No hacía falta conocer a Mónica Silva para que su asesinato nos duela profundamente. El asesinato de una defensora de derechos humanos y de la naturaleza constituye un golpe directo a la democracia. Cuando una persona es silenciada por denunciar corrupción, abusos de poder o estructuras criminales enquistadas en el Estado, no solo se atenta contra su vida. Se envía un mensaje de miedo a toda la sociedad. Quienes denunciamos violaciones de derechos humanos, corrupción e impunidad tenemos derecho a ejercer esa labor con garantías de protección. Y Mónica alertó, denunció y advirtió públicamente, en reiteradas ocasiones, sobre las amenazas y el riesgo que enfrentaba. ¿Dónde estuvo la respuesta del Estado? ¿Dónde estuvo @FiscaliaEcuador? ¿Dónde estuvo @DEFENSORIAEC? ¿Dónde estuvo @PoliciaEcuador? Las instituciones se regodean hablando de políticas de protección para personas defensoras. Pero cuando una defensora denunció amenazas concretas y pidió auxilio, el Estado no actuó. No la protegió. La dejó sola. Por eso, el Estado ecuatoriano tiene una responsabilidad ineludible en la muerte de Mónica Silva. Ahora tiene también la obligación de esclarecer la verdad. No solo frente a sus familiares, sino frente a toda la sociedad ecuatoriana. La investigación debe ser inmediata, independiente y capaz de llegar hasta los autores materiales e intelectuales de este crimen, sin importar el poder político, económico o institucional que puedan tener. Como defensor de derechos humanos, el asesinato de Mónica me duele profundamente porque nos recuerda una verdad incómoda. Muchas veces aquello que combatimos está protegido por redes de poder que confían en que la impunidad las mantendrá intactas. Pero también nos recuerda que callar nunca ha sido una opción. Debemos seguir denunciando, exigiendo verdad y enfrentando la impunidad. Mónica no puede convertirse en una estadística más. Su asesinato no puede quedar impune y su lucha no puede ser condenada al olvido. La mejor forma de honrar a Mónica es continuar diciendo en voz alta aquello que quisieron silenciar y exigiendo que su asesinato no quede impune.

Indigenous West Papuans in North Kokoda, South Sorong protested the land-grabbing and clearing of their forests for Jakarta’s rice field program.