El Sáhara Occidental exporta toneladas de arena fina de alta calidad a las Islas Canarias y Mallorca para reconstruir sus playas erosionadas por el turismo.
Sí, como lo oyes. Es surrealista pero ocurre.
Y... el dinero no lo gana el Sáhara Occidental, lo gana Marruecos 👇🏽
Al controlar el territorio del Sáhara Occidental, el gobierno marroquí y sus empresas asociadas gestionan la extracción, cobran las tasas y exportan el recurso.
Así, dejan los beneficios económicos en el país y empresas multinacionales, en lo que diversas ONG internacionales catalogan como un expolio ilegal de recursos naturales bajo el derecho internacional.
Durante décadas, barcos cargados con miles de toneladas de arena fina han zarpado desde los puertos del Sáhara Occidental ocupado (principalmente desde El Aaiún) con destino a las Islas Canarias y, en ocasiones documentadas, a Mallorca.
Este recurso se utiliza tanto para la construcción de infraestructuras turísticas como para la regeneración y creación de playas artificiales erosionadas por el mar y la presión hotelera.
El turismo de masas en España (especialmente en las Islas Canarias), demanda un ideal estético muy concreto: grandes extensiones de arena rubia y fina.
Sin embargo, la naturaleza geológica de muchas de estas islas es volcánica, lo que originalmente genera playas de piedra o arena negra.
Para transformar estos parajes y contrarrestar la constante erosión costera, las administraciones y hoteleras recurren habitualmente a la importación masiva de arena.
Aunque la opinión pública suele asumir que la arena del desierto es un recurso infinito, los expertos recuerdan que la arena apta para el hormigón o el uso costero es limitada y su extracción masiva provoca graves daños ambientales en los ecosistemas de origen.
Organizaciones internacionales de monitorización como la ONG Western Sahara Resource Watch (WSRW) estiman que cerca de 1 millón de toneladas de arena han sido exportadas desde el Sáhara Occidental hacia las Canarias en periodos recientes (por ejemplo, entre 2020 y 2024 se documentaron unas 914.000 toneladas en 239 envíos).
Pero... ¿Quién se queda con el dinero?
Pues el meollo ético y legal de este comercio radica en la soberanía.
La ONU sigue considerando al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo pendiente de descolonización, donde España sigue siendo la potencia administradora de jure, pero Marruecos mantiene una ocupación militar y civil desde 1975.
Por consiguiente:
1. La población saharaui queda excluida:
Las comunidades locales del Sáhara Occidental y los refugiados que viven en los campamentos de Tinduf no reciben un solo euro de estas transacciones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado que cualquier explotación de recursos en el Sáhara requiere el consentimiento de su pueblo, algo que no ocurre en estas rutas comerciales.
2. Marruecos centraliza los beneficios:
Las empresas que extraen la arena en los yacimientos cercanos a El Aaiún, las navieras autorizadas y las cementeras que operan en la zona pagan sus cánones, impuestos y licencias directamente al Gobierno de Marruecos o a conglomerados empresariales vinculados al entorno del reino alauita.
Por tanto y como conclusión, el flujo de arena saharaui hacia España expone una profunda contradicción.
Mientras Europa y las administraciones locales promueven discursos de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos, sus costas se sostienen literalmente sobre un recurso expoliado.
Para Marruecos, la venta de arena no solo es una fuente de ingresos financieros, sino una vía para obtener la normalización internacional de su soberanía sobre el territorio saharaui a través de los lazos comerciales con empresas constructoras europeas.