EL EJERCITO DELIVERY
Nada resulta más controversial y propio de un gobierno fracasado, que instaurar una medida donde un país deba abrir la puerta a tener ejércitos de jornada parcial.
Argentina acaba de inaugurar una innovación institucional digna de estudio: transformar a sus militares en trabajadores de medio tiempo.
El soldado que por la mañana entrena para la defensa nacional podrá, por la tarde, repartir pizzas. El oficial que estudió estrategia, logística y operaciones complejas podrá complementar ingresos trasladando pasajeros en Uber. Y el especialista en comunicaciones tácticas quizás encuentre un destino más rentable entregando hamburguesas a domicilio.
Es, sin duda, una revolución. No necesariamente una buena, pero una revolución al fin.
Durante décadas, los países intentaron profesionalizar sus Fuerzas Armadas. Invirtieron recursos en formación, entrenamiento, especialización y disciplina. Argentina ha decidido explorar un camino alternativo: que los militares se financien como puedan.
La medida se presenta como una ampliación de libertades. Porque, aparentemente, cuando un salario ya no alcanza para vivir, la solución no es mejorar el salario sino ampliar la libertad de buscar un segundo empleo. Es una lógica fascinante. Si mañana los médicos no alcanzan a pagar sus cuentas, quizá se les otorgue la libertad de conducir taxis entre cirugías. Si los jueces pierden poder adquisitivo, podrían vender seguros durante los recesos judiciales. Todo en nombre de la libertad.
Pero detrás de la retórica aparece una realidad menos romántica: un Estado que admite, de manera implícita, que no puede remunerar adecuadamente a quienes tienen la responsabilidad de defender al país.
Y aquí comienza la parte verdaderamente inquietante.
Porque las Fuerzas Armadas no son una empresa cualquiera. No fabrican artesanías ni venden electrodomésticos. Administran información sensible, operan equipamiento estratégico y forman personas bajo una estricta cadena de mando. La confianza pública en ellas depende precisamente de que exista una separación nítida entre el interés institucional y los intereses privados.
Cuando esa frontera comienza a difuminarse, aparecen preguntas incómodas.
¿Quién controla los conflictos de interés? ¿Qué ocurre cuando un militar presta servicios de seguridad privada? ¿Quién garantiza que la información, las capacidades o los contactos obtenidos en el servicio no terminen beneficiando a actores particulares? ¿Dónde termina el uniforme y dónde comienza el empleado privado?
Las instituciones fuertes se construyen levantando murallas entre las funciones públicas y los intereses particulares. Las débiles, en cambio, suelen derribarlas con entusiasmo y luego sorprenderse cuando aparecen los problemas.
El argumento económico tampoco resulta especialmente alentador. El Estado invierte años formando pilotos, ingenieros, especialistas en comunicaciones, logística e inteligencia. Profesionales altamente capacitados cuyo entrenamiento cuesta millones. Sin embargo, en lugar de aprovechar ese capital humano para fortalecer la capacidad estratégica del país, termina empujándolos hacia actividades completamente ajenas a su especialización.
Es como financiar la formación de un neurocirujano para después felicitarlo porque encontró trabajo repartiendo comida rápida.
Lo más paradójico es que la medida, presentada como una conquista de libertad, funciona como una confesión involuntaria. No comunica fortaleza, comunica resignación. No transmite prosperidad, transmite deterioro.
Porque cuando una nación celebra que sus militares necesiten un segundo empleo para sobrevivir, no está mostrando el éxito de un modelo. Está exhibiendo una falla estructural. Y cuando esa falla afecta precisamente a una de las instituciones encargadas de la seguridad y defensa del Estado, la ironía deja de ser graciosa.
Mientras la pizza llega caliente, la democracia, en cambio, suele enfriarse lentamente.
@MisColumnas