta regulación y alto desempeño ambiental, aparecen países como Australia, Canadá, Noruega, Finlandia y Suecia. Son países con actividad minera relevante y desempeño ambiental elevados. Estos casos demuestran que la combinación entre minería y protección ambiental no es imposible, aunque exige capacidades institucionales sólidas.
En el extremo opuesto se encuentran la República Democrática del Congo, Guinea, Mongolia y Papúa Nueva Guinea: alta dependencia minera, regulación por debajo del promedio global y bajo desempeño ambiental. Son el argumento que los opositores a la minería local implícitamente invocan, cuando hablan de minería en general.
La República Dominicana aparece fuera de la zona objetivo, con una posición que merece atención: calidad regulatoria de 0.08 en el WGI, apenas por encima del promedio global, y un EPI de 40.8, por debajo del umbral alto de desempeño ambiental. Esto sugiere que el país no enfrenta únicamente un dilema minero, sino un problema ambiental e institucional más amplio.
La pregunta relevante, por tanto, no es simplemente si República Dominicana debe tener minería. La pregunta es si tiene el andamiaje institucional para hacerlo bien. Hasta ahora, parece que no.
Los países del cuadrante de alta regulación y alto EPI no llegaron allí porque la minería mejoró sus instituciones. Llegaron porque construyeron primero las instituciones y luego expandieron la minería. Esa secuencia implica que la solución no es abrir minas esperando la autorregulación. La solución es construir el marco regulatorio antes de emitir concesiones.
La paralización de Romero puede tener dos lecturas. La primera es verla como una derrota de la inversión extranjera y una señal de inseguridad jurídica. La segunda es verla como una oportunidad para hacer lo que el país debió hacer antes de llegar a la etapa final de una evaluación ambiental: definir con precisión qué tipo de minería está dispuesto a permitir, bajo qué condiciones, con qué mecanismos de control y con qué estructura de beneficios para las comunidades afectadas.
Lo que eso implica para RD es concreto: una ley minera actualizada con estándares internacionales de cierre y fondos de remediación obligatorios, un sistema de monitoreo ambiental independiente con datos públicos, una estructura de inversión local y derrame económico que elimine el incentivo político a oponerse a cualquier proyecto como mecanismo de renegociación, y el uso de certificaciones bajo estándares internacionales.
El oro, la plata y el resto de los minerales del país no van a desaparecer. Seguirán bajo tierra mientras varios metales estratégicos mantienen precios históricamente altos y mientras la transición energética global aumenta la demanda de minerales críticos. La decisión, al final, no es si esos recursos existen, sino bajo qué reglas el país estaría dispuesto a desarrollarlos.
Los datos muestran que la zona de minería responsable existe. Llegar a ella es simplemente un ejercicio de voluntad política, diseño regulatorio y capacidad institucional.