🔴 Tras recibir el uso de la palabra para argumentar su oposición a una posible medida de aseguramiento, la defensa de Blessd aseguró que no existe una sola prueba que demuestre que el cantante habría sido determinador de la conducta de secuestro extorsivo agravado. ⬇️

La sentencia SP298-2026, rad. 60331, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, toca una fibra estructural del proceso penal colombiano: la imputación no puede inflarse para fabricar una negociación aparentemente benéfica. El caso llega por el recurso extraordinario de casación del Ministerio Público contra una condena fundada en preacuerdo, en la que se alegó que el procesado aceptó cargos por homicidio agravado pese a que las agravantes no tenían soporte probatorio suficiente y que, por tanto, el beneficio ofrecido era apenas aparente. La demanda lo dijo con crudeza: la aceptación habría sido producto de una “imputación inflada”, sin verdadero beneficio para el acusado. La potencia de la decisión está en que la Corte recuerda que la justicia premial no puede convertirse en un mercado oscuro de ficciones: aunque en preacuerdos y allanamientos no se exige el estándar de conocimiento propio del juicio oral, sí debe existir un mínimo probatorio real, legalmente obtenido, que permita inferir autoría, participación y tipicidad, justamente para proteger la presunción de inocencia. La aceptación de cargos no puede llenar vacíos probatorios, ni la confesión puede operar como sustituto de corroboración. Eso es decisivo, porque cuando el sistema permite que una hipótesis débil se disfrace de cargo fuerte, el preacuerdo deja de ser una herramienta de justicia y se convierte en un mecanismo de presión. Visto con las gafas de Larry Laudan, esto revela uno de los puntos ciegos más peligrosos del sistema penal: el falso hallazgo de inculpación. No necesariamente porque en este caso concreto estemos ante un inocente condenado, sino porque la lógica de inflar cargos crea el ecosistema perfecto para que personas inocentes, o responsables de menos de lo que se les atribuye, acepten responsabilidad por miedo al castigo mayor. Allí el error judicial no nace al final, en la sentencia; nace mucho antes, en la arquitectura de la imputación, cuando la Fiscalía convierte una hipótesis investigativa en moneda de negociación. Ese es el drama que Colombia casi no mira: no solo condenan los jueces; también puede condenar una mala imputación cuando empuja al acusado a rendirse ante una amenaza punitiva artificial. Por eso esta sentencia debe leerse como una advertencia cultural: tomar los hechos en serio también en la justicia negociada. El preacuerdo no puede ser el cementerio de la prueba ni el refugio de imputaciones maximalistas. Si el cargo no está epistémicamente sostenido, no puede servir para negociar; y si sirve para negociar, debe poder resistir un control judicial serio, transparente y material. Lo contrario es abrirle la puerta a una de las formas más silenciosas, y más detestables, del error penal: condenar no porque se probó, sino porque se presionó. @CancinoAbog @fbernate @PereiraYPereira @PatronMAngelica @aizaquita @Funproinocencia @PatronMAngelica @E_Procesal

No, no, no. La Comisión de Acusaciones de la Cámara no puede suspender al Presidente de la República. Esta función es exclusiva del Senado por expresa disposición constitucional. El acto es evidentemente ilegal.

Hoy asesinaron a un defensor público de la Regional Caldas, Steven Portillo Gómez, de 30 años, en el sector La Violeta de Manizales, Caldas. No puede ser que tengamos que enfrentar esto en nuestra entidad y en la Defensa Pública. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos y sus colegas. Agradecemos a la @FiscaliaCol y a las autoridades judiciales el trabajo investigativo adelantado hasta el momento. Al mismo tiempo, hacemos un llamado urgente para que se priorice el esclarecimiento de este crimen y se avance con celeridad en la identificación y judicialización de los responsables. Duelo en nuestra institución.

Hoy asesinaron a un defensor público de la Regional Caldas, Steven Portillo Gómez, de 30 años, en el sector La Violeta de Manizales, Caldas. No puede ser que tengamos que enfrentar esto en nuestra entidad y en la Defensa Pública. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos y sus colegas. Agradecemos a la @FiscaliaCol y a las autoridades judiciales el trabajo investigativo adelantado hasta el momento. Al mismo tiempo, hacemos un llamado urgente para que se priorice el esclarecimiento de este crimen y se avance con celeridad en la identificación y judicialización de los responsables. Duelo en nuestra institución.

En el video de hoy enfrentamos una cuestión fundamental. Y, a todas estas ¿qué es el Derecho? Espero que les guste: youtu.be/z2YoE1-dCs8?si=eETX…

Si no te gusta Colombia, nuestra gente, nuestra cultura y nuestra comida: ¿POR QUÉ NO TE VAS DEL PAÍS? youtu.be/cPqFbBOFx_A?si=jQUO… vía @YouTube

En medio del odió que se respira por todos lados en el ambiente, este es un buen mensaje.

Atención: en menos de 6 horas Corte rechazó recurso presentado por la defensa de Santiago Uribe eltiempo.com/unidad-investig…