¿Por qué Morena se equivoca en el caso del Fiscal Anticorrupción?
En los últimos días se ha generado una fuerte polémica en Querétaro por la designación del nuevo Fiscal Anticorrupción. Sin embargo, entre declaraciones políticas y acusaciones cruzadas, vale la pena explicar de manera sencilla qué está ocurriendo realmente.
La Fiscalía Anticorrupción es la institución encargada de investigar y perseguir delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos, abuso de autoridad, peculado, cohecho y otros actos de corrupción. No se trata de un cargo menor. Quien encabece esta fiscalía tendrá la responsabilidad de vigilar que los servidores públicos rindan cuentas ante la ley.
El fiscal saliente, Benjamín Vargas Salazar, concluyó un periodo de nueve años. Durante su gestión, la Fiscalía Anticorrupción de Querétaro logró resultados que difícilmente pueden ignorarse: más de 220 millones de pesos recuperados para el patrimonio público, decenas de sentencias condenatorias, más de cien órdenes de aprehensión ejecutadas y cientos de investigaciones que derivaron en procesos penales contra funcionarios y exfuncionarios.
Como toda institución pública, puede ser objeto de críticas y áreas de mejora, pero los resultados son medibles y colocan a Querétaro entre los estados con mejores indicadores en materia de combate a la corrupción.
Ante la conclusión del encargo del fiscal, corresponde designar a un nuevo titular. Para ello existe un procedimiento establecido en la Constitución local. El gobernador envía una terna de candidatos y el Congreso debe entrevistarlos y votar para elegir a uno de ellos.
Aquí surge el problema.
Morena decidió no participar en las entrevistas ni en el proceso de evaluación. Su argumento es que no está de acuerdo con la reforma aprobada en 2024 que modificó las reglas de designación. Están en su derecho de cuestionar la ley y proponer cambios, pero una cosa es impulsar una reforma y otra muy distinta negarse a cumplir con las responsabilidades que actualmente les corresponden como legisladores.
Si Morena considera que la ley es incorrecta, debe presentar una iniciativa para modificarla. Si considera que los perfiles son inadecuados, debe acudir a las entrevistas, cuestionarlos y votar en contra. Lo que resulta difícil de justificar es ausentarse del proceso y después argumentar que el procedimiento carece de legitimidad.
La democracia no funciona cuando los representantes populares abandonan la mesa de discusión. Funciona cuando participan, debaten, cuestionan y defienden sus posiciones frente a la ciudadanía.
Además, hay una pregunta que hasta ahora no ha sido respondida con claridad: si los perfiles de la terna no han sido señalados por incapacidad, corrupción o falta de experiencia, ¿por qué negarse siquiera a escucharlos?
Lo más preocupante es que la discusión ha dejado de centrarse en el combate a la corrupción para convertirse en una disputa política por el control de las instituciones. Mientras unos buscan concluir un procedimiento establecido en la ley, otros parecen más interesados en deslegitimarlo que en proponer una solución inmediata.
La ciudadanía merece instituciones que funcionen. Merece que sus representantes participen en los procesos para los que fueron electos. Y merece que las diferencias políticas se resuelvan mediante el debate y los votos, no mediante la ausencia.
La autonomía de las instituciones es importante, pero también lo es el respeto al Estado de Derecho. Mientras una ley esté vigente, corresponde cumplirla. Esa es la base de cualquier democracia seria.
Por eso, en este caso, la posición del gobernador Mauricio Kuri resulta más sólida jurídica e institucionalmente. Se puede debatir si las reglas deben modificarse en el futuro, pero lo que no debería debatirse es la obligación de los diputados de cumplir con su responsabilidad constitucional y participar en la elección de quien tendrá la tarea de combatir la corrupción en Querétaro durante los próximos años.