La intervención política o padrinazgos políticos en la contratación publica sigue siendo una de las principales malas practicas para enriquecerse ilegalmente en el Ecuador.
Precisamente está situación anómala ocurrió en la adjudicación de la instalación y mantenimiento de 480 radares para controlar el exceso de velocidad en las carreteras del país por 12 años, situación que se dio en la administración de Ernesto Polit, como director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).
En julio de 2023, la administración de Polit, mediante un contrato de delegación de gestión, entregó a los consorcios Ecutransit y Seviecu, la reposición, reemplazo y reubicación progresiva de los dispositivos electrónicos fijos (radares) para la detección de infracciones de tránsito por exceso de velocidad que se encuentren instalados a nivel nacional y que hayan llegado a su obsolescencia.
Hasta ahí todo resultaba, aparentemente legal, pero resultó que Ecutransit estaba compuesta por cuatro empresas, Traffic Control Systems Cts S. A., Cosideco S. A., Speedcontrol S. A. S. y Nonspeed S. A. S., empresas que tenían relaciones con exfuncionarios públicos, como Carlos Drouet, quien había ocupado los cargos de coordinador general administrativo financiero en el Ministerio de Telecomunicaciones y subgerente general de Correos del Ecuador.
Según los registros oficiales de la Superintendencia de Compañías, Drouet es accionista de DB-Gestores de Inversiones S. A. S., firma que es parte de Speedcontrol S. A. S., que a su vez integra el consorcio Ecutransit.
Asimismo, en los documentos oficiales para la contratación consta que el consorcio Seviecu, está compuesto por las empresas Semoecsa S. A. S., Greatinvestments Greatinvestsa S. A., Telconet S. A., Pronavial S. A. S. y Mantenimiento Técnico Especializado MTECia.
Aquí también, todo parecía normal durante la contratación, pero se determinó que la empresa Semoecsa S. A. S. tiene como uno de sus miembros a Juan Javier Botteri Pérez, quien es propietario de BBCCorpsol S. A. S., la cual a su vez registra como gerente general a Carlos Eloy Balarezo Cedillo, exdirector ejecutivo de la CTE entre 2021 y 2022.
Otro hallazgo tiene que ver con la dirección o domicilio de la empresa Green Investments: la cual registra a Andorra, territorio que consta en la lista de paraísos fiscales que publica el Servicio de Rentas Internas (SRI) en su página web oficial.