Lo que me preocupa de la transición política que vivimos ahora y de este nuevo ciclo electoral en Colombia, es que, de nuevo, se están corriendo las líneas frente a lo aceptable y lo no aceptable.
En medio del algoritmo, fueron pocas las voces que salieron a denunciar los hechos de violencia política con armas y machetes de esta semana. También han sido pocas las voces que han salido a rechazar que se acuse a un sector político entero del asesinato de un excandidato presidencial, a un año de su atentado.
Nada se ha dicho sobre la posibilidad de que se vuelva aceptable expulsar políticamente del país a esos sectores. Nada se dice sobre el riesgo que se posa sobre las cabezas de miles frente a su posibilidad de tener una postura política y una lectura de país que hasta hace no más de 3 décadas era inaceptable, y llevó a una masacre de todo un partido político y de varios de sus candidatos a la presidencia.
Es claro que el gobierno de Gustavo Petro comete errores comunicativos muy graves. Que el uso que hace de su lenguaje es estratégicamente desfasado y tiene muchos cuestionamientos éticos por sus declaraciones. Uno puede criticar al gobierno por lo que dice y por lo que calla, pero creo que eso no es equiparable jamás frente al llamamiento de otro sector político por amedrentar, deshuesar, agraviar y asediar a un sector político que suma casi el 40% del país y que ahora mismo siente incertidumbre porque la promesa del candidato contendor es una venganza sin límites.
El problema que tiene esto es que, de nuevo, como en los años 30 y 40, el cruzar las líneas frente a lo aceptable o no aceptable en el conflicto sociopolítico puede llevar a que la única forma en la que la radicalización se exprese sea de forma violenta. No con grandes grupos armados, como lo acaba de decir el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, o como lo ha repetido María Fernanda Cabal; sino con cuadrillas, bandoleros, grupúsculos que se enzarcen en otra guerra civil que no fue guerra civil, y que lleguemos de nuevo a la época de los 50 donde los grandes líderes se terminaban exiliando a las playas de Benidorm o a las campiñas de Virginia, mientras que en el país se derramaba sangre.
El riesgo es ese. De que, de nuevo, ante la incapacidad de las instituciones por canalizar el conflicto político, se rompan todos los pactos institucionales (que tienen ya 35 años) que surgieron para evitar que la violencia política se convirtiera en el lenguaje fundamental de expresión del antagonismo político. O nadie está viendo ese riesgo, o están dispuestos a aceptar ese costo.